<b>Los años
pasan inadvertidamente sin que se produzcan cambios sustanciales en las
estructuras del poder que conforman el Estado y que permiten el tipo de
sociedad en que vivimos, caracterizada fundamentalmente por el caos y la anarquía, como resultado del
irrespeto a la Constitución y las leyes que dan marco jurídico al país.</b>
No es verdad
que todos los ciudadanos sean iguales ante las leyes. Ni siquiera ante Dios.
Los jueces y los curas no miran, ni miden, a los hombres y mujeres de igual
manera. El sentido de clases está presente en las acciones los que controlan el
aparato estatal.
Para que un
país sea tal, es preciso que sus instituciones funcionen como ordenan las leyes.
Y quienes la dirigen no pueden hacer otra cosa que no sea lo que manda la Constitución y sus leyes adjetivas.
De lo contrario, tendrían que pagar ante la justicia.
Los
funcionarios van y vienen, pero las instituciones deben mantenerse y
fortalecerse con los años. Se supone.
Los poderes
tradicionales del Estado democrático, a saber, Legislativo, Judicial y
Ejecutivo, están sujetos a la Constitución, de manera independiente uno del
otro. Esa independencia es política y económica. Pero en nuestro país no es
así. El Ejecutivo controla los poderes del Estado, incluyendo los poderes
fácticos.
La
continuidad del Estado sólo existe en el papel. La realidad es otra.
El Presidente
de la República hace lo que quiere y como quiera. No guarda respeto por la
Constitución ni las leyes. Se coloca por encima del bien y del mal. El presidente
acumula tanto poder, que puede decir quién vive y quién muere, quién es libre y
quién no. El presidente es un dios, todo poderoso. ¡Las leyes no se hicieron
para él!
Leonel
Fernández, “el último Emperador”, el “último César” o “el último Faraón”, hizo
con el país lo que le dio la gana. Impuso senadores, diputados, alcaldes,
regidores, con el dinero del Estado. Corrompió generales, periodistas, jueces,
abogados, curas, obispos, dirigentes políticos de su partido y de la oposición.
Compró las elecciones creando un hoyo fiscal que supera los 200 mil millones de
pesos que el pueblo ya está pagando con su miseria y con su sangre.
Todo lo hizo
a conciencia. Sabía que no sería tocado por la justicia. Acumuló tanto poder
que nadie, ni siquiera Dios, lo tocará. Tanto es así, que la Cámara de Cuentas, designada por él, lo santifica diciendo que manejó pulcra y
sabiamente las finanzas públicas.
Tan poderoso
es, que cuando Guillermo Moreno, de
“Alianza País”, sometió a la justicia al señor Fernández, inmediatamente, sin
ningún alegato técnico jurídico, el Procurador General de la Justicia, lo
rechazó tajantemente, demostrando que no
hay Constitución, ni leyes contra este hombre; no hay un Ministerio Público, no
hay juez, de ningún nivel, que acepte un sometimiento a la justicia contra “el
dueño del país”. Y si no hay justicia
para Leonel, tampoco hay cárcel. Ni para sus socios tampoco.
Es como digo.
Este no es un país. ¡Si es un país, entonces será un país de mierda!
