<p>De 5 mil 826 ONG registradas casi el 27% &nbsp;recibió fondos presupuestarios en 2013</p>

<b>El Consejo del Centro Nacional de Asociaciones sin
Fines de Lucro (ASFL) del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo recordó
este miércoles los requisitos legales y normativos para asignar fondos del
contribuyente en el presupuesto nacional a las asociaciones sin fines de lucro
(ONG).</b>

Informó a través de una nota difundida por la Unidad
de Comunicaciones del Ministerio que en el Registro Nacional de Asociaciones
sin Fines de Lucro hay hoy 5,826 ONG y casi el 27% de ellas recibió fondos presupuestarios
en 2013 y mil 571 proyectadas para recibirlos en 2014.

La habilitación es el procedimiento que asegura que
los servicios de esas asociaciones cumplan con condiciones mínimas en recursos
físicos, humanos, estructurales y de funcionamiento que garanticen su
prestación a la población de manera segura&nbsp;
y de calidad.

Para ello el Consejo informó que se dispone ya de un
“Manual General de Normas Técnicas de Habilitación” en cuya elaboración jugó un
papel fundamental la propia Sociedad Civil.

En reunión del Consejo presidida por el viceministro
de Planificación derl Ministerio, en representación de su titular Temístocles
Montás, y acompañado del director ejecutivo Hernán Paredes, entre otros, tiene
entre sus obligaciones ordenar y conferir racionalidad, pertinencia y
transparencia a la asignación de fondos en apoyo a los servicios que las
asociaciones sin fines de lucro prestan a la comunidad.

El monto para ONG en el Proyecto de&nbsp; Presupuesto 2014 asciende a RD$1,543 millones,
4.5% mayor en términos nominales o sin crecimiento real con respecto al de 2013,
cuando en contraste crecía de manera sustancial la demanda de las ONG.

&nbsp;“Los criterios establecidos
en la misma Ley (122-05) y en su Reglamento (40-08), han dado pie a que pueda
establecerse un “antes” y un “después” en las asignaciones a las ONG”, comenta
el Consejo.&nbsp;

Ese cambio cualitativo se debe a que los instrumentos
normativos establecen, como parte del sistema de fomento y promoción de esas
asociaciones, mecanismos para un adecuado ordenamiento, seguimiento y control, entre
ellos el registro nacional de habilitación y la rendición de cuentas.

“La aplicación de controles asegura la calidad del
gasto en este sector que será reforzada para garantizar a la sociedad que cada
peso del presupuesto entregado a las asociaciones sin fines de lucro se
traduzca en una contribución efectiva a la erradicación de la pobreza, a
garantizar la seguridad alimentaria y la buena alimentación, asegurar el acceso
a los más vulnerables a más y mejor servicio en educación, acceso a servicios
de salud, a oportunidades de desarrollo y a una mejor calidad del medio
ambiente”, subraya el Consejo.

Recuerda que para una ONG habilitarse y tener acceso a
fondos públicos debe iniciar todo un proceso que culmina en su registro en el
Centro, documentos legales e información general sobre la entidad, registros
ONAPI, de la Procuraduría General, el RNC y presentar periódicamente un informe
detallado sobre las aplicaciones de los fondos públicos recibidos.&nbsp;

&nbsp; El Consejo señala que la aplicación
de esos criterios y procesos permite apreciar en su cumplimiento el grado de
fiabilidad con que opera el servicio de promoción de asociaciones sin fines de
lucro (ASFL) que, de manera creciente, “ha ido cerrando el paso a fondos
públicos a asociaciones sin fines de lucro dudosas o “fantasmas”.

En general el Consejo otorga un digno de
reconocimiento al trabajo de las ONGs y a la producción de servicio que
entregan a los sectores más vulnerables de la sociedad hasta ser en la
generalidad de los casos ejemplos de eficiencia y eficacia.

Esto lo relacionó con el hecho de que, por fortuna y de
manera creciente, la asignación de dinero del presupuesto a asociaciones sin
fines de lucro se hace de manera segura, transparente y sujeta a filtros.

Entre los controles cita el proceso para la
habilitación, mediante el cual un organismo estatal competente como los
ministerios de Salud Pública, de Educación o de Medio Ambiente certifica que
una ONG cumple mínimos estándares de capacidad administrativa.&nbsp;