SANTO DOMINGO.- Se percibe que una parte importante del país, incluyendo el segmento más liberal de la sociedad, asume el actual conflicto institucional del Partido Revolucionario Dominicano como un problema de los perredeistas, y no de todo el sistema político de la nación.
Esa aparente actitud podría explicar la indiferencia que muestra la opinión pública nacional y las instituciones vinculadas a la vida democrática del país ante el anunciado propósito del ingeniero Miguel Vargas de mantenerse a la fuerza y contra la voluntad de la mayoría más allá del plazo legal de cuatro años que corresponde a su ejercicio como presidente del PRD, tal como lo ha certificado la Junta Central Electoral (JCE).
El secretario general de la JCE, doctor Hilario Espiñeira Ceballos, en comunicación fechada el 28 de enero de 2013, certificó que el acta de la XXVII Convención Nacional del PRD establece que las autoridades electas tendrían vigencia hasta julio de este año.
La intención declarada de Miguel Vargas de prolongar su período es un claro intento de autogolpe, probablemente prevaliéndose de la ostensible parcialidad de un Tribunal Superior Electoral constituido mediante un acuerdo público que le permitió a él y al ex presidente Leonel Fernández designar a los miembros de ese nuevo órgano judicial. De los cinco miembros de ese “tribunal”, -para no decir matadero judicial-, tres son seguidores de Fernández y uno de Vargas. El quinto es el presidente del TSE, doctor Mariano Rodríguez, una personalidad independiente muy cercana a Monseñor Agripino Núñez Collado.
No debe haber ninguna duda de que la mayoría que controla el TSE se pondría de acuerdo para validar la decisión más conveniente para Vargas, habida cuenta de su consistente inclinación a coincidir con el ex presidente Fernández, con quien ha mantenido un notorio historial de coincidencias en el ámbito político desde la firma del famoso pacto de “Corbatas Azules”, el 14 de mayo del 2009. Desde entonces Leonel Fernández y Miguel Vargas han logrado ponerse de acuerdo para aprobar una reforma constitucional, para constituir las “Altas Cortes”, para propiciar la derrota electoral del PRD en el 2012 y para inclinar la balanza del Tribunal Superior Electoral en el actual conflicto perredeísta.
Resulta difícil entender la equidistancia que muestran los sectores democráticos y progresistas del país ante una situación que si bien corresponde a un conflicto partidario interno, que debió ser resuelto mediante un ejercicio de democracia interna, se ha convertido en un asunto del sistema político desde el momento en que el Tribunal Superior Electoral ha intervenido solo para imponer las medidas que favorecen al sector minoritario del PRD, aunque haya tenido que contradecir sus propias decisiones.
¿Si un poder externo manipulado por intereses espurios logra lograr imponerse a la legalidad, la legitimidad y la voluntad de la mayoría en el PRD, quien podría asegurar que no ocurra lo mismo después con el PLD, con el PRSC, con Alianza País o con el propio Estado Dominicano?.
