<b>El artículo escrito por
el embajador de República Dominicana en España, Cesar Medina, se afirma de
manera categórica que el presidente de
Venezuela, Nicolás Maduro, ejerce presión para que Haití acepte la decisión
dominicana de establecer un Plan Nacional de Regularización de su inmigración
extranjera,” pero propone un arreglo que contemple amnistiar a los hijos de
ilegales haitianos nacidos en el territorio nacional en los últimos 20 años”.</b>
De acuerdo a Medina, un
renombrado periodista dominicano, Maduro ha planteado que la República
Dominicana asuma el tema desde el punto de vista humano más que legal, y en
atención a la apertura de Danilo Medina propone un gran acuerdo entre los
presidentes de los dos países que comparten la isla caribeña, que sería
suscrito en Caracas con él, Maduro, firmando como testigo.
Esa versión fue
categóricamente desmentida este domingo en la noche. Versiones obtenidas por
este diario indican que la diplomacia venezolana ha protestado ante el escrito
tomando en cuenta que Medina es para ellos un embajador, más que un periodista.
Medina narra en su artículo
que el presidente Michel Martelly ha aceptado la propuesta de arreglo, pero la
contraparte dominicana se mantiene en consulta tratando de establecer si existe
un resquicio legal que permita una especie de dispensa a los haitianos de la
última generación nacidos en territorio dominicano estando sus progenitores en
situación de ilegalidad.
El diplomático dominicano
refiere entonces la reunión del viernes del Consejo Nacional de Migración, en
la que según su versión se avanzó en los términos “del trato” entre los
gobiernos haitiano y dominicano suscrito por el ministro de la Presidencia
Gustavo Montalvo y por el primer ministro haitiano Pierre- Richard Casimir
“para priorizar el diálogo” antes de cualquier otra vía en procura de hallar
una solución satisfactoria al conflicto.
EL ARTICULO COMPLETO
PUBLICADO EN EL LISTIN DIARIO
l presidente de
Venezuela, Nicolás Maduro, ejerce presión para que Haití acepte la decisión
dominicana de establecer un Plan Nacional de Regularización de su inmigración
extranjera, pero propone un arreglo que contemple amnistiar a los hijos de
ilegales haitianos nacidos en el territorio nacional en los últimos 20 años.
Maduro ha planteado que
la República Dominicana asuma el tema desde el punto de vista humano más que
legal, y en atención a la apertura de Danilo Medina propone un gran acuerdo
entre los presidentes de los dos países que comparten la isla caribeña, que
sería suscrito en Caracas con él, Maduro, firmando como testigo.
En principio el
presidente Michel Martelly ha aceptado la propuesta de arreglo, pero la
contraparte dominicana se mantiene en consulta tratando de establecer si existe
un resquicio legal que permita una especie de dispensa a los haitianos de la
última generación nacidos en territorio dominicano estando sus progenitores en
situación de ilegalidad.
El viernes se avanzó, sin
embargo, los términos “del trato” entre los gobiernos haitiano y dominicano
suscrito por el ministro de la Presidencia Gustavo Montalvo y por el primer
ministro haitiano Pierre- Richard Casimir “para priorizar el diálogo” antes de
cualquier otra vía en procura de hallar una solución satisfactoria al
conflicto.
Los puntos dos y tres de
ese protocolo, firmado en Caracas la tarde del martes, son sintomáticos:
“-Reafirmar su voluntad de avanzar en todas las medidas que sean necesarias
para garantizar la seguridad jurídica, el pleno goce y respeto de los derechos
de los descendientes de haitianos nacidos en la República Dominicana”; y
“-Considerando que el gobierno dominicano hará pública en los próximos días una
serie de decisiones al respecto, los dos gobiernos han acordado sostener un
encuentro posterior para alcanzar acuerdos satisfactorios”-
¿Qué se acordó en
Caracas?
Los delegados dominicanos
defendieron con uñas y dientes la soberanía dominicana para tomar medi- das de
la naturaleza que se contienen en la sentencia del Constitucional… Pero es
evidente que estaban entre la espada y la pared. Con Maduro empujando la
espada.
La firma de ese protocolo
comprometiendo al gobierno “a garantizar la seguridad jurídica y el pleno goce
y respeto de los derechos de los descendientes de haitianos nacidos en la
República Dominicana”, es un contrabando sibilino que se dejaron introducir en
ese documento los delegados dominicanos.
Peor aún es aceptar est
“Considerando que el gobierno dominicano hará públicas en los próximos días una
serie de decisiones al respecto, los dos gobiernos han acordado sostener un
encuentro posterior para alcanzar acuerdos satisfactorios”.
La reunión del viernes
del Consejo Nacional de Migración fue convocada a propósito de la firma de ese
protocolo de Caracas y de ese compromiso de hacer pública “una serie de
decisiones” para asegurar “los derechos de los descendientes haitianos”.
Entre los “acuerdos
satisfactorios” está la posibilidad de la legalización transitoria de los
haitianos ilegales para que sus hijos reciban el privilegio de la nacionalidad
dominicana, pero cualquier salida de esa naturaleza implicaría contravenir la
sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional del pasado 23 de septiembre.
Además, implicaría una
“interpretación macarrónica” de la Constitución de 2010 y de la sentencia de la
Corte Suprema de 2005 sobre la obtención de la nacionalidad dominicana por el
derecho a suelo o ius solis. Y en instancia extrema exigiría una reforma
constitucional.
Para la República
Dominicana el caso es más complicado de lo que aparenta si se toma en cuenta el
origen de las presiones a que están sometidas las autoridades por el carácter
humano de la disposición, aunque afecte a una ínfima proporción de los
haitianos residentes en este lado de la isla.
Maduro pidió suspensión
En atención a las gestiones
del presidente Maduro fue que se suspendió la reunión que celebrarían el pasado
martes en Trinidad & Tobago los países miembros del Caricom que tenían ya
preparada un acta de moción de censura a la República Dominicana encorsetando
al gobierno del presidente Medina para evitar aplicación de la sentencia del
Tribunal Constitucional.
El presidente Maduro
llamó por teléfono la noche del lunes tanto a Martelly como al presidente
Medina.
Al primero le pidió la
suspensión de la reunión del Caricom pautada para el día siguiente a fin de
ganar tiempo para avanzar su gestión de mediación, lo que Haití aceptó. A
Medina le solicitó que enviara de vuelta a Caracas a los miembros de la
comisión de alto nivel que le había visitado la víspera.
La comisión dominicana,
encabezada por el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, viajó a Caracas
el martes por la mañana y regresó al final del día tras una reunión con Maduro
y funcionarios del más alto nivel del gobierno haitiano que Danilo Medina,
presidente de la República, encabeza la reunión del Consejo Nacional de
Migración del pasado viernes.
previamente habían
llegado a la capital venezolana, encabezada por el canciller Pierre-Richard
Casimir.
Junto a Montalvo viajaron
a Caracas el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio; el
ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul; el presidente de la Junta
Central Electoral, Roberto Rosario; el director de Migración, José Ricardo
Taveras, y el secretario de Estado Miguel Mejía. La misma comisión ha estado en
Washington y Nueva York.
La posición dominicana
La posición de los
funcionarios dominicanos fue firme en las siguientes dos vertientes: -La
sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional se aviene a los mandatos de la
Constitución de la República sobre el derecho de la nacionalidad de los
extranjeros residentes en el territorio nacional; y -Se trata de una decisión
soberana por demás vinculante a los demás poderes públicos debido a lo cual su
acatamiento es mandatorio en tanto ordena al Ejecutivo la instrumentación de un
Plan Nacional de Regularización.
Fue entonces cuando el
presidente Maduro propuso la posibilidad de votar una ley de amnistía que
favorezca a la última generación de hijos de haitianos ilegales nacidos en la
República Dominicana o a todos los que se hallen en similar situación y tengan
20 años o menos de edad.
En su defecto, sugirió
cualquier disposición transitoria para evitar que los hijos de haitianos
indocumentados en la República Dominicana “caigan en situación de apatridia”.
El doctor Pina Toribio,
abogado constitucionalista con muchos años en el servicio público y con más de
cuatro décadas en el ejercicio profesional, fue enfático al señalar que una
decisión administrativa que contravenga la Constitución dominicana es nula de
pleno derecho y que cualquier salida al conflicto tiene que ser adoptada en el
marco riguroso de la ley.
Los delegados haitianos,
después de múltiples consultas, aceptaron la sugerencia del presidente Maduro
como fórmula intermedia que pondría fin al conflicto. Los dominicanos, en
cambio, pidieron tiempo para analizar el caso y discutir todas las alternativas
en las máximas instancias del gobierno.
En esa circunstancia fue
que el presidente Maduro propuso la firma del protocolo de intención y convocar
otra reunión a principios de esta semana con la presencia de la coordinadora
del Caricom y primera ministra de Trinidad & Tobago, Kamla Persad-
Bissessar, así como con representantes de otros organismos internacionales y
gobiernos amigos que propugnan por una salida amistosa.
(+)
“HAY QUE VERLE LA CARA
HUMANA”
Maduro estima pertinente
que el gobierno del presidente Danilo Medina enfoque el conflicto desde el
punto de vista humano más que legal.
Se detiene en la
situación de “decenas de miles de haitianos que se encuentran en un limbo
jurídico” desde que aplica la sentencia del Tribunal Constitucional.
“Es, además, un tema
político por cuanto entraña la relación de dos países vecinos que comparten una
misma isla y que tienen vínculos históricos comunes…”.
Su preocupación se
acrecienta cuando recuerda que ambos países son beneficiarios del Programa
Petrocaribe que ideó y diseñó Hugo Chávez para aligerar un poco la carga de la
factura petrolera “a algunos amigos” del Caribe que reciben un financiamiento
blando y a largo plazo a partir de un diferencial en sus compras de petróleo.
Haití y algunos de sus
socios del Caricom han pedido que Haití excluya a la República Dominicana de
Petrocaribe.
Venezuela fue una de las
primeras puertas tocadas por la diplomacia haitiana en esta campaña contra
nuestro país que lleva ya casi dos meses.
Su argumento es que
“cientos de miles de haitianos” quedarían desnacionalizados al entrar en vigor
la sentencia del Tribunal Constitucional.
Las Naciones Unidas y la
Unión Europea, sin embargo, han sido claras en su reconocimiento al carácter
“puramente soberano” del Tribunal Constitucional dominicano y al respeto de la
aplicación administrativa de parte del Poder Ejecutivo que encabeza el
presidente Medina.
