SANTO DOMINGO.- Mas de 150 familias afectadas
por la alegada quiebra fraudulenta de la Corporación Delta Intur clamaron ante
la Justicia para que agilice la solución legal del caso y expresaron sus
temores de que los ejecutivos de la empresa sigan operando libremente a pesar
de haber distraído más de mil 500 millones de pesos captados mediante bonos corporativos
y papeles comerciales.
“Nuestras familias se encuentran en una situación
desesperante al ver que se aproxima un año del inicio de este problema y que
aun no se han ejecutado acciones en contra de Delta Intur para que
asuma su responsabilidad ante nuestro reclamos, ya que estamos sufriendo los
rigores de graves precariedades económicas al no estar recibiendo los ingresos
de nuestros ahorros y sin tener ninguna seguridad de que vamos a
recuperar nuestras inversiones”, expresan los afectados.
Sin embargo, dijeron confiar en que las autoridades
del Ministerio Público le den curso a este caso para que se haga justicia en
contra de Delta Intur y sus ejecutivos, contra quienes se han
querellado ante la fiscalía del Distrito Nacional por haber violentado varias
de las normas del código penal de la República Dominicana.
“Este problema está afectando a cientos de familias
dominicanas, en su mayoría envejecientes, que confiaron sus ahorros
producto de años de duro trabajo y sacrificios, a esa empresa como una forma de
tener alguna especie de seguridad social, para poder resolver sus necesidades
básicas como son la adquisición de alimentos, medicamentos, pagar
servicios, indican los obligacionistas en su reclamo público de Justicia.
Sostienen que “el sistema de valores, efectivo para
realizar inversiones, cuando se hace con buena fe, no puede colapsar en nuestro
país por las prácticas fraudulentas y dolosas de una empresa y sus ejecutivos”.
Dicen esperar que las autoridades del sector también le presten la debida
atención a este caso para evitar el descrédito del mercado bursátil.
Los principales directivos de la Corporación Delta Intur,
S.A., y de otras firmas comerciales vinculadas, están supuestos a
responder ante los tribunales dominicanos por una querella penal
interpuesta a mediados de noviembre pasado, por más de 175
personas y sociedades, bajo la imputación de distraer más de mil 500 millones de pesos depositados
en esas entidades a través de bonos corporativos y papeles comerciales.
El consejo de abogados responsable de la acción legal
depositó una querella contra los señores Leonardo Sánchez Heredero
Alvarez, Mariano Vallejo Martín, José Ignacio Martín Moina, Francisco Cerén y
Julio José Vega López, a quienes acusan de incurrir en los delitos
de estafa, asociación de malhechores, abuso de confianza, lavado de
activos, falsedad de escritura y uso de documentos falsos.
De acuerdo a la querella, el grupo deberá responder
ante los tribunales por los cargos de violación del Código Penal Dominicano, el
Código Monetario y Financiero, la Ley de Mercado de Valores, y la
Ley sobre Mercado y Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de
Responsabilidad Limitada.
La querella de acción penal pública a instancia
privada, por las infracciones de estafa y abuso de confianza con constitución
en parte civil está a cargo de los abogados Luis Miguel Rivas, Eric Raful
Pérez, Santiago Rodríguez, Gustavo Biaggi, Lincoln Hernández Peguero, Hipólito
Herrera Vasallo, Laura Acosta Lora y Jesús Almánzar, quienes participaron en
una rueda de prensa para explicar los detalles de la querella.////
