Con el título que lleva el presente
comentario encabeza Consumers International –la más grande organización
internacional de defensa de los consumidores, con sede en Londres, Inglaterra-,
su campaña del cursante año en defensa de los consumidores del mundo y, en
particular, la sostiene su homóloga dominicana Fundecom, en la República
Dominicana.
Yendo al grano, dicha consigna no podía ser
más apropiada pues permite, para el caso nacional, al menos dos puntos
importantes, uno lo es el tema de la justicia ahora para los consumidores y el
otro, un balance sobre los casi seis años que llevan en operación Pro
Consumidor y órganos sectoriales cuyo impacto ha sido limitado pero que no por
ello dejan de constituir pasos importantes en la lucha por lograr justicia para
los consumidores, son los casos de órganos como INDOTEL, PROUSUARIO, LA DIDA, SISALRIL,
PROTECOM, SIDOCAL, etc.
La justicia ahora, cuando es analizada desde
lo que ocurre, por ejemplo, en los tribunales dominicanos, es muy tímida pues
el tradicional conservadurismo del juez dominicano hace añicos todo intento de
cambio favorable al consumidor nacional. Claro, en los últimos años aparece una
que otra decisión que va en el camino correcto, sin embargo, la fuerza del
capital, el peso del poder económico de algunos sectores, descomponen la idea de justicia de modo tal
que es poco lo que puede hacer un juez cuando tiene en su despacho un asunto en
donde el interés del consumidor está contrapuesto al poder económico de
cualquier sector, pues como es de conocimiento general, las élites
latinoamericanas y la dominicana en particular, no se doblegan ante la idea de
justicia, esto así porque justicia es para ellos el sostenimiento de sus
privilegios aun pasando por encima de las leyes y de la Constitución.
Ahora que incluso los tribunales
administrativos forman parte del Poder Judicial, la situación pinta mal, pues
la Constitución de 2010, les llama eufemísticamente “tribunales especializados”
bajo control de la Suprema Corte de Justicia, estamos pasando por la pena de
observar cómo estos tribunales que, en principio, eran entendidos como
tribunales de decisiones rápidas, han entrado al terreno de la parsimonia de los
demás tribunales, esto es, a entender que manejan conflictos de interés privado
y que aun el Estado y sus órganos, deben plegarse a los designios del capital,
cuando su función es validar los derechos fundamentales constitucionalmente
consagrados. El resultado está siendo nefasto en la medida esos tribunales
están entrando en un estado de anquilosamiento que le hace perder el crédito
que en algún momento llegaron a ganar. Los traslados estrambóticos que, por
ejemplo, están ocurriendo al interior de la justicia inciden directamente en el
descrédito, pues lo mismo que en materia penal, ocurre aquí con el juez
sustituto; además, están ocurriendo
traslados, esto es, la especialización pasa a ser un mito, pues jueces
de diferentes áreas de especialización son reciclados o bien convertidos en
jueces administrativos a la carrera mientras jueces administrativos son
convertidos, también a la carrera, en jueces de jurisdicciones ordinarias, lo
cual evidentemente, se refleja tanto en la motivación del juez como en su
rendimiento. Pero el peor de los impactos, lo sufren los jueces especializados
pues su desmotivación está originada tanto en la presión del capital como en la
pesadumbre que constituye el observar el destino sufrido por no pocos de sus
compañeros. Esto es, el juez especializado sufre la incertidumbre del traslado
o de la destitución si toca aun con el pétalo de una rosa, los sacrosantos
intereses del capital. Así, es poco lo que puede ofrecer a los consumidores el
Estado Social.
La situación de las autoridades que hacen las
veces de órganos administrativos y de jurisdicción no contenciosa, al interior
de la Administración, no es diferente. La destitución, la presión, son amenazas constantes y muy difíciles de
sobre llevar. Siempre se ha tenido claro en el país que el régimen
presidencialista dispone de todos los cargos (incluso de los que son de carrera
o por periodos determinados por la ley) y que el cumplimiento de una ley que
implique un choque con sectores de poder, conlleva la sustitución del puesto es
pan nuestro de cada día. En ese escenario son pocas las figuras que pueden
asumir un rol como el que en la actualidad juega Pro Consumidor.
Aquellos que llegaron a pensar que con la
nueva Constitución algo cambiaría están observando con pesar que poco o nada se
ha logrado en materia de institucionalización. Incluso la actitud de la
burocracia sigue siendo la misma y no se observa que a corto o mediano plazo
vaya a cambiar. Es más, el cambio puede ser para peor, esto es cuando un
incumbente actúa apegado a la ley y a la Constitución, esto es en función de
los intereses de los consumidores, es de esperarse que su sustituto sea alguien
de un perfil contrario, como consecuencia del lobismo imperante y de la presión
que ejerce el capital sobre el ámbito donde se toman las decisiones políticas
de la Administración. Pues estas decisiones dependen de la denominada “voluntad
política” que no es más que el criterio dictatorial del presidencialismo puesto
al servicio del capital o de la corrupción y siempre en desmedro de las leyes,
la institucionalización y la Constitución. Por ahí está el origen de todos los
males nacionales y las injusticias que sufren sectores como el de los
consumidores, por tanto, el pedido de ¡justicia ahora! que hace Consumers
International, pasa por el tapiz de los poderes facticos.
Pero ciertamente, el problema es más profundo
pues cuando el poder fatico no puede conseguir lo que busca por vía
administrativa, se emplea a fondo en modificar leyes vigentes y torpedear su
aplicación como estamos observado que ocurre con la ley 166-12, la cual,
vigente desde mediano del pasado año de 2012, no ha sido puesta en práctica ni
por los jueces ni por las autoridades administrativas porque lo que se busca
ahora es aplazar su aplicación, hasta por
lo menos cuatro años. Dicho de otro modo, es una ley que nació conforme
al proceso legislativo normal pero que el poder fatico como el político la han
declarado muerta desde su nacimiento. El caso no es único, pues la ley del
Defensor del pueblo, lleva doce años sin ser puesta en práctica.
Así las cosas, solo la actitud de la
población puede hacer variar en algo la situación imperante pero este tema
merecería un comentario particular. DLH-10-3-2013
