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Las irracionales pasiones que caracterizan a los integrantes de las ONG,s pro haitianas establecidas en la República Dominicana están llegando a un nivel de provocación e irresponsabilidad inaceptable en cualquier sociedad civilizada, regida bajo un Estado de derecho bien definido.
Parecería que estamos en la antesala de una trama contra las estructuras esenciales de nuestra nacionalidad para dar paso a un escenario en el que predominará el caos y el “salvase quien pueda”.
Es inconcebible que la doble moral del gobierno de Estados Unidos aún siga predominando en las relaciones con sus supuestos aliados y socios comerciales en América Latina, con directrices claramente colonialistas e imperialistas en el que la fuerza se impone por encima de las instituciones.
¿A quién se le ocurre en su sano juicio intentar salir de un territorio hacia otro sin contar con un pasaporte debidamente expedido por las autoridades correspondientes? Peor todavía, ¿cómo es posible que una nación considerada la más desarrollada y avanzada del mundo conceda una visa a una persona sin disponer del pasaporte expedido oficialmente?
Con esa actitud, las autoridades norteamericanas están irrespetando al Estado dominicano tratando de doblegar a sus autoridades para que desconozcan la histórica Sentencia 168-13 expedida por el Tribunal Constitucional (TC), que establece una nueva normativa migratoria en el país.
Los objetivos de la ciudadana de ascendencia haitiana, Juliana Deguis Pierre, de viajar a Washington para participar en una sesión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), realizada este lunes 24, eran bien definidos. Quería ser protagonista de los ataques despiadados contra la República Dominicana ante supuestas violaciones a los derechos humanos por la aplicación del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros.
Valiente y firme ha sido la posición de la Dirección General de Migración al impedir que Deguis Pierre intentara salir del territorio por no disponer del pasaporte, con lo cual no solo estaría burlándose de las propias autoridades nacionales sino de cada ciudadano y ciudadana dominicana que tienen legitimo derecho de ver en su país la aplicación de normas migratorias.
Nuestro territorio y legitimidad de las instituciones nacionales debemos defenderlas hasta con la propia sangre si es necesario. Porque somos un Estado soberano con sus leyes y reglamentaciones internas que no pueden ser ignoradas por ningún extranjero, no importa a que nación representa.
Con presiones, chantajes y golpes bajos el movimiento pro haitianos que opera en República Dominicana en complicidad con países como Estados Unidos, Francia, España y otras naciones latinoamericanas no alcanzará éxito. Todo lo contrario, tendrá la repulsa de cada ciudadano dominicano que ama su territorio y que al igual que nuestro patricio Juan Pablo Duarte está dispuesto a defenderla hasta las últimas consecuencias.
Así como lo expresó la embajadora Radhys Abreu de Polanco, quien representó al país ante la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, preocupa las reiteradas convocatorias para tratar el tema del derecho a la nacionalidad dominicana.
Y observó que el caso ha sido suficientemente debatido en el propio organismo internacional.
Sorprende la numerosa comisión defensora de los haitianos en esta sesión de laCIDH, reunida en la capital de Estados Unidos, en contraste con la reducida delegación oficial dominicana. ¿Quién habrá costeados los pasajes aéreos y de hotel de tantas gentes que representaban al Centro Bono?
Entiendo que es correcta la posición del presidente Danilo Medina de consultar a diversos sectores políticos, profesionales, y expertos en asuntos migratorios sobre la Sentencia 168-13, emitida por el Tribunal Constitucional.
El primero de estos encuentros fue con el ex presidente Leonel Fernández y posteriormente, con el ex mandatario Hipólito Mejía así como con otras personalidades del país.
Esas consultas permitirán al Jefe de Estado tener mayores elementos de juicio a la hora de remitir a las cámaras legislativas la nueva Ley de Naturalización de Extranjeros.
Lo cierto es que las autoridades deben tomarse el tiempo que sea necesario antes de adoptar otras medidas dirigidas a regularizar y actualizar la presencia de extranjeros en la tierra de Duarte, Sánchez y Mella.
