La Sociedad política nacional
ha sido estremecida por un informe que retrata de cuerpo entero la preocupante
y no menos peligrosa realidad por la que atraviesa el sistema de partidos en la
Republica Dominicana.
El informe de la autoría de
Carl Meacham, Director del programa
América del Center for Strategic and international Studies CSIS, Organización no gubernamental radicada
en la capital de Los Estados Unidos, se ha convertido en un tema importante de discusión de políticos, empresarios,
inversionistas, comunicadores, politólogos
y personas independientes conocedoras de la situación que vive la Patria
de Juan Pablo Duarte.
La opinión del gobierno no se
hizo esperar, lo hace a través de sus funcionarios quienes naturalmente tratan
de descalificarlo restando calidad y meritos al documento en cuestión, uno de
estos es el honorable embajador en Washington Sr. Anibal de Castro.
En una extensa comunicación, el
periodista y diplomático, califica el informe de decepcionante y un flaco
servicio al “Debate Académico”, entre
otras consideraciones y sobretodo trata
de alegar que los consultados fueron personas desafectas al actual gobierno y
que además de tendenciosos son repetitivos en este tipo de denuncias.
El señor embajador justifica que la Corrupción
existente en el país obedece a un mal que afecta a todos los países y
sociedades del mundo y en su afán por
justificar su rol de representante del actual gobierno y las barbaridades en
que este incurre y apadrina, aduce que no hay evidencias de que el sistema
judicial este influenciado por el actual partido de gobierno.
Y se va más lejos en su defensa
del estado de cosas imperantes en el país.
Afirma que no hay evidencias de que exista impunidad en el país y que
nuestros ciudadanos confían firmemente
en el actual sistema judicial, no existiendo un solo ejemplo de que hayan tenido que dirimir conflictos ni
disputas de manera extra judicial. O lo
que es lo mismo. Tomando la justicia en
sus manos.
Yo también leí el informe y
difiero totalmente de las opiniones emitidas por el embajador de la Republica
Dominicana en Washington, quien debió visitar el país antes de redactar su
desafortunada respuesta. No vamos a
hacer un relato tan largo de nuestras diferencias. Pues en el País casi todos conocemos la
realidad y por lo tanto otorgamos
crédito y valides al mismo.
Queremos iniciar diciendo que
resulta risible tratar de descalificar este documento porque algunas de las
informaciones fueron producto de entrevista a comunicadores de reconocida
tradición en defensa de los valores éticos y morales de los dominicanos. Por nuestra cuenta, afirmamos que la respuesta
del embajador no se compadece con el
rigor del informe que pretende rebatir.
Los Blogs, las redes sociales, las páginas de los dos o
tres diarios digitales que aun mantienen su independencia están repletas de
denuncias de corrupción, de pruebas sobre
sentencias venales, de acciones deshonestas por parte de jueces
comprometidos con el Partido de Gobierno que han dictado sentencias inconcebibles por parte del
Tribunal Superior Electoral, con la aviesa intención de favorecer a una de las
partes en conflicto dentro del Partido revolucionario Dominicano.
Las denominadas altas cortes
entre ellas, El tribunal Constitucional
y la Suprema Corte de Justicia están dirigidos por dirigentes políticos
miembros del actual partido de gobierno y los demás obedecen a recomendaciones
de quien fungió como contraparte de la firma del pacto conocido como Las corbatas
azules.
La inseguridad jurídica es una
realidad en el país. No es posible
adquirir ningún permiso o documento sin que medie el soborno y la coacción por
parte de los representantes de los organismos correspondientes, obstaculizando
la inversión extranjera y la iniciativa privada. Es innegable que se han
firmado contratos extra-nacionales por encima de las leyes nacionales y sin la
aprobación del congreso, como fue el caso de la Sunland.
El clientelismo político esta a
la vista de todos. Solo tenemos que echar un vistazo a la nomina oficial. Y revisar
los planes sociales del estado que no están regulados por ninguna ley y son
utilizados por el gobierno de turno, para mantener cautivo una cantidad considerable de votantes o electores
otorgándole ventaja al partido gobernante.
Y que decir de la composición de la Junta Central Electoral, Podremos
exigir imparcialidad a su presidente quien salió del Comité Político del actual
partido Gobernante.
Difiero del informe en dos cosas, Miguel Vargas no era Presidente
del Partido Revolucionario Dominicano al momento de firmar el pacto de las
corbatas azules, fue un usurpador de esas funciones. Y
también en la referencia a la ley de partidos. En la Republica Dominicana no existe una ley
de Partidos Políticos ni penalización
del delito electoral.
Lo dejamos hasta aquí, tratando
de satisfacer la promesa de ser breve.
Margarito
Carlos De Leon
Unión
Dominico Americana USA
