San Juan, 30 abr (PL) El presidente de la Universidad de Puerto Rico,
Miguel A. Muñoz, dimitió a su cargo, mientras el gobernante Alejandro
García firmó hoy una ley que hace desaparecer la junta de síndicos que
lo respaldaba.
Con la renuncia de Muñoz, sumido en un escándalo por malversación de
fondos federales dirigidos a la investigación científica, también se
produjo la del presidente de la junta de síndicos de la UPR, Luis
Berríos, anunciadas ambas en la víspera cuando la Asamblea Legislativa
sancionó la ley que hoy firmó García.
El dimitente presidente de la UPR también se vio involucrado en la
emisión de tres cheques por 50 mil dólares cada uno que le solicitaron
unos timadores haciéndose pasar por el secretario de Asuntos Públicos de
La Fortaleza, Jorge Colberg.
Como un efecto dominó, igualmente hoy dejaron sus cargos al menos dos de los 11 rectores de los recintos de la UPR.
El Gobernador convirtió con su rúbrica en la ley 13 de 2013 un proyecto
de la Cámara de Representantes que disuelve la junta de síndicos de la
UPR, compuesta por 17 miembros, y en su lugar creó una junta de gobierno
que integrarán 13 miembros, que aumenta a dos la representación
estudiantil con igual número de claustrales.
El resto de sus integrantes serán nombrados por el mandatario, lo que ha
causado insatisfacción en sectores académicos que reclaman menos
injerencia externa en la universidad pública.
"Esta ley devuelve y amplía la autonomía a la UPR, tan lacerada, tan
politizada en los últimos años", reclamó el gobernador en rueda de
prensa en La Fortaleza, sede del ejecutivo.
Aclaró que la reforma universitaria que reclaman sectores claustrales y
estudiantiles corresponderá dirigirla a la nueva junta de gobierno
"atemperándola a los tiempos como es debido, sin que haya esa
intervención del gobierno".
García respondió a las críticas generalizadas de la eliminación de la
junta de síndicos que 10 de los 11 recintos de la UPR enviaron
certificaciones pidiendo intervención del gobierno.
El oposicionista Partido Nuevo Progresista (PNP), que dominada la junta
de síndicos, reaccionó indignado por la acción que, calificó de atentado
a la autonomía de la universidad.
La realidad es que el PNP aumentó el número de miembros del organismo
rector de la UPR en la década de los 90 del siglo pasado para asumir su
control.
La UPR es investigada por las autoridades federales de Estados Unidos
después que la Fundación Nacional de las Ciencias señalara en 2010
irregularidades en los informes de tiempo y esfuerzo que entregaban los
profesores investigadores.
Sobre este particular, el diputado oficialista Eduardo Ferrer confirmó
que el Buró Federal de Investigaciones se incautó este martes de
documentos de la pesquisa realizada por una comisión de la Cámara de
Representantes sobre la presunta malversación de fondos de la Fundación.
