<b>El economista
Julio Ortega Tous considera que el gobierno debe acelerar la concertación de un
acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por la importancia que deberá
tener el programa general que se pacte no sólo respecto a la reforma fiscal que
será discutida.</b>
También consideró
impostergable que la República Dominicana explore alternativas jurídicas que en
su opinión existen, que permitirían al Estado renegociar los contratos de generación
y venta de electricidad que lo atan al sector privado hasta su vencimiento en
2016.
Ortega Tous fue
cuestionado en Propuesta de la Noche, por Digital 15, sobre los pactos fiscal y
de electricidad que el presidente Danilo Medina ha propuesto al país con el de
educación como las metas fundamentales de su administración.
La semana pasada
el ministro de Economía, Temistocles Montás, anunció que el gobierno explora
alternativas con el FMI que lo indujeron a pedir que fuera pospuesto para
septiembre próximo el inicio de las discusiones el jueves pasado de la reforma
fiscal en el Consejo Económico y Social (CES) que reúne a todos los sectores
del país.
“Es
mejor que el gobierno consulte lo más rápidamente posible para un acuerdo con
el Fondo (Monetario Internacional) no sólo para lo fiscal, sino (también) para
la puesta en ejecución del programa (Stand By) en breve, pues el tema fiscal en
el país no debe ser retrasado”, aconsejó Ortega Tous.
El
gobierno ha emitido US$500 millones en bonos al mercado interno para el pago
del cincuenta por ciento de una deuda que asciende a mil millones de dólares
con el sector privado de electricidad por concepto sobre todo de generación.
En ese sentido,
Ortega Tous pidió poner atención al porqué los organismos multilaterales que abogan
por un aumento en el precio de la tarifa de la electricidad en el país dejan
siempre fuera de sus análisis el cómo se forman los precios del kilovatio.
Citó por ejemplo
que una generadora de electricidad a carbón en Puerto Rico y que también opera
en el país vende allá el kilovatio/hora a siete centavos de dólar y en la
República Dominicana de entre 16 a 17 centavos de dólar a la Corporación
Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales que suple a las distribuidoras que
suplen a su vez a los usuarios.
“Es inconcebible que
hasta el 2016 no se puedan renegociar esos contratos, aun cuando hay mecanismos
jurídicos alternativos para reducir el precio de un kilovatio caro, debido a que
la formación de los precios obedece a una renta monopólica muy alta, en la que
hay espacio para hacerla eficiente”, comentó.
Agregó también
que ello explica el porqué en diez años no se ha incrementado siquiera en un
megavatio la producción energética en el país. Es un circulo vicioso que
requiere de un punto de ruptura, tomar acciones respecto a un mercado de
contratos que destruyó la capitalización que planteaba un mercado de
competencia”, acentuó.
Consideró por lo
tanto que en este periodo de gobierno el país necesita que el sector público o
el privado contraten por lo menos mil doscientos megavatios, porque de lo
contrario la crisis en el suministro de electricidad a la población se
agudizará.
En
cuanto al tema fiscal, Ortega Tous estimó necesario equilibrar las
contribuciones en un país donde unos pagan demasiado y otros nada y citó que
sectores muy maduros como el turismo gozan todavía de privilegios fiscales recibidos
en sus inicios y hasta el polígono central de la capital ha sido declarado polo
turístico para incluir en esos beneficios a los nuevos hoteles en esa zona.
Favoreció que
impuestos como el Itebis sean universales pero con más de una tasa, debido a
que al igual que el Impuesto Sobre la Renta (ISR), que debe ser progresivo, es injusto
que una persona física pague igual porcentaje que una empresa que se gana diez
mil millones anuales.
“Una pequeña
empresa debe pagar menos de 29% de Impuesto Sobre la Renta y una tasa inferior
la mediana y aunque en el Itebis hay servicios no gravados que deben ser
incluidos pero no con el 16% sino con un 8%, pues cuando se engloban todas las
tasas la máxima puede incluso reducirse con la imposición a muchas
transacciones exentas”, dijo.
Ortega Tous
compartió la exigencia del empresariado de que la preocupación del Estado no
debe ser sólo poner impuestos sino también mejorar la calidad del gasto público
mediante una reforma integral, pero advirtió que integral no puede significar
de ninguna manera derecho a veto.
Estimó que la orientación
de la reforma fiscal que será discutida debe ser mejorar el control y calidad
del gasto y un control social más alto, eliminar gastos duplicados que generan
ineficiencia y, como meta, fortalecer la presión tributaria hasta elevarla a 17%
en este periodo y a 24% al 2030, como establece la meta de la Ley de Estrategia
Nacional de Desarrollo.
“Esta no es una
meta excesiva, pues en Jamaica, que es un país igualmente pequeño, tiene más de
30% y Brasil 35%, una correlación entre la capacidad fiscal del estado y la
calidad del gasto, lo que da por resultado un país más justo y con mayor nivel
de desarrollo”, comentó.