Centro Bonó sugiere políticas garanticen derecho al agua

Santo Domingo 22 de marzo del 2014. Con motivo de la conmemoración del Día Mundial del Agua, el Centro Bonó llama la atención sobre las limitaciones que enfrenta la población para acceder al agua potable y la ausencia de medidas contundentes por parte del Estado para garantizar este derecho.

En los datos publicados en el boletín número 27 del Observatorio de Políticas Sociales, titulado “Agua, un derecho no garantizado en República Dominicana”, sale a relucir que del 2002 al 2010 unos 302,435 hogares se sumaron a la lista de hogares que no se abastecen de agua proveniente de un acueducto, lo cual, para el Centro Bonó, pone de manifiesto que la capacidad del Estado para garantizar este derecho es muy limitada y tiende al empeoramiento.

Según el boletín, estos hogares se ven en la necesidad de recurrir a fuentes de agua que no reciben ningún tratamiento para garantizar su potabilidad, como son manantiales, ríos, arroyos, pozos, camiones tanque, entre otros. “Estas familias se exponen al riesgo de contraer enfermedades de origen hídrico, como sucedió durante la epidemia de cólera de los años 2011 y 2012, que tuvo como principal mecanismo de infección el agua usada en algunas comunidades para bañarse o beber” apunta el boletín.

En este sentido, el Centro Bonó consideró urgente que se reconozca el acceso al agua potable como un derecho en la legislación dominicana y se establezcan los mecanismos para hacer posible esta meta.

La institución propone la elaboración de una ley integral que reconozca de forma explícita el derecho igualitario de todos y todas a tener acceso al agua potable y que establezca un marco de protección de este recurso. Asimismo, apunta que es imperativo desarrollar acciones coordinadas, encaminadas a garantizar a la población el acceso a este derecho, entre las que señala mayor inversión y de más calidad, así como la integración de todos los sectores sociales a este proceso.

Otras formas de contaminación y baja calidad del agua

En el boletín se resalta que las aguas del país también son contaminadas por el uso de pesticidas en actividades agrícolas, aguas residuales de empresas, desechos industriales y desechos sólidos.

Una de las actividades que pone en riesgo de contaminación las fuentes de agua y que ha repuntado en la Republica Dominicana, es la minería. La minería, particularmente la minería de oro, causa la acidificación de los acuíferos, la contaminación con metales y otros productos químicos como el cianuro, altamente nocivo para la salud.

“Para garantizar el acceso al agua potable es indispensable que se protejan las fuentes de este recurso. El Estado no solo se encuentra en el deber de proveer los servicios de agua potable y saneamiento local necesarios, sino que además tiene la responsabilidad de implementar políticas dirigidas a conservar y proteger las fuentes de agua de todas las actividades potencialmente contaminantes y perjudiciales. Esto incluye diseñar y poner en práctica medidas para evitar que personas, grupos o empresas impidan el acceso igualitario de todos y todas al agua potable y contaminen o exploten de forma indiscriminada los recursos hídricos”, argumenta el Centro.

Para el Bonó, los reducidos avances del Estado en la provisión efectiva del servicio de agua potable han dejado el espacio para que las empresas comerciales se establezcan como las principales abastecedoras de agua para tomar.

Según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), la proporción de hogares que incurre en consumo de agua embotellada pasó de 8.8% en 1991 a 66.9% en 2012. “El agua potable se ha convertido en una mercancía a la cual tienen acceso garantizado quienes pueden pagar. Si bien es cierto que el servicio de agua debe ser pagado, los costos de su provisión deben ser asequibles, es decir, al alcance de todas las personas, pues se trata de un recurso fundamental para la vida”, alerta el boletín.

La institución considera que para cubrir el déficit existente en el servicio de agua y abastecer la nueva demanda que se genera con el crecimiento poblacional se requiere de una mayor inversión pública. “Es alarmante que, en contraste con la situación antes descrita, el Estado invierta cada vez proporciones menores del presupuesto para los servicios de agua potable y alcantarillado”, puntualizó el Centro.

Según se reseña en el citado informe, en el año 1994 de cada 100 pesos gastados por el Estado 10 pesos con 24 centavos se gastaron en agua potable y alcantarillado, mientras que en el 2013 de cada 100 pesos del presupuesto público, solo 2 pesos se asignaron para estos fines.

Agrega además que para el año 2014, la suma de los presupuestos de las 8 instituciones públicas que proveen servicio de agua potable y alcantarillado, constituye el 1.4% del gasto total, es decir, que la inversión en agua potable y alcantarillado sigue perdiendo peso en el gasto público. Para el Centro, esto indica que en la práctica garantizar a las personas el acceso al agua potable no es una prioridad de estado.

Bonó califica como una necesidad impostergable garantizar a las personas el acceso a servicios básicos como agua potable y saneamiento, reivindicándola como un paso significativo a favor de la reducción de las desigualdades sociales, contribuyendo además a mejorar el entorno, reducir focos de enfermedades y contaminación ambiental, situaciones en las que, generalmente, las poblaciones económicamente vulnerables son las más expuestas.