El costo de la democracia en términos
de financiamiento a los partidos políticos incluiría, entre otros gastos no
especificados, el gasto promocional y/o publicidad. En este punto hay que
diferenciar el gasto como consecuencia de la publicidad de lo que es la
libertad de expresión y difusión del pensamiento. Esta última no tiene valor
material ni relación alguna con los recursos que la Ley Electoral otorga a los
partidos reconocidos por la Junta Central Electoral (JCE). La libertad de
expresión y difusión del pensamiento es más bien una conquista de la
democracia. Las leyes transparentan la democracia por lo que estaría bien la
reforma de la Ley Electoral, una nueva Ley de Partidos y una Ley de
Financiamiento de Partidos para que la madurez de la democracia y los procesos
electorales sean un solo sendero.
Mientras alguien se anime a someter una nueva Ley de Financiamiento de Partidos
consideremos lo siguiente. Antes y después de la Ley Electoral se ha hablado,
se habla y siempre se hablará del uso de fondos públicos con fines
políticos-electoreros. El problema se agudiza si el partido en el
poder mezcla la campaña política con fondos públicos no contemplados en la
ley. Se estima en RD$3,200 millones el fondo electoral oficial (si no
hay cambios) a ser distribuido en el período 2013-2016 entre los 26
partidos políticos reconocidos por la JCE. Para calcular este monto
tomamos como referencia el reportaje del periódico Diario Libre de fecha
20/2/2013, titulado "La Junta inicia reparto de fondos entrega el Estado a
los partidos", a partir del cual preparamos el trabajo
"Partidos por el fondo" (Google).
Después de las elecciones, como se sabe, algunos partidos que resultan
perdedores alegan que el partido ganador que repite como gobierno
(reelecto) usó recursos públicos no contemplados en la ley para salir
airoso. Si al respecto hay una asidua campaña en contra,
el reelecto tiene el mismo derecho de contraatacar, por lo menos
cuestionando la transparencia en el manejo de los fondos entregados a los
partidos de acuerdo a la ley, si los perdedores siguen insistiendo. Pero si el
partido en el poder pierde, nadie en particular (vencidos y vencedores) vuelve
a tocar el tema de los fondos públicos, sea dentro o fuera de la
Ley Electoral. Como los fondos electorales se entregan anualmente, y en el año
electoral (2016) se duplican, es recomendable tomar las medidas de lugar para evitar
el cuestionamiento de esos fondos de parte de todos los partidos reconocidos
por la JCE, vistas las acusaciones externadas por los bandos contrincantes
después de las elecciones, como se ha visto.
Mientras tanto, en cualquiera de los
casos, la JCE no emite opiniones porque, hasta donde tenemos entendido, no
existe un organismo que fiscalice los fondos electorales. De ser
así resultaría improcedente que el ganador o el perdedor cuestionen el uso
de fondos públicos contemplados o no en la ley, a falta de la
"transparencia financiera" que se observa en los partidos que reciben
o usan fondos públicos, según se sabe o se alega. Para los supuestos casos de
recursos con fines electorales fuera de la Ley Electoral, los tribunales
del país son el medio indicado para presentar cargos y no el libre
albedrío. El mismo procedimiento aplicaría también a los recursos entregados a
los partidos si no se usan de acuerdo con la ley.
Hay cierta similitud entre el Archivo
General de la Nación (AGN) y la JCE. El AGN registra papeles y documentos
históricos, mayormente, y la JCE también registra papeles y documentos pero
relacionados con la ciudadanía (pueblo votante) y los partidos favorecidos por
el voto de la ciudadanía para determinar un ganador, lo que convierte a la JCE
en un banco de datos con fines electorales. Esa es la función esencial de la
JCE. Cuando se alega falta de transparencia en los fondos de campaña tampoco la
hay en cuanto a la composición, estructura y funcionalidad de los partidos, por
lo menos desde el punto de vista digital, a pesar de los millones que cada uno
de ellos ingresa a sus arcas cada año. Es tiempo de que se corrija el esquema
digital para que el pueblo conozca los partidos a cabalidad pues estamos frente
a una anomalía digital que atenta contra la salud del proceso electoral y la
propia democracia en la que solo el pueblo es el soberano y árbitro, y la JCE
un medio de intermediación. Es un imperativo que el pueblo interactúe con los
partidos reconocidos por la JCE sin ninguna dificultad usando las
herramientas de internet. Y un deber de los partidos satisfacer los
requerimientos del pueblo en este sentido. No creo que la JCE tenga problema
con eso, con la transparencia digital, para lo cual tiene que conversar con los
partidos.
El lector podría preguntarse: ¿Quién fiscaliza los fondos que el Estado entrega
a los partidos? ¿Tienen los partidos una contabilidad para justificar el uso de
esos fondos? ¿En qué los utilizan? Para comenzar, la actual cobertura
digital a nivel de partidos no es nada
de fiar; no es solo un desastre sino una catástrofe. Los portales o páginas en
internet son un arroz con mango, como decimos aquí. Hay partidos
que dicen tener portales pero no aparecen, ni mucho menos el correo
electrónico (Email). Más bien usan las redes sociales o el
indescifrable "On line" y no el Email como medio 100% seguro
para enviar/recibir mensajes o documentos.
No hay organigrama que identifique al
partido para que sea considerado como tal; es ambigua y confusa su filosofía,
planes, programas, metas, objetivos, etc. El portal es estático y no dinámico
lo que impide transformaciones digitales para mantener los partidos
actualizados en todos los sentidos. Con tal desorden, como el botón aquel de la
muestra, es más que suficiente para deliberar sobre la vigencia y/o
“transparencia electoral informativa” inherente a la “estructura partidarista”
reconocida por la JCE, la que cada año que ingresa a sus arcas millones de
pesos y/o fondos públicos. Aquí es donde el pueblo aplica el refrán: "A río revuelto
ganancia de pescadores", y que permite a “cualquier persona o grupo”
formar un partido político comenzando con el mínimo de firmas requeridas por la
JCE, algo a lo que también hay que poner "asunto" mientras se
mantenga el dilema de la "transparencia de fondos públicos" cada año.
Todo eso debería cambiar, donde además
se incluyan otros elementos nuevos que no solo sea el "mínimo de
firmas" como punto de partida para entrar al rebaño. Lo primero sería
corregir la anomalía técnico-digital que adolece cada partido. Luego la
plataforma digital conectiva (link) dentro del propio portal de la JCE que
muestre el portal de cada partido. De esta manera la ciudadanía entra al portal
de la JCE e inmediatamente se pone en contacto con los partidos gracias al
link. Es hora de que la JCE delimite sus funciones de aquellas propias del
quehacer electoral y las supere con creces con otras iniciativas que orienten la
ciudadanía en cuanto a sus obligaciones y derechos como parte de un equilibrio
electoral que dignifique el proceso y fortalezca la democracia cada cuatro
años. La misma tecnología debiera aplicar al Congreso Nacional pues los
senadores y diputados son representantes de partidos políticos. De esta manera
habría una mejor comunicación entre el pueblo y sus representantes. Y así donde
sea necesario. Mucho se ha hablado de la democracia, social democracia,
democracia cristiana, democracia revolucionaria, etc. Es tiempo de que se hable
de la democracia digital donde el pueblo interactúa con todas las instituciones
y organismos del Estado, además de los partidos políticos. Hasta ahora esto no
se ha logrado.
Es hora de que la JCE eduque la población, no solo sobre cómo y dónde votar u
otras orientaciones, sino también desde
el punto de vista digital, como parte de un proceso paralelo a sus propias
funciones reguladoras, como son las de llevar a un feliz término las elecciones
nacionales. Se puede decir que una cosa contribuye con la otra para que eso sea
posible. A pesar de que el resultado de las elecciones se traduce en cifras, se
trata de números compuestos por dominicanos y dominicanas que merecen todo
respeto por su fiel cumplimiento con el deber patriótico cada cuatro años. No
es solo una manera de que los partidos (mayoritarios y minoritarios)
justifiquen su existencia y los cargos públicos, algo que aumenta como mar
revuelto con las alianzas cuando partidos minoritarios o mayoritarios acompañan
al vencedor, lo que en los últimos años ha sido la constante más que un
compromiso con la democracia. La política no es solo un asunto de alianzas sino más bien un compromiso
patriótico con el pueblo, para no verlo de otra manera y no como el caso de la
rémora y el tiburón. Esperamos que estos argumentos sean considerados como una
crítica constructiva en beneficio de la institucionalidad.
