<b>Los líderes políticos de América Latina dicen haber
logrado Constituciones políticas avanzadas, pero la realidad nos muestra una
precaria aplicación de las mismas, a veces oportunista, selectiva –y por qué no–,
interesada. </b><br>
El sistema penal de un país parece depender de ese falso modelo de
leyes controlado por el poder político, como medio de dominación y de control
social. Para la criminología del control social, las estrategias del poder
tienen muchas consecuencias e impactan de muchas maneras en la colectividad. Si
todavía podemos saber de la muerte de estudiantes universitarios a manos de los
policías, es porque para el poder, estos jóvenes representan unos desviados
sociales. El Estado no quiere que ellos tengan participación alguna dentro de
la estructura social.
Compleja es la historia de los muertos por
enfrentamientos con la Policía en esta violenta región de América Latina. La
represividad de nuestra Policía está en creciente escalada por la perenne
crisis con la que opera nuestra democracia. Ha habido tiempos de crisis
política, y no cesaron las denuncias de torturas a presos políticos. La experiencia
desde la criminología es que toda la población latinoamericana demuestra saber
de las torturas, dice los nombres de los policías que la practican y les
atribuye esa suerte tanto a delincuentes comunes, como a personas opuestas al
gobierno.
Los desaparecidos, las ejecuciones extrajudiciales,
los excesos del agente uniformado, las redadas en los barrios, sobre todo
después que la palabra “droga” está tiñendo de sangre toda la región, y de
acuerdo a estudios que nosotros mismos (los dominicanos), no hemos podido
realizar o participar, ya que muestro país es el menos democrático de
Latinoamérica, o el que la democracia es sinónimo de “trampa”, pues los
protagonistas no lo es pueblo sino los políticos oficialistas. Todas estas
manifestaciones cubren una enorme mancha de nuestra historia y de nuestra
Policía, al servicio del gobierno y no de los ciudadanos.
Sobre esos aspectos de casos de brutalidad policial,
donde la violencia oficial se oculta ante la mala situación de los subversivos
estudiantes, o la población pobre, surge ante nosotros el problema más crucial
de la inseguridad ciudadana: el comportamiento de los operativos policiales en
tiempo de crisis financiera, pero ahora acentuada por la puesta en ejecución de
la crisis fiscal.
Para que no haya muerto en balde el joven
universitario, para que su muerte nos enseñe el camino de no tolerar lo
intolerante, debemos hablar del tema, pues “hablar” también equivale a
criticar, a protestar. No tiene la razón un Estado que se ha virado al
autoritarismo en estos tiempos de la post-modernidad; el poderoso, desde el
imperial gobernante o el infame político oficialista, está construyendo una
realidad terrible para la salud futura de la nación. Esta lamentable baja tiene
el compromiso moral de socavar el terrorismo del Estado, ese “terrorismo blanco”
que a diario comenten los funcionarios, los dirigentes y los legisladores, esos
han sido los peores, en este proceso.
