Una intromisión inaceptable

<b>

Amnistía Internacional recomienda al Estado dominicano aplicar reformas
inmediatas a la Policía Nacional para adecuar al país un efectivo sistema de
represión del crimen organizado y de respeto a los derechos individuales del
ciudadano.</b>

Entre esas recomendaciones, plantea que el jefe de la Policía dependa
del Ministerio de Interior y Policía, no del Presidente de la República, que
los ascensos sean por méritos, no por amiguismo, que cuando hayan muertos por intercambios
de disparos, que no sean sólo los subalternos los sancionados, también quienes
dirijan las tropas.

No veo la necesidad de que sea ese organismo el que trace las líneas al
gobierno nuestro sobre el comportamiento que deben asumir los policías nacionales
frente a los peligrosos delincuentes que mantienen en zozobra a la sociedad.
Esa es una intromisión que bajo ninguna condición se debe aceptar.

Esa institución se ha pasado muchos años lanzando petardos y denuestos
contra la República Dominicana a través de sus interesados informes sobre
supuestos maltratados a los delincuentes, que ese organismo protege con la
continua defensa.

Hay una causa común entre Amnistía Internacional y la Comisión
Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) respecto a la República
Dominicana: luchan afanosa y descaradamente para desmeritar al Estado
dominicano. No pierden la oportunidad de lanzar acusaciones temerarias contra
las autoridades policiales y de migración, pero sin embargo no dicen nunca nada
del comportamiento de los delincuentes que a diario matan, asaltan y despojan a
sus víctimas de valiosos objetos.

Amnistía juega una doble cara, pues mientras sus directivos se reúnen
con el presidente Danilo Medina para entregarle algunas “recomendaciones”,
desarrolla una campaña permanente contra la policía dominicana y se alía con
otras instituciones internacionales para acusarnos de violadores de los
derechos ciudadanos de los haitianos que residen aquí de manera ilegal. &nbsp;

Esa confabulación se evidencia con las declaraciones del asesor especial
de Amnistía Internacional, Javier Zúñiga, quien afirma que la condena evacuada
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la República
Dominicana por la muerte de seis inmigrantes haitianos y un dominicano en 2000,
"es una vergüenza para el país". Además, señala que este fallo pone
en evidencia el "fracaso" de la investigación para esclarecer los
hechos y determinar las responsabilidades.

Como si fuera un gendarme con jurisdicción privilegiada, Amnistía le recomienda
al Gobierno dominicano "acatar el fallo" y efectuar las reformas
necesarias para evitar que se repitan hechos como estos, quien advirtió que la
organización observará "con cuidado" el comportamiento de las
autoridades dominicanas tras este fallo.

Mal pudiéramos dejarnos chantajear de esas dos instituciones. Lo de la
reforma policial es pan comido. Es un tema viejo que ahora vuelve a la palestra
pública y con las buenas intenciones del presidente Danilo Medina, quien ha
expresado su preocupación al respecto, sobre todo por el mal comportamiento de
algunos agentes que han deshonrado con sus acciones el uniforme gris.

Esa reforma debe acelerarse para bien de la ciudadanía que a diario
reclama más protección de la policía frente a los asaltos, robos y crímenes
perpetrados los delincuentes, hoy favorecidos por las nuevas normativas
procesales. Esa profilaxis a lo interno de la Policía Nacional debe hacerse sin
la intromisión de manos extranjeras difamadoras, tomando en cuenta algunos
indicadores económicos que se deben corregir inmediatamente, y que inciden
mucho en las inconductas de nuestros agentes.