En una carta dirigida al máximo
representante del Ministerio Público, el economista condenado a diez años
de prisión por su alegada complicidad en la quiebra del Banco Baninter, propone que su denuncia sea investigada por
el Departamento Anti Corrupción “para recuperar,
en favor del Gobierno y el Pueblo Dominicano, esos recursos que tanto necesita
el nuevo gobierno y el pueblo dominicano para paliar los problemas de la
Nación”.
SANTO DOMINGO.- El financista Luis Alvarez Renta
solicitó formalmente al Procurador General de la República, Francisco
Domínguez Brito, que disponga una investigación sobre el paradero de mil 200
millones de pesos, procedentes de sus bienes personales, que fueron incautados o
entregados voluntariamente a la Comisión Liquidadora en el Caso Baninter y que
no aparecen registrados en los
activos que debían estar depositados en el Banco Central.
En una carta dirigida al máximo
representante del Ministerio Público, el economista condenado a diez años
de prisión por su alegada complicidad en la quiebra del Banco Baninter, propone que su denuncia sea investigada por
el Departamento Anti Corrupción “para recuperar,
en favor del Gobierno y el Pueblo Dominicano, esos recursos que tanto necesita
el nuevo gobierno y el pueblo dominicano para paliar los problemas de la
Nación”.
“En efecto, la sentencia del Baninter me
acusó de sustraer de esa institución 22 millones de dólares. Sin embargo, de manera
directa, o indirectamente a través de mis hijos y de otras partes, me fueron
incautados o voluntariamente entregados a la Comisión de Liquidación de
Baninter más de treinta millones de dólares, más de mil 200 millones de
pesos, que inexplicablemente y de manea misteriosa, han
desaparecido y no aparecen registrados en los activos ni recibidos en la referida
comisión”, apunta Alvarez Renta.
El conocido empresario rebate en su misiva
la afirmación que hizo el doctor Domínguez Brito cuando decidió no acatar la
sentencia de un juez que le otorgó
prisión domiciliaria a Alvarez Renta por razones de salud, porque supuestamente
éste no había resarcido los daños a la
sociedad.
Definió ese reclamo del funcionario como
extraño y falso ya que la sentencia dictada en su contra fue por supuestamente
haber sustraído 22 millones de dólares,
y las autoridades del Banco Central, a través de la Comisión Liquidadora
de Baninter, se apropiaron de más de 30 millones de dólares procedentes de los
bienes propios y de sus hijos.
“Usted señala en su declaración que ha sido
motivado “por la lucha contra la impunidad”, señalando que no he “resarcido a
la sociedad ni a las victimas”. No voy a entrar en detalle en lo que siempre he
mantenido, y es que soy inocente, porque no es el momento ni el lugar para esa
discusión, ya está depositada en instancias internacionales. Pero es bien
conocido que el Juicio Baninter se convirtió en un fusilamiento mediático, que
concluyó con innumerables rupturas del debido proceso para condenar, a como
diera lugar, a Luis Alvarez
Renta”, indica el financista.
Y recuerda que en el tribunal de primera
instancia, luego de ser acusado de “cómplice de lavado” la sentencia liberó de
lavado a los demás, condenándolo a él, sin decir quien era su “cómplice”, ni en
favor de quien había “lavado”.
“Basta también con leer los artículos 228 y
229 de la sentencia de apelación, donde se declara válida mi apelación para
entonces, increíblemente, condenarme al final como resultado del cambio de la
sentencia hecho seis horas antes de su lectura, olvidando cambiar los artículos
que contradicen la sentencia final”, subraya Alvarez Renta.
Contrasta
desacato con el “Caso Bolinaga” en España
El licenciado Alvarez Renta incluye en su
carta al doctor Domínguez Brito un una serie de recortes del Periódico El País
en que se denota la actitud del Gobierno de España, encabezados por el
Presidente Mariano Rajoy y por el Ministro de Interior Jorge Fernández “quienes
cumplieron con una sentencia de conceder prisión domiciliaria ordenada en favor
del llamado “etarra Bolinaga”, condenado por triple homicidio y secuestros
ocurrido durante las campañas de terrorismo de la ETA”.
Refiere que esa decisión tuvo una férrea
oposición de gran parte de la opinión pública y de líderes de su propio partido
victimas de la ETA, que abogaban en su sed de venganza, que el etarra “debía
estar en la cárcel hasta cuatro horas o días antes de su muerte”, pero el Presidente
Rajoy expresó: “Las leyes no quieren que nadie muera en la cárcel” y “he tenido
que aceptar decisiones que no me gustan, es el Estado de Derecho que estoy
comprometido a defender”.
Mientras que el Ministró del Interior declaró que “el Gobierno se limitó a cumplir la ley y que
no actuar como lo hizo hubiera supuesto prevaricar, que es lo mismo que dictar
resoluciones injustas a plena conciencia”. La decisión del Juez fue luego
confirmada por la audiencia nacional, que consideró que solo era necesario para
justificar la excarcelación un “peligro patente”, señalando que “para que
exista ese peligro no es necesario que el enfermo se encuentre en estado
terminal”, como mantenía el fiscal en su recurso y alegaciones.
En su carta Álvarez Renta define como sospechoso
e indicativo de alguna vendetta
personal, que el Procurador General haya
dedicado tres días de lo que debía ser una muy agitada y apretada agenda para
dar repetidas declaraciones sobre el tema, así como para decidir asignar tres
Procuradores Adjuntos del Departamento de Investigaciones Contra la Corrupción
encabezados por su Director, el doctor Hotoniel Bonilla, para hacer frente a su caso
de manera realmente impulsiva y compulsiva, “tomando en cuenta, dados los
serios problemas de seguridad ciudadana, y lo que debieran de ser importantes
investigaciones de otros graves casos de corrupción que están pendientes, y que
ahora mismo tienen mucho más prioridad para la nación”.
