La Asociación para el
Desarrollo de Cabarete (ADECA) se querelló en la Fiscalía de Puerto Plata
contra el actual y el pasado Director de la Junta Municipal de Cabarete a
quienes acusa por un desfalco de más de RD$102 millones en el período
comprendido entre los años 2004 y 2012; acción que destapa la mayor trama
delictiva conocida hasta el momento en el ámbito municipal.
La querella involucra
a Gabriel Antonio Mora (alias Canoa) actual Director Municipal de Cabarete y
quien ocupa el cargo desde el 2008, y Eddy Morfe quien desempeño la función
hasta el 2008. Canoa también estuvo en la posición los años 2004 a 2005. Además sugiere investigar a familiares de
Canoa y otras personas citadas en la denuncia, vinculadas por cobro de obras no
realizadas, cambio de cheques, falsificación de firmas y otros hechos.
ADECA solicitó que
Morfe, Canoa y sus socios en la trama delictiva sean enviados a prisión como
medida de coerción y condenados a 5 años de prisión y degradación cívica para
que no puedan ejercer ningún cargo público.
La información sobre
la querella fue entregada a los medios de comunicación en una rueda de prensa
en la que participaron el doctor David La Hoz, abogado a cargo de la acusación
y Michel Gay Crosier, empresario hotelero de Cabarete, que es el actual
presidente de ADECA. La querella fue presentada el pasado 29 de octubre en la fiscalía de
Puerto Plata y el 31 de octubre en la Dirección Nacional de Persecución de la
Corrupción Administrativa (DPCA). También aparece como abogada de la asociación
junto con La Hoz, la licenciada Cándida
Gil.
El presidente de
ADECA Gay Crosier pidió al Procurador General de la República y al ministerio
público de Puerto Plata acelerar las investigaciones y acciones para detener esta
escandalosa dilapidación de los recursos que pronto cumplirá una década; y
solicitó al Presidente Danilo Medina y a los líderes del PLD, del PRSC, especialmente
a Carlos Morales Troncoso, y del PRD, desmontar el manto de protección política
y de los funcionarios locales, que existe en la provincia de Puerto Plata en
favor de Canoa y sus compinches.
Dijo que lo mínimo que espera la comunidad
es que el ayuntamiento de Sosúa suspenda de sus funciones como Director del
Distrito Municipal a Canoa, tal y como ha sido solicitado por ADECA, ya que los
ciudadanos y empresarios deCabarete no
se merecen ser representados y dirigidos por personas de esa calaña.
Ayer domingo el presidente Medina visitó a
Cabarete e intercambio con empresarios y hoteleros dela zona, principalmente con los dirigentes de
ADECA, Tomas Calender y Gay Grocier, quien dijo que también había informado al
mandatario sobre un intento deapropiación del espacio público en la tradicional zona de playa de
Cabarete, con la anuencia de las autoridades de la provincia.
Abultado historial de querellas
Es la segunda
querella que enfrenta Canoa por corrupción ya que en agosto pasado fue sometido
ante una corte de Puerto Plata por la DPCA, basándose en un informe de
auditoría de la Cámara de Cuentas según el cual la Junta del Distrito Municipal
de Cabarete realizó transacciones por $119.4 millonesa través de diferentes cuentassin que existan “los documentos que respalden
de manera satisfactoria los referidos desembolsos”. Esta suma que es igual al
70% de los $170.3 millones de la ejecución presupuestaria de los años 2004 al
2010.
La querella de ADECA se suma al historialde conflictos en que ha estado envuelto
Canoa, que además de la iniciativa del DPCA este año, ya fue sometido a la
justicia (diciembre 2008) por destruir un área protegida, que está sometido por
falsificación del libro de actas de la Junta Distrital (julio 2011), tiene una
querella por disparar contra un conductor y su vehículo (abril 2012) y que es el
primer funcionario que está siendo procesado por negarse a entregar información
pública (Julio 2012).
Canoa fue nuevamente sometido este año por ADECA porque se negó otra vez
a entregar información sobre el manejo de la Junta Distrital de Cabarete; pero
todos los procesos en su contra “caminanlentos” en Puerto Plata, dijo La Hoz.
Las acciones de los empresarios de Cabarete contra Canoa y la Junta
Distrital se iniciaron en el 2008 con las denuncias que obligaron a revocar la
privatización de la tesorería municipal, considerada un hecho insólito, y un
contrato de recogida de la basura. Ambos contratos fueron hechos en violación a
la ley de contratación del Estado.
Una de sus respuestas fue iniciar un proceso contra el Gay Crosierpor una supuesta violación a las regulaciones
ambientales, para el cual falsificó un acta de la Junta Distrital. Esta acción
fue desestimada en todas las instancias y por ella ahora enfrenta una demanda y
una querella por falsificación que protagoniza la DCPA.
Asociación de malhechores
El doctor La Hoz informó que se acusa a Canoa y Morfe de desfalco, abstención y colusión por
Violación de la ley 176-07 sobre los ayuntamientos, los artículos 146 y 148 de
la Constitución de la República y los artículos del Código Penal Dominicano
relativos a desfalco (Art. 171), prevaricación (Art. 166), concusión (Art.
174), asociación de malhechores y otros.La Hoz dijo que la querella de ADECA es con constitución de la
organización como actor civil.
Dijo
que un análisis de la documentación en manos de la Asociación hecho por un
contador encontró que sólo en una supuesta aplicación de asfalto en Cabarete
sin contratos ni soportes justificativo en los años 2008 y 2009 se esfumaron
RD$54 millones de pesos; y unos RD$10 millones en cheques emitidos a nombre de
Guarionex Sánchez ycambiados por el
tesorero municipal y un hermano de Canoa. También se emitieron cheques por más
de RD$2.5 millones a favor de tres hermanos de Canoa, y otros RD$15 millones
emitidos con facturas y firmas falsificadas.
Explicó que la acción iniciada se
sustenta en el artículo 21 de la ley 176-07 sobre los ayuntamientosque establece que en caso de violación a esta
legislación “cualquier persona física o moral” podrá solicitar a las
jurisdicciones panales competentes “la puesta en movimiento de la acción
pública, en constituirse en calidad de querellante y actor civil según los
términos del Código Procesal Penal y solicitar las sanciones correspondientes”.
La Hoz precisó además
que esta ley “otorga legitimidad procesal a los munícipes en
lo referente a la vigilancia y control de los gastos del ayuntamiento como de
las labores que realiza”, por lo que establece el artículo 245 que instituye “los Comités de Auditoría
Social o Comités Comunitarios de Obras como un mecanismo propio de la
comunidad, con el objeto de vigilar los proyectos y obras a cargo del
ayuntamiento”, de forma que las mismas “se realicen de acuerdo a lo planeado y
presupuestado”.
Otros actores en la trama
El documento
presentado a la fiscalía de Puerto Plata pide que se cite a Claritza Ruiz,
Presidenta Sala Capitular; a Humberto Mora, el hermano de Canoa que ha cambiado durante años
todos los cheques del ayuntamiento; a Oscar Peña, mensajero del
ayuntamiento con muchos cheques a su nombre y ha cambiado muchos cheques; a David
González Medina, a favor del cual se emitieron RD$2 millones en cheques por venta
de grama sobrevaluada, sin soporte y con firma falsificada.
También que se interrogue a Guarionex
Sánchez, quien aparece desde 2004 colocando un caliche que no
existe y cobrando obras de Cabarete sin hacerla; a Rey Ángel Arvelo quien ha cambiado
numerosos cheques del ayuntamiento, y a Federico Sánchez Morales, quien tiene
un contrato de RD$93 mil mensuales para el mantenimiento de la grama y palma de
la carretera de Cabarete.
La querella afirma que Morfe y Mora
“constituyen una asociación de malhechores en perjuicio de los bienes de la
Junta Municipal de Cabarete, en la cual se han turnado en su Administración y
en la comisión de los hechos que le son imputables mutuamente y para sus
respectivos periodos de administración”.
Además, que han actuado “para
sustraer cuantiosas sumas del presupuesto de cada año del Ayuntamiento del
Distrito Municipal de Cabarete, durante las administraciones del mismo, bajo su
entera dirección. Hecho que en buen derecho significa desfalco planificado y
ejecutado”.
La Hoz afirma que en este caso
existe colusión “es decir un acuerdo secreto entre dos o más personas para
perjudicar a un tercero, que esta vez es el Ayuntamiento del Distrito Municipal
de Cabarete y sus munícipes, como ADECA, a cuyos socios se les exige arbitrios
pero no se les da participación en el destino de los mismos ni en la
elaboración de las políticas públicas, en violación a lo que manda la ley de
ayuntamientos.
La querella de la DPCA en agosto
El doctor La Hoz
pidió a la Procuraduría General de la República actuar para romper la inercia
del ministerio público en Puerto Plata y acelerar el proceso de investigación y
la abultada lista de procesos que involucran a Canoa y sus cómplices en Cabarete,
Sosúa y Puerto Plata.
La investigación
citada hecha por la Camara sobre la ejecución presupuestaria y que motivó la
querella de la DCPA de agosto pasado, abarca el período 2004 – 2010, en el cual
actuaron Morfe y Mora (Canoa), bajo cuyo mandato se ejecutó el 54% de los
recursos erogados en el período ya que sólo en los años 2009 y 2010 se gastaron
$91.1 millones.
El informe señala que los
“estados de ejecución presupuestaria no presentan razonablemente en todos sus
aspectos los ingresos y desembolsos realizados” en el período, y señala que se
violaron las disposiciones de las leyes de organización municipal,de municipios, de presupuesto, de
contrataciones públicas, de función pública, el Código Tributario y otras
disposiciones.
Esta auditoría revela que se
asignaron obras por valor de $81.6 millones sin contratos, principalmente en
los años 2009 ($40 millones) y 2010 ($26 millones), bajo el mandato de Canoa, y
se comprobó el pago de $57.2 millones a contratistas de obras sin los soportes
justificativos, principalmente a la Corporación Norteña de Asfalto, a las
constructoras Kuky Silverio Industrial, Sánchez, Julio Melquiades Valdez ,
Lorenzo Sarita, Rolando Bonilla Smith y Transportes Dominguez.
En Distrito recibió ingresos por $30.6 millones“de los cuales se comprobó que los recibos de
ingresos superan los depósitos y viceversa”. A los volantes de depósitos “no se
les anexaron los recibos de ingresos correspondientes”.También, pagó de $224 mil por avances de
construcción cuyos beneficiarios difieren de los que figuran en las facturas
anexas como justificación; se emitieron recibos por $39.1 millones por
licencias de construcción sin anexar los documentos relacionados, y se pagaron
$2.2 millones en combustibles con cheques a nombre de funcionarios y empleados
o personas físicas.