Mal pudiera el
presidente Danilo Medina mandar a callar públicamente a la inquieta Altagracia
Paulino, una funcionaria responsable que representa con fidelidad los intereses
de este maltratado y abusado pueblo.
Ella es la cara
sensible del gobierno, por lo tanto debe mantenerse en el cargo por muchos años
y continuar la tarea que muy bien está desempeñando.
Sabemos el riesgo que
enfrenta la directora del Instituto Nacional de Defensa a los Derechos del
Consumidor (Pro consumidor) en un país donde el gran comercio hace y deshace
lanzando al mercado productos no aptos para el consumo humano, evadiendo
impuestos y violando las normativas jurídicas.
Denunciar la venta de
salamis contaminados, del robo constante a los usuarios que fomentan
determinados administradores de las plantas envasadoras del gas licuado de
petróleo, de la alteración de los precios que hacen los dueños y dependientes
de colmados, de la venta de azúcar crema ligada con arena, de la
comercialización de productos pasados de fecha y hasta con excrementos y orina
de ratas, de la fabricación casera de detergentes falsos, etc., representa un
peligro para el denunciante.
Es una actitud valiente
que debe recibir el respaldo de la población. Sabemos que es un trabajo muy
delicado que levanta roncha, odio y resentimientos entre los malos dominicanos
que se dedican a esa inhumana tarea, pero hay que proteger a cualquier costo la
salud de la población, por encima de los intereses particulares. No podemos
seguir con ese relajo.
He sido testigo de la
cantidad de productos de consumo humano pasados de tiempo que se venden en
algunos centros comerciales, sobre todo los enlatados y jugos, además de que
son de pésima calidad. Ciertos nutrientes indicados en las etiquetas son
inexistentes. Es publicidad falsa. Muchos productos enlatados están maltratados
y así son mantenidos en las estanterías para el público.
El jueves pasado, Pro
consumidor visitó varios establecimientos e incautó numerosos productos (queso,
jugos, embutidos, y otros) que estaban en condiciones precarias y se expendían
a los usuarios. Esos operativos debieran hacerse con más frecuencia, sin
avisar, especialmente en las provincias donde la gente tiene menos protección
de las autoridades.
El problema radica en
que pocos ciudadanos chequean las mercancías antes de comprarlas. Es preciso
que el gobierno mantenga una campaña de orientación permanente a través de
todos los medios de comunicación (periódicos, revistas, cine, radio y
televisión) en la cual se instruya a la población para que revisen los
productos antes de adquirirlos y denuncien cualquier irregularidad en las
instancias competentes. Sería una excelente manera de corregir esas anomalías y
de prevenir eventuales intoxicaciones humanas.
De nada vale a ese
organismo aplicar esas medidas, si luego las dejan sin efecto por gestiones
encaminadas por los ejecutivos de las empresas afectadas. El cabildeo y tráfico
de influencia le echan lodo a estas buenas iniciativas. Y todo por el bendito
costo político.
Ciertamente, el tráfico
de influencia daña las buenas obras que promueve Pro consumidor y el presidente
Danilo Medina, en vez de sancionar o silenciar a Altagracia Paulino, como
sugiere un ex presidente de la República, debe respaldarla porque es un trabajo
que beneficia a su gestión como jefe de Estado y al país. El pueblo
aplaudeese mecanismo de presión y le
acredita confianza.
Según los técnicos
oficiales, las trampas que motorizan las envasadoras de gas están afectando a
2.2 millones de hogares, cuando se acude a las estaciones de expendios en
procura del combustible, de ahí la insistencia de que este artículo se venda
pesado. La idea tampoco ha cuajado por el bloqueo de sectores poderosos, que
todos sabemos quiénes son, que se nutren económicamente en ese negocio.
La comercialización del
Gas Licuado se contaminó cuando entraron en acción los carros al servicio del
transporte, que se desplazan con este combustible, y, en términos prácticos, se
varió la forma de venta de pesadoa
volumen.
Esta valiosa
funcionaria, se está enfrentando a sectores peligrosos que son propietarios de
estaciones gasolineras, supermercados y otros centros de expendios masivos, que
también especulan y engañan ala
población.
Ella está inmersa en un
laberinto y necesita protección en su seguridad personal, no vaya a ser que un
desaprensivo atente contra su vida y luego tengamos que lamentarnos. En
determinado momento, cualquier cosa podría pasar, conociendo la idiosincrasia
de esta sociedad preñada de personas intolerantes que han hecho del desorden un
modus vivendi y que serían capaces de todo para conservar su estatus quo.
