<b>En República Dominicana se registraron avances significativos del año
2000 al 2010 para que la niñez y la adolescencia tengan un buen comienzo en la
vida, pero persisten niveles de pobreza total y extrema que deben ser superados
aprovechando oportunidades y adoptando políticas públicas que permitan superar
esta situación, sostiene un reciente estudio divulgado este miércoles en el
Palacio Nacional.</b>
En
un estudio titulado “Análisis de la
situación de la infancia y la adolescencia en la República Dominicana”,
realizado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, el Consejo
Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), y el Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (Unicef), se señala que los avances se centran en “un mayor número de
niños y niñas que terminan la educación primaria” y que en el país se registra
“una mayor conciencia ciudadana sobre la necesidad de protección de la
infancia”.
El estudio fue divulgado en el curso
de un acto en el Salón Verde del Palacio Nacional encabezado por la
Representante en el país de UNICEF, María Jesús Condes; la Directora Ejecutiva
del CONANI, Kirsy Fernández y Magdalena Lizardo, Directora de la Unidad Asesora
de Análisis Económico y Social del Ministerio de Economía, quien representó al
titular Temístocles Montás; así como del Viceministro de Cooperación
Internacional, Inocencio García.
En materia de salud, el estudio plantea que
los programas del gobierno destinados especialmente a grupos vulnerables
hansido exitosos en materia de
prevención, entre los que se destaca el Programa Ampliado de Inmunización (PAI)
que ejecuta el Ministerio de Salud Pública a través de una red de 1,100 puestos
fijos de vacunación, lo que ha permitido incrementar los niveles de cobertura.
“Es
preciso destacar que el Ministerio de Salud Pública financia en su totalidad la
compra de todas las vacunas a través del Fondo Rotatorio de la OPS, siendo éste
un indicador de compromiso político”, destaca el estudio, según una nota de la
Unidad de Comunicaciones del Ministerio de Economía.
“En 2006, la totalidad de la
compra de la vacuna pentavalente fue asumida por el Ministerio de Salud, luego
de una donación realizada por el gobierno de Japón en el periodo 2001-2005”,
plantea el estudio.
Apunta que el PAI mantiene en cero la
ocurrencia de poliomielitis, sarampión y el síndrome de rubéola congénito, y en
el 2011 sólo se han presentado cinco casos de tétanos, dos de difteria y uno de
tosferina en leche materna como a la inmunización frente a numerosas
enfermedades.
En materia de atención a la primera infancia,
el Consejo Nacional para la Niñez (CONANI ofrece servicios de atención,
educación y salud en aproximadamente 56 Centros Infantiles de Atención Integral
(CIANI), beneficiando a unos 18,000 niños y niñas de 45 días de nacidos a seis
años de edad.
Indica el estudio que según datos del
Ministerio de Educación (2010), “la tasa de asistencia a la educación inicial a
la edad de cinco años es de un 80.4%, con una matrícula de 239,399 niños y
niñas. De ellos, el 39.5% están en el sector público, el 57.4% en el sector
privado, y el 3.1% en el sector semioficial”.
Los logros de las políticas gubernamentales en
educación para la niñez se extienden al nivel básico, donde hay matriculados 1,
647,114 niños y niñas. El 75.5% corresponde al sector público, el 22.6% al
sector privado, y el 1.9% en el sector semioficial. “En cuanto a la tasa neta
de cobertura de las niñas, ésta se sitúa en el 97% y la de los niños en 93,
mientras que la de asistencia neta en primaria en niñas es de 97.4% y en niños
96.4%, lo que refleja una paridad de género en primaria del 1.01%”, agrega.
La pobreza es mayor en la niñez que en los adultos
“Pese a los reconocidos avances, las
desigualdades subsisten y en algunos casos aumentan. Existen grandes grupos de
niños, niñas y adolescentes excluidos, viviendo en zonas urbano marginales y
rurales pobres, tanto en las principales provincias como en la zona fronteriza”,
precisa el documento.
“A pesar de los avances y del constante crecimiento del PIB (Producto
Interno Bruto), la pobreza sigue afectando a una proporción mayor de niños y
niñas que de adultos”, afirma la investigación.
El
estudio, realizado a partir de insumos preparados por un grupo de consultores,
sostiene que mientras la población menor de 18 años representa el 36.2% de los
habitantes del país, “el 47% de la población pobre es menor de 18 años”.
Agrega que el total de niños y adolescentes
pobres es particularmente elevado “en las provincias de la frontera y en los
bateyes”.
Igualmente
señala el estudio que “el rápido proceso de urbanización vivido en los últimos
años ha generado bolsas de pobreza en las zonas marginales urbanas de Santo
Domingo y Santiago”, caracterizados por “el bajo desempeño económico, la
precariedad de las infraestructuras y la baja calidad y cobertura de los
servicios sociales”.
En cuanto al ejercicio de los derechos de la
niñez y la adolescencia, el estudio descubrió que existen muy pocos espacios
“para que los niños, niñas y adolescentes puedan hacer oír sus opiniones”, en
tanto que éstos no cuentan con mecanismos para interponer denuncias pese a que
existen varias leyes de protección de sus derechos.
Apunta que “grandes grupos de personas” viven
excluidas, especialmente niños, niñas y adolescentes en zonas marginales de las
grandes ciudades y en el ámbito rural.
En
el caso de los bateyes, el estudio señala que “136,000 personas viven en los
bateyes en condiciones altamente precarias, con acceso limitado a servicios
básicos de salud, educación, agua potable y saneamiento”.
“Casi el 20% de la niñez menor de 15 años vive
sin sus padres, lo que les expone a un mayor riesgo de explotación. Solo el 21%
de la adolescencia asiste a la educación media, en comparación con la tasa neta
de la matrícula nacional que es de 51.1%”, consigna la investigación.
Explica que 48 de cada 100 niños de 0 a cinco
años carece de registro de nacimiento, cifra muy por encima del promedio
nacional que es de 21 de cada 100.
Igualmente,
85 de cada 100 adolescentes de 16 a 17 años carece de cédula de identidad, lo
que “limita su acceso a oportunidades de educación y empleo formal”.
En cuanto a los servicios de salud para la
primera infancia, en los bateyes solo el 36% de la niñez entre 18 a 36 meses ha
sido vacunada completamente, mientras que el promedio nacional es de 49%.
En lo relativo a la desigualdad de afectación
de la pobreza, el estudio descubrió que “de cada 10 niños, niñas y adolescentes
residentes en las zonas rurales, 6,3 eran pobres, mientras que en las zonas
urbanas, 4,5 eran pobres”.
No
obstante apunta que los niños, niñas y adolescentes rurales son más pobres que
los urbanos, pero los urbanos “se han empobrecido mucho más rápidamente” en los
diez años que abarca el estudio.
En cuanto a las tasas de mortalidad materna e infantil reconoce que
han bajado en los últimos años, pero advierte que todavía el país tiene que
esforzarse más para aprovechar las oportunidades que ofrecen las
transformaciones institucionales y el desarrollo de capacidades y poner fin a
las muertes evitables.
En este orden llama la atención que el Sistema Nacional de Vigilancia
Epidemiológica reportó en 2011 una tasa de mortalidad infantil de27 por 1000 nacidos vivos, lo que supone que
5.866 niños y niñas se murieron ese período antes de cumplir su primer año de
vida.
El
estudio resalta, además, que el 90% de las víctimas sexuales fueron menores de
edad en 2010, dato que dijo debe servir junto a otras estadísticas para la
elaboración de leyes y políticas dirigidas a disminuir esa y otras realidades,
tales como la persistencia en el país de la más elevada mortalidad materna,
pese a ser evitable, pues alrededor del 80% de los partos en el país tienen
lugar en hospitales públicos.
No
obstante, identifica como una “valiosa oportunidad” el compromiso del Presidente
Danilo Medina de reducir las muertes maternas a 50 por 100,000 nacidos vivos e
infantiles a 15 por 1000 nacidos vivos.
En este sentido, el informe cita
la puesta en ejecución del Plan Estratégico Nacional parala Reducción de la Mortalidad Materno e
Infantil 2012-2016 y la cobertura casi universal de control prenatal y partos
institucionales que deberán facilitar
las intervenciones basadas en evidencia y de probada eficacia.
