<b>El lavado de activos o blanqueo de dinero
tiene un móvil que le es inseparable: dar apariencia de legalidad a dinero de
origen espurio, pero los recursos se visten de legitimidad para que puedan
insertarse en el sistema financiero sin cuestionamiento.</b>
Ni el dinero donado por contratistas del
Estado a la Funglode es de origen ilegal, ni ha ocurrido con su donación lo que
debería pasar para hablar de la posibilidad de que el presidente de esa entidad
estuviera incurriendo en la práctica de lavado, es decir que esos fondos no
están entrando por una vía y saliendo por otra. Como fuera, por ejemplo, que se
donaran a la fundación y por otra vía ésta los transfiera a cuentas personales
del doctor Leonel Fernández, pretextando pagos de algunos servicios.
Que pudiese sugerirse la práctica de
soborno porque la destinataria de las donaciones era una fundación liderada por
la persona que tenía la capacidad de otorgar los contratos, que no en todos los casos porque los había
ganados en licitación, pero los montos de las donaciones dicen claramente que
no se trataba de eso, eran pírricos en
relación con la magnitud de las contrataciones.
No hay méritos jurídicos para que el
Ministerio Público, representado en este caso por la procuradora fiscal del
Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, acoja la querella interpuesta por el doctor Guillermo Moreno en
base a la imputación de lavado de activos, pero se trata de un caso que debe
ser tratado con el rigor correspondiente, y ha hecho bien la magistrada en
convocar la vista de abogados en su despacho para darle oralidad al proceso,
como lo ha hecho en todos los casos importantes que ha manejado. Los insultos y
la mofa de la que ha sido objeto son absolutamente inmerecidos.
Los que aspiraban a que ella produjera un
archivo del expediente saltando un requisito como el que cumplió el pasado
viernes, no están viendo más allá de lo obvio, y sencillamente están
contribuyendo con el objetivo de los que están detrás esta trama, que pudieran
ser manos fácticas extranacionales, que no han concebido una querella sino un
entrampamiento, ensañadas sabrá Dios por
cuales motivos contra la figura del doctor Leonel Fernández.
Todo
el que maneja información privilegiada sabe que esa querella contra el ex
presidente Fernández no anda sola, y que quienes la promueven saben que no hay
posibilidad de que él resulte perjudicado ni en el Ministerio Público ni en la
Suprema Corte de Justicia, entonces ¿qué persiguen? Que la solución de la
querella arrastre un costo alto de imagen para Leonel Fernández y la
acumulación de poderes de su partido.
Dos instituciones tendrán que prepararse
para lo que se avizora: la Suprema Corte de Justicia, que será el centro de una
despiadada campaña de descrédito, y el Parlamento Centroamericano, que pudiera
terminar modificando la disposición que convierte en miembro de pleno derecho a
los ex presidentes de los países miembros.
La decisión de la fiscal será recurrida
ante un juez de instrucción por los abogados de Guillermo Moreno, lo que
llevara a los abogados del doctor Fernández a invocar su privilegio de
jurisdicción, evitando que un juez ordinario de instrucción trate el caso y
remitiéndolo a la Suprema.
Se proyectará un ex presidente evadido de
la justicia ordinaria por la inmunidad del Parlacen y absuelto por su control
de la Suprema Corte de Justicia, y no
fruto de una querella sin méritos.
