<b>Los defensores del Estado Liberal,
decimonónico y ahora anticonstitucional, no son solo los abogados del capital, lo
son también nuestros jueces. Sí, los mismos que están para garantizar el orden
constitucional y el principio de efectividad de la Constitución. ¿Cómo hemos
llegado a tener jueces que sirven no a la justicia, sino a intereses
particulares en
perjuicio del interés general?.</b>
La respuesta a esa pregunta es compleja más
podemos dar algunas respuestas. En primer lugar, los jueces dominicanos
provienen de sectores de la baja pequeña burguesía pobre y muy pobre de nuestro
país y, como todo bajo pequeño burgués, tienen la aspiración de trepar, de ascender a niveles
superiores en la escala social, quisiera hacerlo con base a su talentos, pero
como están convencidos de que el sistema político dominicano es corrupto. Esto
es que se premia la corrupción y se castiga el comportamiento decoroso, todos y
todas juegan a
mantenerse en el puesto, aun sea a costa de llevarse de plano la Constitución y
todo el ordenamiento
jurídico que ella comporta. Eso de la reforma judicial les sabe a pamplinas,
pues ya han visto que es una mentira descarada.
Otras veces, el juez actúa por pura
ignorancia, pues para nadie es secreto que la educación dominicana presenta
fallas estructurales de gran calado. Esa ignorancia conlleva cierta genuflexión
frente a los poderosos, el juez tasa el
poder de los contendientes en la batalla legal y como todo mal árbitro, decide
no por quien tenga razón, sino por quien tenga poder económico o político, o de
cualquiera otra índole. Toma esta decisión, porque desea evitarse
inconvenientes, sabe que esos sectores pueden ver al Presidente de la Suprema
Corte de Justicia y a cualquier miembro de Consejo del Poder Judicial, cuando
le plazca, o a un político influyente que haya contribuido a la designación de los jueces superiores; en cambio, a la
parte débil, como a ellos mismos, le será difícil dialogar o presentar una queja ante tan altas
esferas, pues el Poder Judicial, es ejercido de forma vertical en la República Dominicana.
Es un poder que se caracteriza por la simulación. Pues se presenta ante la
opinión pública como un poder al servicio del interés general, pero en la
práctica obedece al poder político y al poder económico, en pocas palabras, en la República Dominicana seguimos teniendo
un derecho decimonónico, clasista e
inconstitucional.
Ante ese escenario ¿cómo se puede pretender
que se hará justicia? Es de ilusos pensar que en tales circunstancias, por ejemplo,
los consumidores podrán obtener resultados judiciales cuando hagan pedimentos
concretos ante la justicia. Este razonamiento tiene mucho de verdad pero olvida que
aun en esas circunstancias la verdad puede y debe imponerse, pues la humanidad
está hecha de sueños llevados a la realidad. No estoy sugiriendo un optimismo
tenaz, estoy planteando que la verdad termina imponiéndose más temprano que
tarde.
Nuestros jueces han empezado ya a quitarse la
mordaza, se están sindicalizando. Quien se detenga a observar el
contenido de sus planteamientos notará que están en una fase en la cual su prioridad es
obtener conquistas a lo interno de la justicia, esto es, se infiere que están
laborando en condiciones precarias y que con objeto de múltiples abusos. Los
jueces antes que administradores de justicia, son víctimas del status quo. A
diario están siendo objeto de vejaciones, de maltratos, de violaciones a sus
derechos. Así, el caos que opera al interior del sistema de justicia se refleja hacia
afuera como decisiones dadas en las precarias condiciones imperantes. Pues se
sabe ya que la formación, que la rectitud, no pagan, pagan los amarres y los enganches políticos.
De manera que estamos avocados a establecer:
seguir como sociedad bajo el sistema clientelar, o vamos cuando menos, a crear
un poder judicial funcional. ¿Qué
estamos diciendo? Que no es sostenible un modelo de sociedad basado en la
mentira como sugiere Robert Greene en su dañino libelo “Las 48 leyes del Poder”.
Sus planteamientos eran válidos mientras imperó el positivismo jurídico como pensamiento
jurídico determinante y en correspondencia con las ideas de Nicolás Maquiavelo
que fue quien separó la moral de la política y del derecho.
Ahora, afortunadamente, transitamos caminos que buscan volver a puntos
coincidentes con el Derecho Natural que el positivismo jurídico soslayó por su
marcada inclinación a favorecer los intereses de la burguesía luego de la Revolución francesa de 1789. Si a
ese fenómeno se le dio el nombre de modernidad, hoy podemos decir que
representa lo más rancio del pasado de lo que no debe ser, de lo que no
funciona, de lo que se debe superar y ha
sido superado ya por la corriente neo constitucionalista hoy en auge.
Más que leyes mentirosas sobre la forma de
ejercer torcidamente el poder, la sociedad requiere de valores, de líderes
reales, concretos, en contacto directo con el pueblo, con las leyes, con la
constitución y sus principios. Más que abogados chicaneros y jueces al servicio del capital, la
nación requiere de jueces y abogados apegados a principios éticos, morales y
constitucionales que garanticen el interés general y el ideal de justicia. Sin
ello, estaríamos construyendo una sociedad basada en el viejo conflicto de
clases con lo cual la administración
de justicia seguiría deteriorando su imagen hasta conseguir el colapso social.
Pues allí donde los conflictos no tienen salidas institucionales, la violencia
y la venganza privadas, pasan a ocupar el lugar de aquella. Así, cuando se
habla de ingobernabilidad, se está hablando de la necesidad de hacer fiables a
nuestras instituciones y morales a nuestros jueces y políticos; esto es, se
habla de sustituir a Maquiavelo y asumir a J. J. Rousseau y a E.l Kant.
Ahora que estamos siendo gobernados por
políticos formados bajo la égida de un moralista a carta cabal, como lo fue Juan Bosch,
tenemos la oportunidad de completar el ideal de los padres fundadores
de la nación o de hundirnos definitivamente en el fondo del mar Caribe. En
pocas palabras, debemos sustituir el positivismo jurídico del Estado Liberal y
asumir con todas sus consecuencias, el estado Social que proclama la
constitución de 2010, pues sus postulados no son poesía, sino obligaciones
constitucionales vinculantes para todos los poderes públicos.
DLH-23-6-2013
