SANTIAGO.- La
Unidad contra la Violencia de Género, estamento judicial de esta ciudad que
investiga las supuestas agresiones sexuales cometidas por un sacerdote de
origen polaco, contra varios niños de la comunidad Juncalito, donde ejerce su
ministerio, espera que se presente en los próximos días, para ser interrogado
sobre el particular.
Se trata del
caso en que está envuelto el padre Wojciech Gil, también conocido como Alberto,
a quien la delegación del Caribe de los padres Miguelitas, a la que pertenece
la congregación San Miguel Arcángel, y de la que forma parte, anunció la tarde
de este viernes que lo suspendió de sus funciones sacerdotales.
Este sábado
se informó desde el departamento judicial que tiene a su cargo las
averiguaciones sobre el particular que la magistrada Gladis Núñez, encargada de
ese organismo, tiene la esperanza de que Wojciech regrese al país lo más pronto
posible desde Polonia, donde se halla de vacaciones.
Aunque en el
pueblo de Juncalito se asegura que pasan de 10 los jovencitos abusados
sexualmente por el padre, solo parientes de dos se han presentado ante la
Unidad contra la Violencia de Género de aquí.
La
suspensión del sacerdote, de 36 años, fue dada a conocer la tarde de ayer por el
Arzobispado de la arquidiócesis de Santiago, a través de un documento emitido
por su departamento de comunicación y prensa.
La medida
adoptada en su contra ocurre horas después que la fiscalía de esta ciudad
anunció que investiga versiones que lo vinculan como propiciador de abusos
sexuales en contra de por lo menos tres menores residentes en Juncalito, paraje
perteneciente al municipio de Jánico, de la zona serrana de esta provincia.
El máximo
organismo del catolicismo en esta demarcación precisó que horas antes había
recibido la comunicación del superior de la delegación del Caribe de los padres
Miguelitas, en nombre de la congregación San Miguel Arcángel.
Indicó que
en la misma se le comunica que el presbítero Alberto Wojciech Gil, queda
suspendido de sus funciones sacerdotales, lo que de inmediato fue aceptado por
el Arzobispado, según las normativas de la iglesia, extendiéndolas a la
Arquidiócesis de Santiago y a nivel nacional.
“Nos consta que dicha institución,
de la cual depende el padre Alberto y que es la autoridad competente según las
normas de la iglesia, en el momento en que se hizo público este caso, el padre
Gil se encontraba en Polonia, su tierra natal, coincidiendo con las vacaciones
que le corresponden cada año; pero su congregación le ha pedido que retorne
cuanto antes al país para responder ante esta situación”, precisó un párrafo de
la declaración del Arzobispado.
Y termina asegurando que,
una vez informada la congregación, le
pidió a la Fiscalía que llevara a cabo las investigaciones
correspondientes hasta las últimas consecuencias, de acuerdo a las leyes
dominicanas, de tal manera que prevalezca la verdad y la justicia”.
