Fue muy acertada la
decisión del Tribunal Constitucional de anular catorce artículos de la
resolución número 086-11, que aprobó el reglamento para la obtención y
preservación de datos e informaciones por parte de las compañías proveedoras de
servicios de telecomunicaciones.
Esa fallida, arbitraria
e irracional resolución, autorizada por el Instituto Dominicano de las
Telecomunicaciones (INDOTEL), además, obligaba a los organismos de
investigaciones del Estado conservar registros de datos, conexión y accesos
generados por los usuarios de manera que pudieran perseguir los crímenes y
delitos de alta tecnología (espionaje), sin una orden de un juez.
El Tribunal Constitucional
estableció que esas normativas no eran consonantes con la Constitución en sus
artículos 40, 44, 69 y 74, porque violentaban el derecho a la intimidad, en su
vertiente de derecho del servicio al secreto y privacidad de la comunicación.
Bien hecho.
A buen ahora llega esa
medida. Independientemente de que muchos ciudadanos son sometidos por encargos a groseras intervenciones telefónicas por
parte de los organismos del Estado y agencias particulares especializadas en
esos menesteres. Entre los ciudadanos perjudicados con esas tareas hay
periodistas, comunicadores, políticos, y otros. Nadie tiene derecho a invadir
la privacidad de las personas al escucharles sus conversaciones.
Otra situación que
asquea a nuestra sociedad son los abusos que cometen los propietarios de las
clínicas al exigir depósitos para asistir a las personas que acuden a las áreas
de emergencias.
Particularmente, he
sido testigo de muchos casos de esa naturaleza. Recuerdo una vez que llamé a
tres centros de salud privados para un internamiento en cuidados intensivos de
mi hermana mayor que había sufrido una lesión cardio vascular y desde el otro
lado del teléfono alguien me comunicó que debía depositar 70 mil pesos para
agenciarme una sala para cuidados intensivos.
Confieso que en esos
instantes pasaron por mi mente intenciones no muy agradables (no soy violento)
y me preguntaba qué estaba pasando en el país, por qué tanta indolencia, si no
había nadie que controle a los dueños de clínicas privadas.
Recientemente, el
ministro de Salud Pública lanzó de manera pública una advertencia a esos malos
dominicanos de que aplicaría “sanciones drásticas” para eliminar esas malas prácticas
inhumanas. No es la primera vez que escucho esas amenazas. Otros funcionarios
de esa dependencia oficial también lo han advertido en el pasado, y todo
continúa igual.
Hay que pasar de la
teoría a la práctica y dar un ejemplo a esa gente, independientemente del costo
político en el entendido de que algunos propietarios de los centros médicos
privados tienen, directa e indirectamente, vinculaciones de amistad, de
negocios y hasta políticas con sectores ligados al poder.
La población está por
encima de intereses particulares y de todosestos sinvergüenzas que se valen de
sus nexos políticos para explotar a los pacientes (claro, no son todos)
cobrándoles altos honorarios por internamientos, prácticas de cirugías y
consultas.
