<b>Santo Domingo.- La Procuraduría General de la República, a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), solicitó la captura de siete personas procesadas por la comisión de actos de corrupción pública en distintas instituciones del Estado, algunos que ya han sido condenados y otros declarados rebeldes por distintos tribunales del país</b>.
En ese sentido, se informó fueron dirigidas diferentes instancias tanto a jueces de la ejecución de la pena, para el caso de los condenados, como a los departamentos de captura de prófugos de las correspondientes fiscalías.
La magistrada Laura Guerrero Pelletier, directora de la PEPCA, manifestó su intención de lograr que aquellos imputados condenados y que aún no han cumplido con su sentencia, sean lo antes posible presentados ante el Juez de la Ejecución de la Pena, con el propósito de que se dé cumplimiento a las mismas. Agregó además que lo mismo se pretende con aquellos que han sido declarados rebeldes, puesto que su ausencia en los procesos ha impedido el desarrollo de los mismos.
Entre los que han recibido sentencia condenatoria se encuentran: Celeste Francisca Morel Oviedo, condenada a 3 años de reclusión mayor, por violar los artículos 145, 146 del Código Penal y 146 de la Constitución en perjuicio del Estado dominicano. La misma fue acusada de desviar fondos pertenecientes al Hospital Padre Las Casas, de Azua, dependencia del Ministerio de Salud.
Asimismo, la penada Lesbia Nereida Castillo Pimentel, también condenada por cometer actos de corrupción en el Instituto Nacional de la Aguja y malversar fondos Públicos en perjuicio de varias personas y del Estado dominicano.
Las personas que se encuentran en estado de rebeldía son: Agustín Junior Ruiz Santos y Luis del Carmen Calderón Peralta, ambos sometidos ante la jurisdicción de la Provincia Santo Domingo por incurrir en irregularidades mientras se desempeñaban como empleados de Promese/Cal. Además, el imputado José A. Vargas, procesado por actos de corrupción en Fodearte, y María Patricia Sánchez Vásquez, ex funcionaria acusada de desviar fondos de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI). Estos últimos casos están siendo conocidos en el Distrito Nacional.
La magistrada Guerrero Pelletier exhortó a estas personas que se presenten por ante los respectivos tribunales “o de lo contrario imputados y condenados, serán debidamente conducidos dando cumplimiento a las disposiciones legales a tal efecto”.
