Es indudable que, en algunos períodos congresuales
nuestros, los legisladores de turno han dispuesto parte de su valioso tiempo,
tan bien pagado por la población, para conocer y aprobar normativas legales,
que luego se quedan sólo para adornar las pequeñas bibliotecas de los abogados.
Son legislaciones diversas, que por regular la
generalidad de la gente nunca las conoce. Siempre se mantienen incluso algunas
de las mismas en el anonimato total, hasta que un dichoso día se presente una
situación que tenga que ver con lo contemplado en una, o varias de ésas, y
entonces sean esgrimidas para reclamar, o someter a la justicia a alguien, bajo
el asombro de los supuestos infractores. ¡No sabíamos que esas leyes existían!,
es lo que de ordinario se dice.
Además, se
tienen otras normativas, desconocidas por igual, que han sido introducidas
y manejadas a nivel del Poder
Legislativo de la nación, como si fueran refrigerios, de esos que se “disponen
para satisfacer algunos paladares”, externos por lo regular, durante los
momentos de recreo que se disfrutan, que bien pueden corresponder a organismos
internacionales, con los que el país ha suscrito determinados acuerdos, que
rara vez se cumplen, y que sólo se firman por “protocolos” internacionales.
También, y como todo parece indicar en el caso que nos ocupa, hay
decisiones “congresales” que se adoptan en tal sentido, para aprovechar, y
mancomunar momentos oportunos, en términos de complacer, amén de las entidades
extranjeras, a ciertos sectores internos, en lo referente a sus objetivos
meramente políticos, siempre tintados con la demagogia acostumbrada, en pos de
agenciarse las simpatías de los electores durante los torneos que se celebran.
Debido a las circunstancias señaladas, muchísimas
leyes vigentes se tienen aquí, que resultan inaplicables, inoperantes, que hoy
nada más se encuentran abultando la gruesa legislación dominicana. Claro, en su
momento, se lograron con las aprobaciones y promulgación de las mismas, los
propósitos políticos premeditados, u otros prevalecientes, santiguados por el
Congreso de la República.
Por ahí, camino señalado anteriormente, debió haber
andado el caso la dichosa ley 352-98,
del 15 de agosto de 1998, sobre Protección a las Personas Envejecientes, que
estipula una serie de beneficios en favor de toda persona mayor de 65 años que
viva en la República Dominicana, y que a su vez creó el Consejo Nacional de la
Persona Envejeciente (Conape).
Preciso es señalar que, en uno de sus considerandos
introductorios, la precitada legislación establece que: “Que nuestro país es
signatario de diversos acuerdos internacionales, dentro de los cuales se
incluyen el Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento, del 1982, de la Resolución
4691 de las Naciones Unidas, donde se crean los Principios de las Naciones
Unidas en Favor de las Personas de Edad, de la Resolución A147/5, de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, que declara el año 1999 como Año
Internacional de las Personas Mayores, y que fue ratificada por el Parlamento
Latinoamericano en su reunión de Sao Paulo en 1996;”. Ahí estuvo el amarre
internacional, lo más probable asociado con iniciativas políticas de carácter
interno, y su momento propicio para el conocimiento congresual.
Esa es una legislación que, al igual que los
beneficios que contempla, muy poco se conocen en el país; y mucho menos, por
parte de las personas de edad avanzada que resultarían ser favorecidas con la
susodicha ley. Tampoco, su forma de real
aplicación; como, las fuentes establecidas para la captación de los recursos
económicos necesarios. ¡La demagogia se advierte!
Claro, lo que sí es muy posible es que, a pesar de lo
poco que se ha hecho en relación con los mandatos que incluye dicha normativa
legal, en favor de los envejecientes que residen en el país, el Conape esté
considerado desde hace mucho, como un organismo burocrático más dentro de la
nómina pública estatal; y probablemente también, como fuente de empleos para el
clientelismo político que se estila en esta República.
Según su directora actual, Nathalie María, el carnet
de exoneración, tal cual lo tipifica la ley, de que debe ser provisto el adulto
mayor, a los fines de que pueda ser beneficiado con los mandatos de la referida
normativa, “ya está diseñado, y este año se pretende hacer la entrega formal a
esa población, donde se específica también su condición de salud y las medidas
a tomar”. ¡Cuánta “eficiencia y disposición”!
Después de casi 15 años de promulgada esa legislación,
esa actitud repentina de pretender ahora
llevar a cabo las acciones que, desde hace bastante tiempo, debieron haberse
iniciado, si no constituye un buen average, se debe considerar como un gran
record de dejadez. ¡Qué país nos
gastamos los dominicanos!
Ahora, después de tres lustros, dice la directora de organismo creado, “estar convencida que en
adelante las cosas cambiarán. Se trabaja
en poner en marcha la campaña “cédele el paso al abuelo”, como forma de
sensibilizar, y se coordina con el despacho de la Vicepresidencia de la
República para firmar acuerdos con entidades………… Estamos trabajando para
cambiar el modelo y la percepción frente a la persona envejeciente”. (Periódico
“Listín Diario, edición del 19-1-13, página 10ª).
Es obvio que, esa eventual “funcionabilidad” efectiva
del Conape, estaría impregnada en estos momentos del factor político que se
está procurando introducirle, y que muy pocos dudan, tendría propósitos electoreros
futuros, más que otra cosa, por la oportunidad en que se está desempolvando, y
tratando de aplicar en su real esencia la ley 352-98 – los fines que contempla
la misma -, como los protagonismos que se agencian.
Además, la gran pregunta sería, ¿se está en
condiciones aquí de velar y hacer cumplir, con por lo menos, los beneficios que
aparecen en ese importante trabajo, que para edificación de la gente, publicara
el medio precitado, bajo la firma de Doris Pantaleón? ¡Muy difícil!
Confirma esa puntual apreciación, el espíritu demagógico-político
envuelto en dicha legislación, aun el cumplimiento de los acuerdos invocados en
el ámbito internacional. Y además, por el tiempo ya transcurrido, durante
el cual se mantuvo prácticamente en el anonimato – 15
años, menos unos meses -. ¿Por qué ahora?, como se titula una canción.
En estos precisos
momentos, parece ser que un sector del Gobierno comienza a interesarse
por los viejos de edad cronológica en el país, pudiendo eso haber ocurrido
antes, reiteramos. ¡Que bien! En los años próximos pasados, también se tuvo la
gran oportunidad de hacerlo.
Ojalá que tal “preocupación” en el presente, no sea,
sólo en procura de conseguir esos votos de los “añejos”, que son tan difíciles
de atraer, por su experiencia sobrada, aunque aún falta bastante tiempo para el
próximo torneo electoral.
