Experto plantea problema haitiano supera marco jurídico

Un ex secretario ejecutivo de la Comisión Mixta Bilateral Domínico-haitiana
considera que aun cuando la decisión del Tribunal Constitucional sobre la
inmigración ilegal haitiana es correcta, la resolución de ese problema requiere
de medidas más económicas y sociales que jurídicas.  

  Julio Ortega Tous recordó que el
producto interno bruto haitiano en 1850 superaba al dominicano hasta 1960,
cuando se igualaron, y es ahora quince veces mayor que el de ellos.

  “Es en la explicación de ese proceso
económico, social e histórico  donde debe
buscarse el porqué de esa gran inmigración haitiana, una mano de obra que incide
tanto en el país que determina incluso el bajo sistema salarial dominicano”,
agregó.

  Entrevistado por Manuel Jiménez y
Felipe Ciprián en Propuesta de la
Noche por Digital 15, Ortega Tous dijo que también es ese
proceso el que explica el porqué es tan bajo el salario promedio del país respecto
al nivel y a la distribución de la riqueza nacional.

  “Creo que estos factores son los más
importantes en este asunto, y por eso en la Comisión Mixta tratábamos
siempre de elaborar proyectos, de concertar acuerdos y de negociar para
facilitar a Haití un rápido crecimiento”, dijo.

  Considera que ese problema tampoco se
resuelve con la ayuda internacional a Haití, que hoy financia el gasto
corriente de su presupuesto con el 70% de donaciones y el gasto de capital con casi
el 100%.

Ortega Tous dijo que ante tal realidad, a la República Dominicana
corresponde actuar desde la
Comisión Mixta Bilateral como un pivote que coadyuve al crecimiento
de la parte occidental de esta isla compartida por dos estados.

  En lo jurídico dijo que la decisión del
Tribunal Constitucional no niega la nacionalidad a los hijos de indocumentados
nacidos en el país a partir de 1929 sino que aclara el procedimiento que los extranjeros
nacidos en el país en condición de ilegalidad deben cumplir para obtenerla.

  “No podemos continuar con decenas o con
cientos de miles de personas en un limbo legal, por eso el Tribunal Constitucional
da una base legal y ordena al Estado e incluso da plazos a la Junta Central Electoral y a los
demás poderes públicos para que sometan a esas personas a un plan de
regularización migratoria y legal”, interpretó.

Citó el caso de la señora Juliana Deguis Pierre que obtuvo
sus documentos como se ordena y que por tanto podrá aplicar en cinco años a la
naturalización bajo protección de la ley dominicana.

  Justificó que el país cuenta desde la
nueva Constitución de 2010 con un ordenamiento que arrastra continuidades y
rupturas, entre las cuales identificó la creación del Tribunal Constitucional.

Recordó que en su ámbito este Tribunal es inapelable y
que incluso puede declarar la inconstitucionalidad de resoluciones, de
sentencias y de casaciones que dictaminaba antes la Suprema Corte de
Justicia a través de su sala constitucional.

  “Es mandatario, como dijera el
consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el doctor César Pina Toribio”,
sentenció.

  Citó que el ordenamiento jurídico es
tan importante que la hija mayor suya nacida en Francia nunca ha tenido
posibilidad de adquirir esa nacionalidad, ni casi cinco millones de personas de
origen argelino de hasta de tercera generación en aquella ocasión, pese a que nunca
habían ido a Argelia.