Creyeron que podrían conseguir la
aprobación de la licencia ambiental “por
debajo de la puerta”, se mofaron y ejercieron el sarcasmo contra el
prestigio y las opiniones vertidas por los técnicos de la Academia de Ciencias
de la Republica Dominicana; ejercieron todo tipo de presiones frente a las
instancias gubernamentales que le requirieran el respeto a las leyes y normas
soberanas de la Nación.
Luego se prepararon para colocar
acólitos suyos en posiciones que “se la picharan suave”, al mismo tiempo que
desataron una amplia campaña de reparto de dadivas y clientelismo a través de
una farsa revestida de “fundación” y de una dependencia dedicada a la compra de
la opinión pública, con vista a mejorar su negativa imagen y repudio colectivo,
así como orientar a sus verdugos para que de forma constante denostaran a
quienes se oponían a la depredación ambiental de esa mina de agua y sus
valiosos ecosistemas.
Se han procurado una especie de
dictadura mediática, violentando aspectos relativos a la libre expresión y
difusión del pensamiento y las informaciones; retorciendo los detalles, pagando
a plumas de alquiler para que desempolven su tradicional comportamiento de
corte fascista, y un agorero mediocre titulado de geólogo, pero que ejerce como
interactivo radial y relacionista público, obviamente bien remunerado
No obstante, valientes legisladores
asumen la propuesta surgida del seno del pueblo dominicano y las organizaciones
que luchan por salvar a Loma Miranda, e introducen el Proyecto de Ley mediante el
cual se contempla la declaración de dicha área como Parque Nacional. Ante lo
cual trasladan sus tentáculos al interior del Congreso Nacional, agenciándose
“supuestas adhesiones” y cuya única finalidad era torpedear e impedir que la
citada pieza se convirtiera en realidad, pero apenas consiguieron a cuatro (4)
elementos serviles a sus mezquinos intereses.
El Gobierno Dominicano asume como
último recurso recurrir al Programa de las Naciones Unidas (PNUD), a fin de que
técnicos extranjeros realizaran un acucioso estudio de impacto ambiental sobre
la factibilidad de explotación minera en Loma Miranda. Pavoneando a todo pulmón
que se acogerían a las conclusiones a que arribaran los técnicos contratados
por el organismo dependiente de las Naciones Unidas, los derrotados voceros de
esa serpiente de siete cabezas reiteraron hasta la saciedad que supeditarían su
decisión a los resultados de dicho informe.
Pero “fueron por lana y salieron trasquilados”, ya que el Informe Técnico
emitido por el PNUD “le mató el gallo en
la funda” y dictaminó como NO FACTIBLE llevar a cabo operaciones mineras en
esta proverbial zona montañosa, al mismo tiempo que reiteraron lo que ya habían
expuesto nuestros técnicos dominicanos.
No obstante, creyeron que nos rendirían
por cansancio a quienes batallamos y lucharemos hasta la muerte si es necesario
para salvar el Parque Nacional Loma Miranda. Como han valorado que aquí no se
rinde nadie y que la sociedad dominicana está al acecho de “los mineros del
maletín”, entonces andan aturdidos con una desesperación que apesta, manejando
a su antojo informaciones desbordadas de falsías, haciendo caso omiso a todo el
conjunto de recomendaciones técnicas que han expuesto reputados organismos
especializados en la temática. Y por ahí andan como canes falderos detrás de
doblegar la voluntad de los senadores.
Sus dos o tres bocinas por paga en
dólares tienen tan escasa credibilidad que solamente a través de la amenaza, el
chantaje, el terror infundado, datos imprecisos, ficticios y simulados, medran
en los medios. Argumentos tan inútiles y derrotistas como aquella comiquita
mediante la cual desempolvan unos supuestos derechos que le concedió su gemela
tiranía trujillista en el año 1956, por demás carente de legalidad.
Reitero, los derechos nos lo otorgó la
Constitución Dominicana proclamada el 26 de enero del año 2010, así como la Ley
No. 64 – 00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, la sentencia TC/0167/13
emitida por el Tribunal Constitucional y la negativa de la Licencia Social
emitida por la Academia de Ciencias de la Republica Dominicana, el Colegio
Medico Dominicano (CMD), la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), el
Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), el Colegio de
Abogados de la Republica Dominicana (CARD), la Comisión Ambiental de la
Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), los Concejos de Regidores de los
Ayuntamientos de Bonao, La Vega, Jima Abajo, Rincón, El Ranchito, Jarabacoa,
Buena Vista y Santo Domingo Norte, la Cooperativa Vega Real, Inc. , la
Federación de Parceleros de la Reforma Agraria y la Junta de Regantes del Canal
Jima.
Los titulares de la Dirección General
de Minería y del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como el
senador de la demarcación en donde la transnacional minera ha impuesto sus
instalaciones físicas, debieran ocuparse de exigirle a esta mafiosa empresa que
se dedique a remediar el enorme pasivo ambiental acumulado y de resolver el
desastre dejado tras más de 40 años de depredación minera sin control, actuando
como chiva sin ley. Las paradojas de la politiquería llegan a los extremos de
que en vez de representar los intereses del pueblo dominicano, estos individuos
se dedican al sonsacamiento y la lisonja.
Sus intentos fallidos por escabullirse
bajo el ropaje disque de “inversionistas extranjeros”, no convencieron a nadie.
Menos aun su otra farsa basada en la idea de marcharse si no le complacen con
el negocio minero a costa de fastidiar nuestro país. Primero deben cumplir su
compromiso con la fianza ambiental, procediendo a depositar en el Banco
Central, los valores correspondientes a la remediación del pasivo ambiental. En
caso contrario que se preparen para una demanda y sanción en los tribunales
dominicanos y en las cortes internacionales. No importa el alcance de sus
tentáculos y sus conocidas facultades mafiosas, los perseguiremos dondequiera
que se refugien; están conminados a enfrentar la dura realidad de ajustarse al
imperio de nuestras leyes y al compromiso contraído.
Mas del 85% de la población dominicana
valora como única factibilidad que Loma Miranda sea declarada Parque Nacional;
las opiniones de los negocios mineros carecen de argumentos de sostenibilidad,
por su fardo negativo es que conocemos a la transnacional mafiosa, la cual a
estas alturas continúa dando tumbos con el pretendido propósito de que le
permitan depredar esta área protegida.
Aquí no hay vuelta atrás, porque
MIRANDA NO SE NEGOCIA.
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