Rectificar errores es una cualidad
enriquecedora del ser humano, y hacerlo
antes de que una determinación incorrecta afecte a terceros, demuestra que se
ha actuado de buena fe.
En el caso de los servidores públicos si
bien es cierto que es preferible que se
equivoquen tratando de producir cambios en beneficio de la sociedad, que
aquellos que nunca meten la pata por su impasividad, pero están obligados a afinar mejor la puntería para que tomar decisiones y dar marcha atrás no se
convierta en práctica recurrente.
Es plausible que el Instituto Dominicano de
las Telecomunicaciones (Indotel), raudo y veloz haya vuelto sobre sus pasos y
haya retirado la decisión comunicada al director del Instituto Tecnológico de
Las Américas (ITLA), José Armando Tavárez, en el que le informaba que no sería
renovado el acuerdo entre esas dos entidades que conforma el Fondo para la
Excelencia Académica, lo que implicaba que 660 estudiantes de todo el país
quedaban sin la beca para sus estudios en el ITLA.
La explicación del Indotel desde el punto
de vista administrativo era lógica: si la entidad ha padecido una reducción del
50% de su presupuesto lo más razonable es que recorte programas, pero el
impacto social sería catastrófico, porque los estudiantes perjudicados viven en
una residencia estudiantil que les construyó el Indotel por sus condiciones de pobreza y lo que todo
eso reflejaría sería falta de
continuidad en los compromisos del Estado.
Antes de que el presidente se lo ordenara,
Indotel entendió el daño que ese representaría primero para esos estudiantes,
pero también para el gobierno y ha hecho una especie de regreso a la posición
anterior.
De no haber actuado el Indotel por segunda
semana consecutiva tendríamos al presidente Danilo Medina interviniendo para
dar marcha atrás a decisiones impopulares de entidades gubernamentales que
están normadas por sus respectivos consejos, como ocurrió con la resolución de
la Superintendencia de Electricidad que rebajaba la tarifa a pagar del comercio
y la pequeña y mediana industria y aumentaba la de la clase media, que le dan
un puyón y no vota sangre, con todas las cargas que tiene encima y una de las
más irritantes es precisamente la de la electricidad.
El presidente paró eso, como lo había hecho
con la decisión del consejo de la Corporación de Acueductos y Alcantarillado de
Santo Domingo (CAASD), que disponía un reajuste en la exigua tarifa de pago de
agua para poder solventar los costos administrativos y los planes de expansión de la institución.
Pero disposición del presidente también
quedó sin aplicar el nuevo impuesto a las placas de los vehículos de motor
contenida en la reforma fiscal que el propio Gobierno había hecho aprobar para
procurar los recursos que permitieran cumplir el compromiso de aplicar el 4%
del PIB a la educación preuniversitaria, y que también había anunciado un plan
de solución al estancamiento del desarrollo de Bahía de las Aguilas, pero que después rectificó devolviendo el caso a
donde vivirá inconcluso por los siglos de los siglos.
Aunque todas esas rectificaciones permiten conservar alta popularidad, no es
menos cierto que van dejando un substrato que al mediano plazo puede cobrar
altos intereses, porque pueden vender la sensación de que se está ante un
Gobierno muy temeroso de las corrientes adversas de opinión, por lo que es
persuasible, manipulable.
Ninguno de los graves problemas
estructurales se abordan con salidas populistas, las soluciones conllevan
sacrificios que tienen que ser compartidos.
