<b>Miles de personas quedan en en limbo jurídico en
República Dominicana, convertido en apátridas luego que el Tribunal
Constitucional presidido por Milton Ray Guevara, negara la condición de
dominicanos a los descendientes de haitianos.</b>
La sentencia emitida por la alta corte, al decir de
algunos, constituye un complemento de la matanza de haitianos llevada a cabo
por la dictadura de Trujillo en el 1937, en la que fueron asesinados miles de inmigrantes
de la vecina nación.
Datos históricos consignan que el el 28 de septiembre
de 1937 en la mañana se inicio al sur de Dajabón el exterminio de los
residentes haitianos, a quienes mataban con cuchillos, palos y machetes con la
intención de que pareciese un motín llevado a cabo por campesinos dominicanos.
Esta acción criminal se intensificó a partir del 2 de octubre. "Entre 12,000 y
25,000 nacionales haitianos fueron asesinados en esta matanza, las cifras no
son exactas debido al clima de especulación preponderante en la
época".
El tribunal constitucional ha dispuesto revisar los
casos de descendientes de haitianos a partir de 1939, o sea dos años después de
que iniciara aquella matanza y que obligó a que muchos niños y niñas
descendientes de haitianos fueran entregados por sus padres a familias
dominicanas para que la protegieran de las huestes trujillistas. Esos jóvenes
descendientes de las víctimas de aquella matanza quedarían sin derecho a una
nacionalidad por la sentencia emitida.
La medida afecta además ha familias traídas bajo contratos por el Estado dominicano para el corte de caña. Muchos de ellos nacieron en República Dominicana y nunca han viajado ni residido en Haití, República Dominicana.
Con razón, el
Centro Bonó ha calificado de aberrante la
sentencia 168-13 del TC pues “legitima actos administrativos ilegales de la
Junta Central Electoral (JCE), afectando de esta forma los derechos
fundamentales de más de cuatro generaciones de hombres y mujeres que durante
toda su vida han formado parte del pueblo dominicano, y han contribuido al
desarrollo material, cultural y espiritual de esta República. Se trata, según
la entidad, de una práctica jurídica que viola abiertamente el principio de
irretroactividad de las leyes.
El Centro Bonó
manifiesta públicamente su indignación por ver cómo el TC se extralimitó en el
caso de Juliana Deguis Piere, quien acudió al tribunal con su nacionalidad
intacta, y, en vez de recibir la tutela y protección de sus derechos
fundamentales, salió desnacionalizada por los jueces que aprobaron la
sentencia.
Bonó dice que en
este caso el Tribunal Constitucional se separa de sus atribuciones, pues, tal y
como lo ordena la Carta Magna en su artículo 74, la alta corte tiene la
obligación de interpretar el derecho en “el sentido más favorable a la persona
titular de los mismos”.
El TC, dijo el
Centro Bonó, “ignora los principios de sentencias de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos así como los pactos y tratados internacionales que tienen
jerarquía constitucional.
“Frente a este
escenario el Centro Bonó llama a toda la ciudadanía a deplorar la sentencia
evacuada por el más alto tribunal, y expresa su profunda preocupación porque se
ha vulnerado el Estado de Derecho, la seguridad jurídica y la
institucionalidad democrática de República Dominicana” indica en su comunicado.
El Bonó anuncia que
acompañará a todos los afectados y afectadas por esta sentencia hasta que los
derechos que han sido violados por la misma sean restituidos.
“El Tribunal está
apoderado de casos de cientos de personas de situación similar, por lo que
esperamos que, en el futuro, y apegado al Derecho, revise y varíe su propia
jurisprudencia, conforme a la Constitución, las leyes y a los tratados
internacionales”.
“Llamamos la
atención a todos los Poderes del Estado para que asuman su responsabilidad en
el ejercicio equilibrado de los poderes, y armonicen sus puntos de vista para
buscar una solución justa y digna a esta problemática”.
El Centro Bonó
saluda y reconoce la dignidad de los magistrados que se opusieron a esta
tristemente célebre del Tribunal Constitucional.
