En el país hay muchas personas e instituciones que son “tímidas
para pagar”, lo que a veces lleva a uno a pensar que cultivan lo que se llama
“el hábito de la mala fe”.
El comentario es a propósito
de lo que sucede a mi hijo Julio César, quien fue nombrado en la Gerencia de Relaciones
Públicas de la AMET el 1 de noviembre de
2010 y despedido el 1 de noviembre de 2012, precisamente el mismo día que le
tocaban sus vacaciones. Esto significa que no pudo cobrar su sueldo normal, ni el doble sueldo,
lo que le llevó a quedar mal ante compromisos previamente contraídos contando
con ese dinero.
No sé si eso es legal o no,
pero resulta que esta es la fecha que la AMET, a pesar de múltiples gestiones, no ha
pagado las prestaciones laborales a mi hijo, ahora sin empleo y con tres
muchachos que debe mantener.
Se le pidió, como es normal,
una constancia del Ministerio de Hacienda, que certificó que ciertamente mi
hijo había sido empleado de la AMET. Se
le pidió también que buscara una certificación en el Ministerio de
Administración Pública, organismo que hace los cálculos, para en base a ellos
pagarle las prestaciones.
Esos documentos, junto a la
copia de su cédula, fueron entregados a la AMET luego del despido, pero nada. No hay forma de
que a mi hijo le paguen.
El autor de este artículo se
dirigió por escrito, en tres ocasiones, al general Juan Gerónimo Brown Pérez,
director de la AMET,
pero ni siquiera por cortesía me respondió, como tampoco lo hizo el Gerente de
Relaciones Públicas de esa institución, coronel Jacobo Mateo Moquete. En ese
aspecto, no sé cuál es el concepto que tienen de las Relaciones Públicas.
Según la Ley, cuando un empleado es
despedido, su patrón tiene que pagarle sus prestaciones laborales dentro de un
plazo de diez días. Pero la AMET,
que es una institución que se supone creada
para hacer cumplir las leyes de las República, especialmente la Ley de Tránsito, ni siquiera ofrece una excusa institucional al
perjudicado.
En la Tesorería de AMET,
cuando fui a indagar, me dijeron que como el expediente de mi hijo “hay
muchísimos aquí, desde hace hasta un año, pero es que no hay dinero”, lo que
significa que otros también están en la misma situación que comento.
Son unos 75 mil pesos,
aproximadamente, que le corresponden a mi hijo por las prestaciones laborales. En
este momento sin empleo, para él eso es mucho dinero. Personalmente iré a todas
las instancias que haya que ir para que se le pague, aunque tenga que gastar
esa misma suma o quizás más en abogados, pues videntemente estamos frente a un
abuso contra un infeliz que necesita su dinero, de manera que ahora soy yo
quien reclamará el pago.
En vista de que estamos
dizque en un Estado Social y Democrático de Derecho, vamos a ver si es verdad,
aunque lo dudo, especialmente porque casos más graves ocurren diariamente en
este país y nadie afronta las responsabilidades.
Había esperado pacientemente
una respuesta de la AMET,
pero en vista de que nunca la hubo, apelo a mi derecho a exponer el caso
públicamente, lamentándolo mucho, porque la AMET debería tener una mejor imagen.
