<b>Dirigir los
destinos de una nación no importa su
nivel de desarrollo económico, político y social y hasta su ubicación
geográfica, representa un desafío y responsabilidad de una gran magnitud. Es al mismo tiempo, un gran privilegio.</b>
La República
Dominicana ha transitado en los últimos cincuenta años por la ruta de la
consolidación democrática, especialmente en lo que tiene que ver con el respeto
a las libertades públicas y los derechos
individuales de los ciudadanos y ciudadanas.
Cada cuatro
años la población dominicana acude a las urnas para elegir a través del voto
directo a sus autoridades a quienes confía la administración de los bienes públicos, el manejo de la
política exterior y la aplicación de medidas oficiales que nos permitan como
nación superar nuestras limitaciones y
necesidades.
La
Constitución y sus disposiciones legales representan el instrumento o normativa
por el que se conduce quien ostenta el rango de Presidente de la República, el
más importante cargo público del país.
La
experiencia vivida en los últimos días en el territorio nacional a partir del
debate generado tras la disposición de nuestras autoridades de proceder a
ejecutar proyectos de inversión turística en Bahía de las Águilas, provincia de
Pedernales, mueve la atención.
En primer
lugar, se ha querido vender la idea de la imperiosa necesidad de promover el Polo
Turístico IV Ampliado de la Región Suroeste como forma de que sus habitantes superen los actuales cuadros de
pobreza que padecen.
Y en realidad, esa comunidad requiere que se hagan modernas
infraestructuras y atracciones hoteleras para la generación no tan solo de
nuevas fuentes de empleos sino como forma de incorporarla a un nuevo de
modernidad, incluya la expansión de las telecomunicaciones y nuevas carreteras.
El presidente Danilo Medina ha hecho lo correcto al
desestimar el acuerdo anunciado en el caso de Bahía de las Águilas, el cual no había
firmado.
Ahora procede que se termine de ventilar el caso de los títulos
fraudulentos de supuestos propietarios que reclaman terrenos en Bahía de las
Águilas. Que sea el poder de la justicia quien sin dilatación, pero apegado a
nuestras normas jurídicas actúe con profesionalidad, independencia y sentido
patriótico para dar conclusión a una litis de 16 años.
La defensa de un patrimonio nacional dotado de una gran riqueza
ecológica y maravillosa biodiversidad debe imponerse por encima de las
apetencias personales. El territorio dominicano no puede ser repartido entre
personas que en nada les interesa el bienestar colectivo, sino más bien, la
acumulación de riquezas aunque para alcanzar ese propósito se tengan que
falsificar documentaciones.
Honremos la celebración del Bicentenario del Natalicio del patricio Juan
Pablo Duarte, pensando en la República Dominicana primero y no en intereses
individuales. Es una buena ocasión, para demostrar que todavía hay dominicanos
y dominicanas que aman su patria. Que así sea.
Viernes 22 de febrero del 2013
