<b>El
rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y el presidente de la Academia de
Ciencias de la República Dominicana (ACRD) pidieron al Gobierno recibir la Comisión
Técnica de estas dos instituciones que elaboraron un informe sobre el Parque
Nacional Jaragua y Bahía de las Águilas, donde proponen enmendar los errores
técnicos y jurídicos en el Acto 7-13.</b>
El
maestro Mateo Aquino Febrillet y el licenciado Milcíades Mejía, en una
rueda de prensa realizada en el Consejo Universitario, entregaron un documento
a los diferentes medios de comunicación firmado por ambos funcionarios y leído
por este último.
Aquino
Febrillet dijo que la UASD nunca se ha opuesto a todo lo que sea desarrollo
para el país, al tiempo de considerar que deben preservarse las áreas
protegidas.
Expresó
que según el informe de la Comisión Técnica, contenido en el documento, se
detectaron errores técnicos y jurídicos en las disposiciones emitidas en el
Acto 7-13 sobre el Parque Nacional Jaragua y Bahía de las Águilas, por lo que
desean que el Gobierno los reciba e informó que puede contar con el apoyo de la
Universidad.
En el
Acto 7-13 el Estado reconoce títulos de propiedades en esa zona, establece un
fondo fiduciario y se compromete a garantizar una participación equivalente al
45 % de los beneficios que ingresen a ese patrimonio, por tanto, los técnicos
proponen enmendar los errores detectados.
De su
lado, el presidente de la ACRD, licenciado Mejía, al leer el documento, expresó que ambas instituciones reafirman su compromiso con el desarrollo nacional
independiente, integrador, respetuoso de los recursos naturales y fundamentados
en los principios de la democracia representativa y el aprovechamiento racional
de los recursos naturales.
“En
la sociedad dominicana se verifica una intensificación de las presiones sobre
recursos naturales sensibles y finitos como el agua, los suelos y la biodiversidad
y sobre el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), que constituye la
garantía estratégica de la supervivencia del pueblo dominicano”, indicó.
Mejía
dijo que la UASD y la ACRD entienden que dada la intención del Gobierno de
promover el desarrollo de la región Jaragua-Bahoruco-Enriquillo, procede
enmendar los errores técnicos basados en una cartografía equívoca que lo
convierte como violador de las leyes y mandatos que debe imponer y tutelar. Para ello es preciso excluir las parcelas que
se encuentran dentro del área protegida del acto transaccional y evitar que
ningún título de origen espurio pueda ser validado en el mismo.
Expresó
que entregaron a las autoridades, hace
11 años, una propuesta de desarrollo que pretende el aprovechamiento integral
de la diversidad de recursos existentes en esta área y su entorno, respetando las categorías de ordenamiento
territorial y garantizando un modelo sostenible de turismo, agropecuaria,
agroindustria y urbanización, para mejorar las condiciones de vida, asegurando
la conservación ambiental en un esquema de amplia rentabilidad económica y
social.
Informó
que en un documento entregado a los presidentes Hipólito Mejía, en el 2004, y a Leonel Fernández, en el 2005, se establece
con claridad que “las áreas protegidas son perfectamente compatibles con el
desarrollo turístico si este se sustenta en la planificación y en la
racionalidad”.
Indicó
que además se establece que “existen formas, técnicamente compatibles, para un
desarrollo turístico que guarde el debido respeto por la integridad del medio
ambiente y que pueden generar empleos y progreso para la zona de Bahía de Las
Águilas, bajo un proceso riguroso de planificación, en donde el Ministerio de
Medio Ambiente debe mantener el liderazgo, por tratarse de un área protegida y
tener la responsabilidad de aplicar la Ley Ambiental 64-00. Solamente así se
podría garantizar que se tomen las medidas que aseguren la perpetuidad e
integridad ecológica del área”.
Deploró
que, según el documento, el poder especial 7-13, del 15 de enero del 2013,
firmado por el presidente Danilo Medina, incluye una parte significativa de la
zona núcleo del Parque Nacional Jaragua, que contiene Bahía de Las Águilas, la
casi totalidad de la franja costera y otras áreas sensibles de la zona núcleo.
El
licenciado Mejía sostuvo que “este acto reconoce parcelas que son parte
integral del área protegida como propiedad de particulares”, a pesar del
demostrado origen ilegal de los títulos.
Dijo
que da la impresión de que por una imprecisión técnica de los cartógrafos de
los ministerios de Turismo y de Medio Ambiente, así como de la Consultoría
Jurídica del Poder Ejecutivo, no se dieron cuenta de que la inmensa mayoría de
las parcelas citadas en el Acto Transaccional “mediante el cual el Estado reconoce
los títulos, establece un fondo fiduciario y se compromete a garantizar una
participación equivalente al 45% de los beneficios que ingresen al patrimonio”,
se encuentran en el área núcleo del Parque Nacional Jaragua.
En
la conferencia de prensa las academias ratificaron
el compromiso con el desarrollo integral, justo y sostenible de la región Sur y
de la República Dominicana, al tiempo de ofrecer a la sociedad y sus
instituciones la colaboración desinteresada.
