<b>Santo Domingo (PL) República Dominicana despide 2013 envuelta en la repercusión de la sentencia del Tribunal Constitucional de finales de septiembre pasado que niega la nacionalidad a los hijos de inmigrantes indocumentados y en tránsito.</b>
A juicio de muchos, ese fallo ensombrece los pasos dados por la administración del presidente Danilo Medina a favor del respeto de los derechos de las personas, mientras que otros expresan su respaldo a la decisión sin sopesar consecuencias.La medida, rechazada además en varios países y por organismos internacionales, posee un carácter retroactivo a 1929 y el mayor impacto en descendientes de haitianos.
A los hijos nacidos en esta nación caribeña de padres extranjeros en tránsito no les corresponde la nacionalidad dominicana, señaló el dictamen que amplía el margen de aplicación de las leyes existentes. Tampoco podrán solicitar el status de residente permanente aquellos nacidos cuyos progenitores sean extranjeros indocumentados que viven en Dominicana.
El Tribunal tomó la determinación ante la solicitud de amparo de una hija de inmigrantes haitianos venida al mundo en la provincia de Monte Plata para demandar a la Junta Central Electoral (JCE) que leproporcionara documentación como dominicana. La afectada ha vivido en dicho territorio sus 29 años de edad y tiene cuatro hijos, quienes tampoco podrán optar por su nacionalización.
Si bien vio la luz en suelo nacional, la recurrente es descendiente de ciudadanos extranjeros en tránsito, lo cual la priva del derecho al otorgamiento de la nacionalidad dominicana, apuntó el fallo.
En ese contexto, la JCE informó que la cantidad de extranjeros en el Registro Civil de Dominicana asciende a 53 mil 843, y 13 mil 672 de ellos son hijos de haitianos. También, 29 mil 455 de los inscritos realizaron el proceso conforme a la normativa vigente pues sus padres tenían la categoría de residentes y sus respectivas cédulas de identidad.
De esa forma, el 55 por ciento de los identificados es dominicano, afirmó el presidente de dicha entidad, Roberto Rosario, quien manifestó que las inscripciones restantes se hicieron con otrosdocumentos o sin ellos.
Tras este paso, el Consejo Nacional de Migración aprobó el Plan de Regularización de los extranjeros en situación migratoria fuera de la ley radicados en este país.
Ante la presencia de Medina, el ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul, titular del grupo, presentó una síntesis de diferentes propuestas y sometió a consideración de los presentes en lareunión un borrador de la iniciativa.
Según fuentes oficiales, el texto fue aprobado por unanimidad, y tras su revisión final, jurídica y de estilo, será divulgado de manera formal mediante la publicación del correspondiente decretopresidencial.
Dicho Consejo analizó de forma minuciosa las estadísticas oficiales sobre población extranjera en Dominicana, y sus condiciones socio-económicas para elaborar los requisitos mínimos establecidos en el proceso de regularización.
El plan, que se pondrá en marcha de forma inmediata tras la firma del referido decreto, contempla dos fases.La primera etapa estará dirigida a programar, presupuestar, institucionalizar y organizar los recursos necesarios para la implementación técnica y administrativa del proyecto.
Posteriormente, se acreditará la documentación migratoria sobre la base de un proceso de evaluación, revisión y supervisión.
Además del mencionado rechazo, la necesidad de enfrentar más eficazmente el viejo problema de la corrupción fue un constante reclamo de diversos sectores sociales.
Durante el transcurso del año se realizaron numerosas manifestaciones para exigir el enfrentamiento de ese flagelo y la impunidad ante violaciones de la ley.
En el cierre en agosto pasado de varias jornadas de la denominada campaña Paren esto, centenares de voces sostuvieron que el jefe de Estado se convertirá en cómplice del robo sistemático si prosigueevadiendo el problema. Medina prometió al tomar posesión de su cargo el 16 de agosto de 2012 actuar contra la corrupción ante el más mínimo rumor, pero hasta el momento no lo ha hecho, criticaron.
Frente a invitados de 75 países y organismos internacionales, el mandatario afirmó que sería intolerante con actos deshonestos y despilfarro de recursos.
Garantizaremos la transparencia, elevaremos la calidad del gasto público y avanzaremos firmemente hacia una gestión pública austera, cada vez más profesional y efectiva, señaló.
Sin embargo, los respectivos ministros de Relaciones Exteriores, Juventud y Obras Públicas, Carlos Morales, Félix Minaya y Gonzalo Castillo, fueron acusados de utilizar sus altos cargos para cometeractos de malversación, tráfico de influencias y nepotismo.
Asimismo recibieron el rechazo popular el expresidente Leonel Fernández, el senador oficialista Félix Bautista, uno de sus principales colaboradores, y el director de Ética y Transparencia del Poder Ejecutivo, Marino Vinicio Castillo.
Más allá de estos problemas, a nivel social tuvo una satisfactoria acogida la entrega, como establece la ley, del cuatro por ciento del Producto Interno Bruto a la enseñanza pública preuniversitaria.
Paralelamente, acaparó halagos el inicio el pasado 7 de enero del Plan Nacional de Alfabetización Quisqueya Aprende Contigo con la meta de beneficiar a más de 851 mil personas.
La iniciativa tiene como objetivo que el 8 de septiembre de 2014 el territorio dominicano sea declarado libre de iletrados por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
Datos oficiales precisan que unas 70 mil personas aprendieron a leer y escribir con el referido proyecto, que se encuentra actualmente en su segunda etapa tras una primera terminada el 31 de julio último.
Otro de los temas de gran relevancia en 2013 estuvo relacionado con la minera trasnacional Barrick Gold, a cargo de la explotación de un yacimiento de oro en el centro del país y que aceptó la propuesta del Estado de revisar y modificar un acuerdo bilateral.
Después de los cambios al convenio inicial, fuertemente criticado, Dominicana recibirá 11 mil 615 millones de dólares en los próximos 25 años.
Los ingresos del país caribeño representarán el 51,3 por ciento de las utilidades de la explotación de dicha mina, y se determinó que Barrick Gold pagara retroactivamente unos 36 millones 400 mil dólares por concepto de impuesto mínimo a las exportaciones de diciembre de2012.
Con las modificaciones al acuerdo, el Gobierno logró aumentar su participación en el proyecto de 37,1 a dicho por ciento, mientras que el protagonismo de la minera descendió de 62,9 a 48,7.
Por otra parte, Dominicana acudió y fue sede también de importantes reuniones de diversos mecanismos de integración política y económica, y a favor del cuidado del medio ambiente.
De esa forma, se sumó en junio anterior como miembro de pleno derecho al Sistema de Integración Centroamericana junto a Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Belice, y desdeenero próximo ocupará su presidencia pro témpore.
/dsa(*) Corresponsal de Prensa Latina en República Dominicana
