No cabe duda de que la República Dominicana está compelida a llevar hasta las últimas consecuencias su firme y soberana decisión de regular el sistema migratorio nacional, como expresión de soberanía y dignidad como nación. No importa la reacción de los haitianos que viven aquí o los que están en Haití, es nuestro derecho como país ypunto.
Entiendo correcta la ofensiva diplomática impulsada por el Gobierno ante diversas instancias internacionales que están requiriendo informaciones más directas relacionadas a la histórica y definitiva Sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional (TC) que establece una nueva normativa en el sistema de regulación migratoria.
El presidente Danilo Medina ha recibido en su despacho del Palacio Nacional a embajadores de varios países acreditados en el país; representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de la Unión Europea y Congresistas de Estados Unidos a quienes ha explicado detalladamente el contenido de la disposición oficial. Simultáneamente, ha enviado comisiones gubernamentales a Estados Unidos, Venezuela y Cuba.
La pasada semana, elministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, encabezó una delegación integrada por José Ramón Fadul, ministro de Interior y Policía; César Pina Toribio, consultor jurídico del Poder Ejecutivo; Miguel Mejía, ministro sin Cartera y Roberto Rosario Márquez, presidente de la Junta Central Electoral, quienes se reunieron en Caracas y La Habana con funcionarios de alto nivel para explicarles aspectos de la política migratoria dominicana.
Muy atinada la decisión del Gobierno de enviar esos funcionarios a orientar directamente a nuestros aliados internacionales sobre el contenido y propósito de las medidas migratorias, cuyo propósito ha sido distorsionado maliciosamente por la diplomacia haitiana que busca a toda costa una sanción de los organismos internacionales contra la República Dominicana.
Los haitianos olvidan la tradicional manifestación de solidaridad de los dominicanos hacia ese empobrecido territorio; en algunos momentos nos hemos quitado el pan de la boca para dárselo a esos vecinos malagradecidos.
Parece que su propósito es que también le entreguemos el territorio de la República Dominicana. ¡Qué barbaros! En realidad, la soberanía de una nación no se negocia ni se regala. Los haitianos tienen que buscar su propia alternativa de supervivencia pero en su territorio.
Hay que impedir que los centros de maternidad del país sean abarrotados de haitianas que cruzan la frontera sin documentación y que cientos de niños sin ningún papel de identidad sean aceptados en las escuelas de la región fronteriza. Exagerada solidaridad, que al final es pisoteada por los propios beneficiarios.
¿Por qué Mario Vargas Llosa no escribe de las estrictas políticas migratorias de España y Francia y el trato vejatorio que dispensan a los extranjeros, especialmente a los negros africanos y latinoamericanos que intentan llegar a sus costas?
La distorsión exhibida por el diario español El País en contra del contenido de la Sentencia del Tribunal Constitucional merece el rechazo de toda la población dominicana, porque nadie tiene derecho a inmiscuirse en asuntos soberanos de una nación.
¿Por qué el propio premio Nobel de Literatura no exhibe la misma pasión que tiene en sus reflexiones contra la República Dominicana, asumiendo una postura digna de recordarle a Estados Unidos, Francia y Canadá que han incumplido las promesas de ayudar a los haitianos tras el terremoto que devastó a Puerto Príncipe, el 12 de enero del 2010?
En el plano local, hay que advertir que las pasiones están en niveles muy elevados y se debe evitar una confrontación física entre los que defienden la Sentencia del Tribunal Constitucional y aquellos vinculados a las organizaciones pro haitiana. Entre gentes civilizadas y adultas por demás debe primar el respeto y la consideración.
Hay acciones de violencia en Loma de Cabrera, municipio de la provincia Dajabón, donde haitianos dieron muerte a un agricultor lo que ha levantado la furia entre los dominicanos que en grupo salieron a las calles a demandar la expulsión de los extranjeros. Es un cuadro muy preocupante y reflejo directo de hacia donde podrían dirigirse los enconos.
Muchos de los haitianos residentes en el país son delincuentes con delitos penales pendientes de ser juzgados y condenados en su territorio.
Esta semana en Puerto Príncipe, se espera una reunión de los países integrantes de la Comunidad del Caribe (CARICOM), donde se anticipa que habrá una resolución de condena a la medida adoptada por el Tribunal Constitucional dominicano. El propio presidente de Haití,Michel Martelly, desde Kingston, Jamaica, adelantó esa posibilidad.
Sin embargo, los dominicanos debemos mantenernos firmes en la defensa de nuestro territorio, de nuestra dignidad y decoro como país sin importar quien esté de acuerdo o no con la valiente Sentencia.
Al margen de las pasiones exhibidas por los representantes de las entidades pro haitiana que operan en la República Dominicana, se me ocurre preguntar: ¿Cuál sería la postura de esos sectores si llegara a estallar un nuevo conflicto armado entre los dominicanos y los haitianos?
Hay gente que con su irracional actitud están tal vez sin pensarlo llevando a los dos países a una confrontación de una dimensión inimaginable. Los haitianos están entre nosotros por todo lado y armados con machetes, pistolas y mochas, metido entre la sopa, como diría un ciudadano común del pueblo.
La mayoría de los que defienden a los haitianos en el país saldrían corriendo y los más afortunados se irían en un avión, especialmente hacia Estados Unidos y Europa. Entre éstos, estarían aquellos empresarios que traen a los haitianos para pagarles sueldos de miseria en labores agrícolas, sector construcción y áreas de servicios.
Y una vez más seria el pueblo, el heroico y valiente pueblo dominicano que tendría que defenderse de sus enemigos internos y de los invasores que sueñan con unificar el territorio de República Dominicana con Haití. ¡Que Dios nos proteja ante tanta irracionalidad y falta de patriotismo!
