Los escándalos de corrupción, jubilaciones y
pensiones, altos salarios de un lado y sueldos extremadamente bajos en la parte
ancha de la pirámide social de la República Dominicana, que está
conociendola sociedad nacional con
asombro e indignación, no es más que la antesala de la sepultura del Estado
Legislador, liberal o positivista, como también es llamado. Superar la crisis
moral implica abandonar el positivismo jurídico y asumir el
neoconstitucionalismo.
Dicho descenso implica el ascenso eficaz del
Estado Social y Democrático de Derecho capitaneado por una combinación armónica
del ius naturalismo con ius positivismo, es decir con adaptaciones del uno y
del otro, a la nueva situación caracterizada por un regreso a concepciones
ético-morales que el positivismo soslayó, como los valores, los principios, la
ética y la moral.
El positivismo jurídico, o más propiamente, el Estado
Legislador, que puso en marcha la Revolución Francesa de 1789, hasta inicios
del siglo XX, pero que por la conocida arritmia histórica dominicana estamos viviendo
ahora de forma descarnada, es producto de la reducción del derecho positivo a
la letra de la ley, ley que es hecha en función de los mezquinos intereses
clasistas o de grupos enquistados en el poder político con intereses contrarios
a los de la mayoría para quienes hipócritamente dicen gobernar.
Dicho de otro modo, el Estado Legislador, se
erigió bajo el principio de que todo lo que está amparado en una ley, es legal,
correcto, plausible, aceptable, obligatorio y fuera de todo cuestionamiento.
Así, se llegó a decir que la voluntad general y la soberanía popular,
descansaban en el Congreso Nacional.
De ahí su capacidad para imponer impuestos
o reformas fiscales. Pero como es de todos y todas conocidos, ese Estado
Legislador empezó por apartarse del pueblo llano para enquistarse en el
corporativismo, en la partidocracia, la corrupción, la oligarquía y el capital
especulador internacional. La reacción de la sociedad, por un proceso natural,
condujo, primero, a entender que lo legal si no es a la vez justo, no
corresponde a la idea de justicia, pues para llegar al ideal de justicia
requiere ser legitimo, y este es un concepto que va más allá de la legalidad
pura y simple de los intereses de una clase o de un grupo en el poder. Por
tanto, la Constitución de 2010, en su artículo 251, ordena que antes de colocar
impuestos, se debe consultar a la sociedad por medio del Consejo Económico
Social. Esta es una diferencia de fondo respecto del modelo anterior, pues
expresa que una eventual decisión del Congreso, sería insuficiente si no acoge
las observaciones de la sociedad externadas en el CES. Si se juega a
descalificar ese nuevo órgano socavaríamos las bases de la democracia.
Este cuestionamiento del orden liberal vino a
cuento, además, porque se vio claro que dicho Estado no cumplía con el ideal
ius naturalista de que todos somos iguales ante la ley, pues es obvio que el
Estado liberal está al servicio de una clase en detrimento de las demás, las
que, por otra parte, forman una mayoría aplastante.
Entonces no puede
calificarse tampoco de democrático un estado que está al servicio de una clase (que
por añadidura es minoría) y que corrompe al sistema de partidos como vía para
cooptarlos y hacer a sus dirigentes cómplices de la estafa a las demás clases
sociales. Por tanto, el Estado liberal, es inmoral pues habla de igualdad, de
legalidad, solo en la medida en que se relacionan con sus intereses de clase
dominante, pues, para las clases subalternas o dominadas, el derecho positivo,
pasó a ser un mito, algo en lo que se debe desconfiar. Pues, es el caso, como
se observa entre nosotros, que la propia justicia, por intermedio de sus más
conspicuos representantes, participa de la piñata estafadora.
Pero cuando el proceso dialéctico de la
sociedad se hace irreversible, se observa cómo cada decisión produce efectos
contradictorios, por ejemplo, la reforma Constitucional de 2010, buscaba el
renacer de algunos políticos dejados fuera del ruedo electoral por la
Constitución preexistente entonces se buscó su modificación para adaptarla a la
necesidad de resurrección de algunos. Sin embargo, la lucha de contrarios,
obligó a una transacción de la cual, el Estado Legislador, quedó sepultado. En
su lugar ha sido erigido el neoconstitucionalismo, el cual, se amolda bien a
las ideas del Estado Social y democrático de Derecho. En consecuencia, ahora la
legalidad ha sido sustituida por la constitucionalidad de la ley y por el
principio de convencionalidad, por la legitimidad democrática deliberativa y
participativa.
En pocas palabras, se ha operado una mutación
que implica el que ya la soberanía nacional ni la voluntad general, residen en el Congreso Nacional, sino en el
Poder jurisdiccional, ya el Poder ejecutivo no es el centro de la vida en la
polis, en la civita, en la metrópolis, ni en la República, ahora ese lugar
pertenece, para bien o para mal, al Tribunal Constitucional. Esto es, en la
medida en que ese poder jurisdiccional se haga merecedor de tal supremacía.
Esto así porque está obligado a encarnar aquello de que carecía el Estado
Legislador: debe estar adornado de una moralidad pública a toda prueba, cierta,
liquida y exigible cada vez que así la invoque un ciudadano, pues los derechos
fundamentales (y no los poderes públicos), son quienes deberán guiar sus
decisiones.
Es que el ius naturalismo siempre ha
considerado a la moral como parte integrante del derecho positivo, el
positivismo jurídico la sacó pero ahora el neoconstitucionalismo en auge, la ha
rescatado e integrado al normativismo jurídico bajo el nombre de
neoconstitucionalismo.
Una hojeada a posiciones de juristas estadounidenses
actuales de la talla de Herbert L. A. Hart, en Liberty and Morality; Ronald
Dworkin, en su libr “Freedom´s Law, The Moral Reading of the American
Constitution”; Lon Fuller, Patrick Devlin, etc., en polémica entre ellos, los
cuales, indistintamente,sostienen que
“El Derecho lleva implícita la existencia de una moralidad interna, una especie
de derecho natural procesal cuya inexistencia implicaría, por definición, la no
existencia del derecho.”, pueden ser muy convincentes, pues llegan a definir el
neoconstitucionalismo en boga, como un “imperialismo moral”; al igual que desde
Suramérica, Carlos S. Nino, en su “Derecho, Moral y Política”, lo califica de
“El Derecho del más débil”, posición con
la que está de acuerdo el italiano Gustavo Zagrebelsky; al igual que Jürgen
Habermas al otro lado del Atlántico, con su “Facticidad y Validez”, pueden
proclamar la victoria del neoconstitucionalismo sobre el Estado inmoral, ateo y
desequilibrado del liberalismo burgués capitaneado por Nicolás Maquiavelo y
Robert Green.
Es por esta nueva situación, que a los
funcionarios públicos, se les hace cada vez más difícil explicar las
situaciones en que incurren cuando aun actuando conforme a la ley, sus
decisiones carecen de ética, o bien no son justas ni moralmente aceptables. El
viejo adagio de “virtud contra razón”, reaparece al servicio de las democracias deliberativa, participativa y como límite a
todo poder, sea este de corte privado o público. Ahí reside la naturaleza del
neoconstitucionalismo. Como ocurre en caso de nepotismo, amiguismo,
corporativismo, legislar para sí mismos o para grupos particulares, irrespetar
las normas sobre medio ambiente, derecho de consumo, propiedad intelectual, y
un largo etcétera, que implica el que ahora el derecho está regido por normas
que son a la vez principios ético-morales cuya inobservancia implica serios
cuestionamientos públicos por poseer carácter vinculante. Las caídas en cascadas
de ciertas conductas públicas y privadas que observamos en el presente, auguran
el éxito de la democracia y la exclusión de la miseriamoral del Estado legislador.
Así las cosas, por ejemplo, el Presidente de
la República, puede escoger, entre
enfrentar las críticas del neoconstitucionalismo o asumir una postura consona
con este. La dialéctica nos dirá si se ajustó al nuevo paradigma o si sucumbió
ante las mieles del poder pasajero e inútil. Pero la sociedad y la época saben
ya que no quieren más positivismo jurídico.
Su discurso de toma de posesión dice que
tiene conciencia del reto a que se enfrenta pero su mayor dificultad reside en
la conservación de funcionarios reticentes a asumir los roles del
neoconstitucionalismo o que emplean sus posiciones públicas para satisfacer sus
más bajas pasiones. Sustituir a Maquiavelo por Emmanuel Kant con el mismo
estaff, no es un juego de niños, puesto que la doblez propia de la política
maquiavélica entra en contradicción antagónica con la moral de las costumbres y
la Paz Perpetua. Es como decir que el discurso de Danilo lo escribió Juan Bosch
pero su gabinete lo nombró Joaquín Balaguer.
En conclusión, tendrá que decidir si seguimos
prolongando la transición de tiranía a democracia, o si se asume la última, con
todo lo que ella implica. Por cuanto y tanto la Constitución es hoy en día no
solo un sistema de garantías sino un sistema de valores con carácter
vinculantes para todos y todas los habitantes de esta media isla. DLH-
28-10-2012
