<b>
El acuerdo entre el Gobierno y la empresa Barrick Pueblo Viejo acarrea
unos beneficios intangibles tan importantes como las mejorías económicas
alcanzadas en favor del dueño del or
el pueblo dominicano.</b>
Lo más importante es que las mejorías
logradas se alcanzaron como producto del diálogo, y no fruto de la imposición
unilateral de una de las partes, lo que le ha ahorrado a un gobierno nuevo
tener que concentrar sus mejores energías en una batalla sumamente traumática,
que bien pudo haber derivado en una condena internacional en la instancia de
arbitraje porque por más injusto y desproporcional que fuese, Barrick tenía la
ventaja de un contrato suscrito con todas las de la ley.
Pero la ruta del arbitraje acarreaba serias
dificultades para Barrick Pueblo Viejo, que al fin y al cabo no tiene como
objetivo principal ganar casos en tribunales sino mantener hacia la mejoría el
valor de sus acciones, y eso no es posible en un clima de confrontación, por
más peso que tengan sus alegatos legales.
Con un presidente que no iba a dar su brazo
a torcer después de haberle asegurado al pueblo dominicano en su rendición de
cuentas del 27 de Febrero del año en curso, que la desproporcionalidad de unas
operaciones brutas que de cada cien dólares dejaban apenas tres para el pueblo
dominicano eran inaceptable, Barrick tendría seria dificultades para sacar el
oro de la República Dominicana.
El tema de la necesidad de mejorar ese
contrato ya no era solo un reclamo, era la principal consigna nacional, un tema
político con potencialidad para catapultar los radicalismos, y peor resultaba
cualquier expectativa de negociación futura, la mejor oportunidad de Barrick
Pueblo Viejo era materializar esas negociaciones con un presidente al que en
ningún momento le interesó dañar la imagen de la empresa, sino que por el
contrario tuvo el valor de reconocer que representaba la inversión extranjera
más importante que haya recibido el país en toda su historia y elogió su
responsabilidad medioambiental por ser dueña de una tecnología de explotación
minera que no agrede la naturaleza.
Muchos
de los que exigían la renegociación del contrato no deseaban que eso ocurriera, lo que querían
era un clima de confrontación que les permitiese pescar en mar revuelto, pero
una vez más se les peló el billete.
La entereza del político que nos gobierna
quedó demostrada una vez más porque en ningún momento buscó ni aceptó
entendimientos por debajo de la mesa ni negociaciones que enajenaran recursos
que correspondieran a gestiones futuras de gobierno, solo suscribía un acuerdo
con dignidad y transparencia.
En
la proporción de pagos de intereses, impuestos, depreciación y amortizaciones,
62.9% del producto de las operaciones se quedaba en manos de la empresa y el
Estado recibía un 37.1, pero desde que el Congreso apruebe la modificación del
contrato recibirá un 53%.
En
el periodo 2013-2016 el Estado recibiría 377. 4 millones de dólares, y eso se aumentaron
a 2,200 millones, y en beneficio durante la vida de ese contrato que sería de
10 mil millones de dólares para el Estado, será de 11,600, más otros beneficios
que ayudarán a Danilo Medina a cumplir con sus compromisos de campaña.
La seguridad jurídica del país ha salido ilesa,
y el conflicto no derivó en perjuicios para otras inversiones, ni en deterioro
de las relaciones con dos naciones que son claves para la economía de la
República Dominicana: Estados Unidos y Canadá.
