La desconfianza colectiva

Es tanto lo que nos han engañado a través de la Historia, que cuando nos
dicen algo que puede ser  verdad no lo
creemos, especialmente cuando se trata de Gobiernos y políticos que tratan de
justificar ciertas actitudes.

Eso quizás explique el escepticismo reinante entre amplios sectores de
la población en lo que respecta a la explotación turística de terrenos playeros
en el entorno de Bahía de las Águilas, para desarrollar una zona del Sur
tradicionalmente olvidada por todos los gobiernos.

Los voceros del presidente Danilo Medina podrán desgañitarse diciendo
que Bahía de las Águilas no será tocada, porque siempre aparecerán voces que
por razones políticas continuarán su campaña para hacer creer lo contrario.
Como también aparecerán, más temprano que tarde, algunos codiciosos que
buscarán la forma de sacar ventajas a la Bahía propiamente dicha.

El precio a pagar por el anhelado desarrollo de Pedernales y otras
poblaciones del Suroeste ha sido demasiado alto, pues el gobierno tuvo que
negociar por “propietarios”,  entre
comillas, que alegan tener derechos adquiridos sobre los terrenos a
desarrollar, cuando es de público conocimiento que la mayoría de los títulos
que los amparan fueron logrados mediante el fraude o el soborno. Y ninguno está
preso.

Según lo acordado, esos “propietarios” recibirán un 45 por ciento de
los beneficios que genere ese desarrollo, mientras el Estado logrará un 55 por
ciento, a través de un fideicomiso. 

El fideicomiso  es  un
contrato o convenio en virtud del cual una o más personas, transmite bienes,
cantidades de dinero o derechos, presentes o futuros, de su propiedad a otra
persona (unapersona
físicaopersona jurídica, llamada fiduciaria), para que ésta administre o invierta los bienes en
beneficio propio o en beneficio de un tercero, llamado fideicomisario.

Es francamente lamentable que ante la falta de instituciones judiciales
firmes, el gobierno se haya visto a sacar de los tribunales los casos en que
era actor frente a los usurpadores de títulos falsos, para lograr el desarrollo
de Pedernales y comunidades vecinas.

Los críticos de esa decisión, como ocurre a menudo, han sido incapaces
de plantear alguna otra solución, como por ejemplo que el gobierno apelara al
artículo 51 numeral  1) de la Constitución, que
textualmente dice:  “Ninguna persona
puede ser privada de su propiedad, sino por causa justificada  de utilidad pública o de interés social (el
subrayado es del autor) previo pago de su justo
valor,  determinado por acuerdo entre las
partes o sentencia de tribunal competente, de conformidad con lo establecido en
la ley. En caso de declaratoria de Estado de 
Emergencia o de Defensa, la indemnización podrá no ser previa.

En cuanto a Pedernales, hay una causa justificada de utilidad pública o
de interés social, que es el estado de miseria en que se encuentra. Una
combinación de la declaratoria de utilidad pública con la de Estado de
Emergencia sería legal, por cuanto Pedernales afronta un verdadero Estado de
Emergencia por la penosa situación económica en que se encuentran sus
habitantes.

En cuanto a precedentes, en 1972 el presidente Balaguer declaró enormes
propiedades de utilidad pública para poner en marcha las Leyes Agrarias, como
lo hizo también—pero equivocadamente—el presidente Antonio Guzmán en 1980 con
la finca Aguayo, en San Francisco de Macorís, al expropiárseles a sus
propietarios 32 mil tareas para incorporar las tierras a una desastrosa Reforma
Agraria.

Balaguer no había ejecutado su propio Decreto para expropiar esa finca,
 modelo en el área del Caribe, que valía
más de cuatro millones de dólares,  sin
contar más de mil cabezas de ganado de excelente calidad. Guzmán lo que hizo
fue ejecutar el Decreto de Balaguer, que estaba en suspenso.

Pero esa es otra Historia. La cuestión es que en el caso de Bahía de
las Águilas, después del hecho consumado, habrá que tomarle la palabra al
Gobierno y estar vigilantes para que esa maravilla de la Naturaleza no sea
tocada “ni con el pétalo de una rosa”, aunque en sus entornos puedan
desarrollarse proyectos que no atenten contra la biodiversidad.

Por Santiago Estrella Veloz/DiarioDigitalR

santiagoestrella2000@yahoo.com