<b>VENTANA: Instancias de tanta envergadura como la Procuraduría General, la Fiscalía del DN, la Jefatura de Policía, los presidentes de la DNCD y del Tribunal Cconstitucional han coincidido para que sea reformado el Código Procesal Penal</b>
La justicia dominicana dista mucho de ser perfecta, pese a los avances logrados en la última década, más bien en cuanto a modernidad. Demasiados tropiezos, en todos los órdenes, se divisan a nivel de sus distintas instancias. Son incontables los casos en que se colocan obstáculos para que nunca se llegue a una real y efectiva administración de justicia.
Miles de personas que han cometido faltas graves ante la sociedad y que debieran estar tras las rejas han encontrado la forma de burlar la justicia. Siguen en las calles delinquiendo, y las hay que están tranquilas en sus casas, pese a que no han cumplido con la sociedad. Esa situación se da desde el más humilde juzgado de paz hasta la muy encumbrada Suprema Corte de justicia.
“Hay individuos que se han visto envueltos en otras actividades delincuenciales y criminales en ocasiones anteriores; sin embargo, con ciertas facilidades, vuelven a las calles y se involucran nuevamente al mundo criminal”. Eso lo dijo recientemente el jefe de la Policía, José Armando Polanco Gómez.
Pero no solo en la justicia. También en la Policía se retuercen muchas verdades. Es vox populi que en instancias policiales, por una suma en efectivo, se distorsiona el sentido de un hecho y se le da la razón a quien no la tiene.
Comprobado está que en este país hay jueces, y fiscales, que se venden al mejor postor. Pero, con mucho mayor insistencia, hay abogados que imponen sus condiciones en tribunales, y hay incluso implicados en hechos que bajo chantajes y amenazas hacen variar la decisión que tenga un determinado juez respecto al caso de que se trate.
En medio de todo ese submundo que se da en el sistema de justicia en República Dominicana, se conocen las consabidas divergencias que se dan a nivel de las distintas instancias oficiales, entiéndase la Policía Nacional, el Ministerio Público, la Judicatura, la Dirección Nacional de Control de Drogas, etc.
Tema de amplia discusión en los últimos años ha sido la forma de aplicar el Código Procesal Penal (CPP), que nació como parte de una corriente para adecentar la justicia dominicana, pero que por su “mala aplicación”, o “mala interpretación” ha devuelto a muchos delincuentes a las calles.
Esa disputa sobre el CPP, que se aprobó en el 2000 y se puso en vigencia dos años después, ha sido librada por los distintos estamentos que tienen que ver con la aplicación de justicia, la seguridad nacional, jurisconsultos, tratadistas, Policía Nacional, la DNCD, y otras.
Recientemente, el presidente de la DNCD, Rolando Rosado Mateo, afirmó que el Código Procesal Penal fue un engaño para este país, que su aplicación debe ser adecuada a la realidad de esta sociedad, y recordó que algunos profesionales del derecho que trabajaron en ese nuevo método para impartir justicia, se han lucrado en los tribunales dominicanos defendiendo narcotraficantes.
En semanas recientes se han pronunciado a favor de que sea modificado el CPP el Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito; el presidente de la DNCD, Rolando Rosado Mateo; el jefe de la Policía, José Armando Polanco Gómez; el presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, y la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reinoso.
Frente a tantos retorcimientos, abusos e incompetencias de las instancias responsables de administrar justicia, la ciudadanía exige soluciones apegadas a la verdad.
