SANTO DOMINGO.- El Sexto Juzgado de la
Instrucción del Palacio de Justicia de Ciudad
Nueva conocerá este lunes 3 de junio las medidas de coerción solicitadas
por la Fiscalía del Distrito Nacional contra los principales responsables de la
Corporación Delta Intur y empresas
vinculadas, acusados de distraer
más de mil 500 millones de pesos depositados en esas entidades a través de
bonos corporativos y papeles comerciales.
Las medidas de coerción solicitadas también por los
abogados de unas 175 familias afectadas
por la presunta estafa, están dirigidas contra los imputados Leonardo Sánchez-Heredero Álvarez,
Mariano Vallejo Martín, José Ignacio Martín Moina, Francisco Cerén y Julio José
Vega López como autores principales y personas civilmente responsables de los cargos de violación del Código
Penal Dominicano, el Código Monetario y Financiero, la Ley de Mercado de
Valores, y la Ley sobre Mercado y Sociedades Comerciales y Empresas
Individuales de Responsabilidad Limitada.
La audiencia será conocida a partir de las nueve de
la mañana por la magistrada Clara Luz Almonte, juez presidenta del Sexto Juzgado de instrucción del Distrito
Nacional.
El expediente incluye como “terceros civilmente
responsables de las acciones delictuosas”
a las razones
sociales Corporación Delta Intur, S. A.
(DELTUR); Grupo Inmobiliario Delta, S. A.; Promociones Keops, S. A.;
Inversiones Inmobiliarias y Turísticas, S. A. (INTUR); SAT, S. A.; Safina Dominicana, S. R. L., Capital Palmanova, S.
A., Trivento Investment, S. A., Belarusius Investment, S. A., Capital
Portogallo, S. A., Capital Oceanfront, S. A., Capital Terradance Corp., S. A.,
Cerpicot, S. A., Montebello Investment, S. A., Puebla Investment, S. A., Dalby
Enterprises, S. A., Coldwell Banker Domininicana, S. A., Maderarte Industrial,
S. A., RD Asesoría Inmobiliaria Co, Promotora Puerto Plata, S. A., Inmobiliaria
Las Cayenas, S. A., Promotora Benihana, S. A., Constructora El Portal, S.
A., Desarrollos Pontezuela, S. A.,
Promotora de Desarrollo Centro Histórico, S. A., Promotora Las Violetas, S. A.,
Constructora Las Amapolas, S. A., Constructora Balmoral, S. A.; BHD Realty, The
Virginia Overseas, North Choice Enterprise, Istmo Enterprise; Invercosta
Overseas como terceros civilmente responsables por la comisión de los ilícitos
precedentemente indicados.
La
querella de acción penal pública a instancia privada, por las infracciones de
estafa y abuso de confianza con constitución en parte civil está a cargo de los
abogados Luis Miguel Rivas, Eric Raful Pérez, Santiago Rodríguez, Gustavo
Biaggi, Lincoln Hernández Peguero, Hipólito Herrera Vasallo y Laura Acosta Lora.
El Concejo de abogados de
los obligacionistas afectadas por el incumplimiento de Delta Intur ponderó la
decisión del Ministerio Público de asumir plenamente la querella y solicitar
medidas contra el grupo encabezado por el empresario español Leonardo
Sánchez-Heredero Álvarez.
“Estamos ante hechos gravísimos que de no ser aclarados y
sancionados, se convertirán en el primer gran fracaso y una pesada
hipoteca al futuro del mercado de valores. La querella contra DELTA INTUR, además de un
acto de legítima defensa de un importante núcleo de ciudadanos, procura que se
establezcan responsabilidades, se revisen los procedimientos que han permitido
esta gran estafa, y que los tribunales y las autoridades actúen para salvar la
credibilidad futura del mercado de valores”, expresan los juristas en una
declaración de prensa.
