Samaná.- El Ministerio Público informó que apelará la decisión de la jueza de la Instrucción de Samaná, Manuela Acosta, quien impuso como medidas de coerción garantía económica y visitas periódicas a dos imputados acusados de segarle la vida a un hombre en esta provincia, pese a que contra éstos habían solicitado prisión preventiva.
A Robín Junior Moya Morel, principal implicado en la muerte del peluquero Arismendy Hidalgo Anderson, alias Big, la jueza le impuso una garantía económica de 10 mil pesos y presentación periódica, mientras que a Neri Antonio Ortiz Morales, que fue sometido en calidad de cómplice, presentación periódica e impedimento de salida del país sin autorización del Ministerio Público.
El procurador fiscal titular de Samaná, Robert Justo, dijo que tras el hecho donde resultó muerto Arismendy fruto de heridas de arma blanca, ocurrido el pasado 12 abril en el municipio de Las Terreras, iniciaron las investigaciones correspondientes dando como resultado que presuntamente el principal responsable del mismo era el imputado Moya Morel, y en ese sentido, dijo, fue solicitado su arresto y el de Ortiz Morales, la persona que le acompañaba en ese momento.
“Queremos puntualizar que en estos momentos estamos trabajando a los fines de apelar esta bochornosa decisión, demostraremos a la jueza de la instrucción, a través de los medios de pruebas con que cuenta el Ministerio Público, que el imputado Robin Moya fue el culpable de este hecho que ha conmovido a toda la sociedad de la provincia y que dicha juez en ningún momento valoró en su justa dimensión los elementos de pruebas que aportamos”, manifestó el fiscal Robert Justo.
Dijo que el Ministerio Público, representado por la procuradora fiscal, María de La Cruz, solicitó prisión preventiva tomando en consideración la gravedad del hecho, la pena a imponer y sobre todo el peligro de fuga, toda vez que los imputados no presentaron ningún tipo de arraigo, ni siquiera la cédula de identidad y electoral, y por la ardua persecución que hubo que realizar a los fines de dar con el paradero de los mismos.
Se recuerda la juez Manuela Acosta, en el mes de diciembre del pasado año 2013, le varió la medida de coerción consistente en prisión preventiva por garantía económica de 100 mil pesos a los imputados Bruce Alan Roberts, Juan Tirso Bisonó Hiraldo y Carlos López, por violación a la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, en perjuicio del Estado dominicano, a los cuales la Fiscalía de Samaná le presentó acusación por el contrabando internacional de 264.44 kilos de cocaína a bordo de una lancha de nombre Chubasco, un caso que fue declarado complejo y que la juez varió dicha medida a los 15 meses cuando la ley establece que el tiempo de duración es de 18 meses.
