<P>El Ministerio público sobre el tapete</P>

<P>Determinar el contenido de la política pública del cuerpo que en los hechos y el derecho hace la función de Ministerio de Justicia en el país, es harto difícil. Dicha dificultad tiene varias explicaciones y ninguna justificación. </P>
<P>Esto es, dicho ministerio es excesivamente dependiente de la megalomanía y ansias autoritarias de su cabeza dirigente y de su mando político. No ha sido posible entre nosotros, en las últimas décadas, a pesar de que del año 2000 a la fecha, han operado tres estatutos legales sobre las funciones del Ministerio público en cada uno hablando de una supuesta institucionalización de dicho órgano, institucionalizar el Ministerio Público. No tenemos jueces de pie, como se dice en Francia, al contrario, tenemos un MP de rodillas.</P>
<P>&nbsp;El tiempo transcurrido de 1996 a la fecha, es suficiente para que la sociedad que paga a los servidores públicos que componen ese órgano inicie un cuestionamiento sistémico de lo que ahí ocurre. Entonces cabe preguntarse ¿qué ha pasado y qué pasa en el Ministerio Público que lo hace un cuerpo inoperante y sujeto a los vaivenes mentales de su cabeza dirigente?</P>
<P>Con la llegada de Leonel Fernández al poder, en agosto de 1996, el país inicio reformas democráticas en materia de justicia que culminaron en el año de 1997, con la creación de una nueva Suprema Corte de Justicia. Esa situación hizo que de inmediato, se entendiera con lugar, la necesidad de transformar también al Ministerio Público. </P>
<P>El primer paso consistió en hacer que los fiscales asumieran funciones que la ley le ordena realizar pero que en los hechos eran realizadas por la Policía Nacional. A tales fines, se inicio por dotar a los cuarteles policiales de una unidad del Ministerio Público con la finalidad de que la ciudadanía llevase allí sus denuncias, quejas y querellas. Esto así porque la gente de a pie está acostumbra a presentar quejas ante la Policía Nacional y no ante las fiscalías como manda la ley. El éxito fue y mediato como lo fue también la confrontación entre policías y fiscales, pues los policías se sintieron desplazados de un rol que entendían de ellos. Así surgió la idea de que se debía reformar también a la Policía Nacional y crear simultáneamente una Policía Judicial. Este proyecto ha sido menos exitoso no se ha podido materializar la creación de una autentica policía Judicial.</P>
<P>Con todo, el punto más luminoso que ha tenido el Ministerio Público lo es la gestión en la Fiscalía del Distrito Nacional del señor Guillermo Moreno, nunca antes ni después de ese fiscal, el Ministerio público ha sido más exitoso. Claro, el mundo político macondiano no podía permitirse que la sociedad se diera ese lujo, por eso, ese fiscal fue mandado a su casa a un ostracismo público que desde entonces ha mellado la salud del Ministerio Público, pues su sustituto, tuvo un mandato preciso y a la vez deleznable: borrar la imagen de institucionalidad que le había impregnado su antecesor, claro con la discrecionalidad que para estos casos sugiere el padre del Estado Policial, Nicolás Maquiavelo. </P>
<P>El flamante nuevo incumbente se entregó en cuerpo y alma a la tarea que le fue asignada. Obteniendo resultados tan plausibles que desde entonces es un hombre del stablisment que ha escalado el escalón más alto del Ministerio público. ¿Pero fue para eso que El estado se planteó la reforma de dicho órgano? ¿Para que haya más de lo mismo? ¿Cambiar para que todo siga igual o peor? ¿Para que la genuflexión vaya pareja con la ausencia de independencia funcional e imparcialidad? La gestión del Magistrado Hernández Peguero demostraría luego, por ejemplo, con la creación de las fiscalías barriales que es posible hacer un Ministerio público funcional, sin embargo, ese proyecto languidece porque a nadie interesa continuar lo que está bien.</P>
<P>El tiro de gracia vino en 2002, con la promulgación del Nuevo Código Procesal Penal, ley precipitada y confecciona como “copy page”, por profesionales sin experiencia en el ejercicio de la materia penal, ni posiciones acabadas sobre la política que el país requiere en materia coercitiva. Por eso dicho código fue llamado popularmente, el Código del delincuente. Y desde entonces los procuradores se han limitado únicamente a realizar políticas penitenciarias junto a objetivos políticos. El resultado se conoce bien, dicho órgano ha caído en el descredito. Pero porque el código sea malo percep sino porque, por ejemplo, en la Procuraduría Ambiental, fue donde primero debió iniciarse su puesta en ejecución y nunca se ha podido poner en práctica. Es decir, ahí existen las condiciones de logísticas necesarias y suficientes para mostrar a la nación las bondades de esa pieza legal y de ahí transmitir la experiencia a otras áreas. Lo mismo cabría decir sobre el Ministerio público tributario, el laboral, eléctrico, de consumo, el de Género, Propiedad intelectual, Niños, Niñas y adolescentes, etc. Pero eso sería dar mucho poder a áreas especializadas lo que provoca celos en la dirigencia de la PGR. Sin embargo, eso no se toma en cuenta aunque el perjudicado es el país, pues los objetivos son personalissimos.</P>
<P>Sin embargo, ese código, fue seguido por otra ley beneficiosa para el Ministerio Público, la ley 78-03, mejor conocida como Estatuto del Ministerio Público, la cual fue seguida de la creación de la Escuela Nacional del Ministerio Público y por un racimo de resoluciones para su aplicación lograndóse una dinámica que todos y todas llegaron a pensar que ¡por fin! El Ministerio Público tomaría el cauce que la sociedad esperaba de ese órgano. </P>
<P>Con ese estatuto se creó la Carrera del Ministerio público, la inamovilidad del ministerio público y, particularmente, la especialización del Ministerio público, pero al cabo de pocos años, el país ha podido observar que todo fue una farsa. La escuela ha sido abyecta y sectaria, no ha cumplido el rol que manda la ley; la inamovilidad es un mito y la especialización ha brillado por su ausencia. Nunca como ahora la independencia operativa y funcional ha sido tan atropellada, los brillantes jóvenes profesionales que ilusionados entraron a la carrera, comenzaron a salir por cuenta propia o han sido paulatinamente forzados a abandonar la carrera con diferentes artimañas. Los que aún permanecen, se encuentran desmoralizados, vejados, humillados en su dignidad profesional. A pesar de que existe un Consejo Superior del Ministerio Público en donde supuestamente serían conocidos y juzgados con base a los derechos que la Constitución y el Estado del Ministerio Público mandan, nunca se le ha observado, es una guillotina donde el criterio unilateral de la cabeza autoritaria del Ministerio Público se impone. Incluso, la sociedad civil que tiene participación en esos juicios tampoco cumple su rol porque supuestamente “el poder no se desafía.” En esas circunstancias es dable concluir que el Ministerio Público, no pasa porsu mejor momento.</P>
<P>Lo peor de todo, es que como se sabía que la ley 78-03, creaba la especialización y la inamovilidad, y ante la expectativa de que dicha ley permitiera que algunos le diera por defender sus derechos ante cualquier instancia, nacional o internacional, protectora de los derechos fundamentales de la persona; o que su labor fuese evaluada conforme a parámetros justos, con miras a establecer un escalafón o la entrada a la carrera, se decidió subrepticiamente, derogarla y sustituirla por una ley supuestamente orgánica la 133-11, que deroga la especialización y la figura de los procuradores adjuntos y manda que sean simples ayudantes del titular de la respectiva jurisdicción sin respeto por la especialización de éstos. En pocas palabras, la reforma que se planteó en 1996, fue hecha trizas y el sistema ha regresado a una situación peor a la que se criticaba en el sistema anterior a la ley 76-02.</P>