<b>Durante las últimas semanas ha estado sobre el tapete
el tema relativo al contrato suscrito entre el Estado Dominicano y la empresa
minera extranjera Barrick Gold, con un extenso accionar propagandístico de
apoyo a la voluntad que ahora ha externado el Congreso Nacional en ese orden,
accediendo así ante las presiones provenientes de diversos sectores influyentes
de la sociedad dominicana, en el sentido
de que sean revisados y modificados algunos artículos incluidos en dicho convenio, que se consideran altamente
lesivos para la nación.</b>
Es obvio que, de acuerdo con los alegatos, precisiones
y reclamos que han venido siendo efectuando, por parte de personas con bastante autoridad para opinar al respecto, no
sólo por su formación académica, y capacidad disciplinaria en el área de la
geología, y de la minería propiamente, como es el caso del Ing. Osiris De León,
entre otros, que son conocedores además de las estipulaciones contenidas en el
referido contrato, según ha trascendido, sino también por las informaciones de
que disponen, relativas a la comercialización y precios en los mercados
internacionales de los metales extraídos de nuestro suelo patrio, procede no
solamente la revisión, sino el que se introduzcan en adición, las modificaciones
debidas, y hasta que se opte por la rescisión del convenio, en el caso de
considerarse pertinente.
En el tenor de lo que se trata, muy atinados resultan
los pareceres externados por el señor Carlos McCoy, en su artículo intitulado,
“Desparpajo Congresual”, publicado en el importante medio digital “Nuevo
Diario”, en que no hay desperdicio alguno; donde está dicho lo que se debe
decir, con respecto al primer Poder del Estado nuestro – Legislativo -, en
relación con algunas de las decisiones impropias que se adoptan en su seno,
como en el caso aquí señalado, por estar repleto de Senadores y Diputados que,
con muy raras excepciones, en nada representan a sus comunidades; que sólo
sirven como cajas de resonancia del Ejecutivo, encabezado por el Presidente de
la República, del que reciben lineamientos y mandatos precisos, a los que
responden, tales súbditos, títeres alienados por completo.
Como bien señala el señor McCoy en su trabajo de
opinión, no es más que un desparpajo, bien descarado agregaríamos nosotros, el
que ahora algunos de esos señores del Congreso, esgriman como defensa, en lo
referente al oneroso contrato que nos ocupa, que no leyeron; que sólo se
acogieron a la línea bajada por el presidente de la República de entonces.
¡Diablo!
Lo más lamentable, respecto de esa deleznable actitud
congresal que vienen observando los legisladores del país, y que por supuesto,
afecta a todos los dominicanos, no
solamente en términos de lo dañoso que pueda resultar el contrato suscrito con
la Barrick Gold, sino con muchísimos otros más, es que tal disposición de
obediencia en línea recta al primer mandatario de la República, por cuestiones
de adhesión política, de parte de los seudos legisladores – levanta manos, para
cobrar lujosos salarios, como sumas complementarias, a costillas de pueblo, que
nunca representan -, no tendrá solución hasta tanto los tres poderes del Estado
Dominicano, no operen con independencia entre sí. Que no sea el Ejecutivo, por
su condición de “financiador presupuestario” además, el que supedite algunas
decisiones en los dos restantes, y trace los comportamientos que le favorezcan.
Es de obligación que haya estricta segregación de
funciones, y para ello tendría que haber en el país una oposición equibrante,
políticamente hablando; que el partido oficialista gobernante, no tenga mayoría
en el Congreso Nacional; que sería un escenario que tampoco permitiría la
conformación de un Poder Judicial conformado en parte, como un traje a la
medida de alguien, sino libre e independiente, para administrar y aplicar en
ese orden.
Ahora, retomando el caso especifico de los
inversionistas extranjeros que vienen al país, se debe decir que, esa gente se
presenta aquí en busca de hacer negocios; y que por lo tanto, siempre han de
procurar el lograr las condiciones que más les favorezcan, que estén acordes
con sus intereses, lo cual no es criticable. A ellos poco les importa lo que
resulte para la República Dominicana. Y, no por eso, se pueden considerar como
los malos, debido a su condición empresarial.
¡No!, los despreciables, aquellos que deben ser
fuertemente castigados, son todos los antinacionalistas, corruptos y políticos,
busca cuartos, que desde hace bastante tiempo se viene gastando el país, que
en nada les interesa el mismo, y que dan apoyo a los foráneos que
nos visitan en busca de fortunas;
que les sirven como soporte, y cajas de resonancia, llámense congresistas
u otros componentes del funcionariado público, que no son más que títeres
alienados, siempre en busca “de lo de ellos”, ya que los maridajes que se
producen no son gratis; de seguro, reportan beneficios a los doblegados y
complacientes suscritores de los convenios con el extranjero, a nivel nacional.
¡Esos son a los que hay que condenar y sacrificar!; no
es a la Barrick Gold, una empresa de negocios, que como todas, aprovecha las oportunidades
que se le presentan; ni a otras que hayan pactado con el país en semejantes
condiciones.
Lo que ocurre es que, en ese tipo de actuaciones y
decisiones nacionales, se produce lo mismo a que se refiere aquel famoso pasaje
bíblico, muy significativo por ciert “nada más se trata de ver la paja en el
ojo ajeno; y, sin embargo, se ignora la viga que se tiene en el propio”. (Ver: Mateo,
Cap. 7, versículos. 1-4).
La revisión y la modificación del contrato firmado con
la referida empresa, para la explotación minera, graciosa y barata, de nuestro
oro, resultan de orden, como de interés nacional. Y, no sólo de ése, sino de cuantos se hayan suscrito con
organizaciones empresariales de otras latitudes, que resulten lesivos para el
país.
Ahora, la gran pregunta que tantos deben hacerse es,
¿qué se va a hacer con los culpables, con los desaprensivos locales que
actuaron en cada caso? ¡De haber voluntad política!, deben existir normativas
legales y mecanismos internos, en bases a los cuales se les pueda procesar
judicialmente, para comenzar a hacer en ese orden, “lo que nunca se ha hecho”.
Eso sería de igual importancia para la República; que
se apliquen las sanciones debidas para que, lo ocurrido específicamente con la
empresa minera que hoy ocupa la atención de un amplio segmento de la sociedad dominicana, ¡jamás vuelva a
suceder!; que se comience a recapacitar; que los flamantes legisladores de que
dispone la nación, no firmen sin leer los contratos que suscriba el país con
los busca beneficios, extranjeros, o nacionales egoístas, por el mero hecho de
los lineamientos y ordenes que reciban, provenientes de los representantes de
turno del Poder Ejecutivo, sin reparar en las consecuencias dañosas, que luego
se derivarían para la nación, en términos generales, como algunos congresistas
hoy vergonzosamente lo han externado, de una manera fría y descarada. ¡No
leímos!
Claro, habría que pensar, en cuántos de ellos
tenían el suficiente nivel académico, no
sólo para leer, sino para interpretar también “quintaesencialmente” todo el contenido de una
pieza de tal naturaleza. Se deben recordar las características formativas de
muchos de nuestros Senadores y Diputados.
De todos modos, justicia y condenas para los que mal
actuaron a la sazón; que el asunto no se
quede sólo a nivel de la revisión y modificaciones a las que hoy se aspira, con
respecto a todos los contratos concertados que se consideren lesivos para la
nación.
De lo contrario, ¡cómo se salva un país!,
específicamente el nuestro.
Autor: Rolando Fernández
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