Los capos de la política

<b>La política no puede ser una fuente de
enriquecimiento. No en un país de verdad, donde se respeten las leyes y las
instituciones. El Estado no puede seguir siendo un botín de
guerra cada cuatro años.</b>

Nadie puede entrar pobre al gobierno y salir
rico poco después podrido en dinero, mientras los empleados públicos como
maestros, médicos, técnicos, etc., pasan más 30 años con salarios que no les
permite vivir decentemente.

Todo el que entra pobre al gobierno y sale
rico, es un ladrón, no importa el partido al que pertenezca, ni el cargo que
haya ocupado. Es un vulgar ladrón que se aprovecha de la pobreza y la
ignorancia de un pueblo.

Todo el que entra rico al Estado y duplica o
triplica su riqueza durante su permanencia en el cargo, también es un ladrón.
Un ladrón es un ladrón no importa que use saco y corbata.

La política, ni los partidos, pueden ser
plataforma para saltar de la indigencia a la opulencia. De vivir un barrio
marginado a un sector residencial de clase media alta o de la burguesía. Eso
solo se logra, desde una posición pública, robando. ¡No hay otro modo!

Hay gente, de todos los partidos, que luego de
pasar por el Estado no da un golpe ni de barriga jamás en su vida. No trabaja,
ni necesita trabajar. Viven como príncipes. Nadie los molesta, ni les pregunta
cómo alcanzaron esos estándares de vida. Al contrario, el sistema &nbsp;de justicia los protege contra todo mal.
Guardias y policías, oficiales y subalternos, andan con ellos para arriba y
para abajo para que nadie se les acerque. (El pueblo, con sus impuestos, paga
para proteger a quienes les roban)

La Constitución dice que los funcionarios, al
entrar y al salir, deben hacer una declaración jurada de bienes, que son ellos,
no el Estado, quienes deben demostrar la procedencia de sus riquezas. Pero eso
es letra muerta. El Ministerio Público no le pregunta a nadie, no investiga a
nadie. No le pide a nadie que demuestre que su fortuna es lícita.

Es a los funcionarios a quienes “corresponde
siempre probar el origen de sus bienes, antes y después de haber finalizado sus
funciones o a requerimiento de las autoridades competentes”, dice la
Constitución. ¿A cuántos, me pregunto, el Ministerio Público, ha
requerido para que muestren el origen de sus bienes? ¡A nadie! ¿A cuántos ha
investigado? ¡A ninguno!

El caso de un ministro que, a los 38 años de edad dice
tener, sin que se le conozca abolengo, ni una herencia, más de cien millones de
pesos. ¿Le preguntó alguien como lo obtuvo? ¡No! El otro que al llegar al
ministerio dijo tener más de cien millones. Luego, cuando salió juró hasta por
su madre que aumentó su fortuna en más de 500 millones de pesos. ¿Le preguntó
alguien como logró tal milagro? ¡No! El otro, que vivía en una pensión
miserable que apenas podía pagar. Llegó al gobierno y poco después es
considerado dueño del país con mansiones aquí y en el extranjero, una
fundación, más de un helicóptero, un avión jets de 24 pasajeros, inversiones
millonarias en Haití, Panamás y otros países donde patrocina incluso campañas
electorales. ¿Le preguntó el Ministerio Público como convirtió el agua en vino
como si fuera Dios? ¡No!

Podría citar muchos otros casos, incluso de algunos
que han pasado por la presidencia y vicepresidencia de la República, sobre todo
el último que de Villa Juana y el exilio económico en Estados Unidos es uno de
los hombres más poderosos del país y de la región centroamericana y caribeña.

No hay fortunas lícitas entre la mayoría de
los políticos. Y esa vaina todo el mundo lo sabe. Pero nadie dice, ni hace
nada. ¡Ah, los capos de la política dominicana que tienen suerte! ¡Impunidad
total para ellos! ¡Impunidad total!