(Por Euri Cabral).-Todos los años para esta misma fecha se genera una acalorada discusión en la opinión pública debido a que ya es costumbre que los colegios privados del país aumente los costos de sus tarifas, en detrimento de una gran cantidad de padres y madres que tienen sus hijos cursando estudios en esas instituciones privadas de educación.
La discusión toma un tono más especial debido a que los directivos de los colegios privados aducen que si bien es cierto que ellos deben ser regulados por Ministerio de Educación, en el caso especifíco de las tarifas se violaría el código de comercio y se liimtaría el derecho a la libre empresa si se le impone no ejecutar esos aumentos, los cuales en muchos de los casos pasan de un 200 y 300%.
Es una realidad que muchos colegios privados dan un gran servicio como forjadores de los niños y jóvenes del futuro. Que en muchos de ellos el proceso enseñanza-aprendizaje tiene gran calidad y que a pesar de sus altos costos, muchas familias prefieren hacer un gran sacrificio económico para que sus hijos puedan aprovechar el tiempo y la calidad en esos recintos educativos privados. Y aunque existe una ley específica, la 86-00, que establece las normas específicas para controlar las tarifas en los colegios privados, tradicionalmente las autoridades del ministerio de educación le buscan la vuelta al asunto o le pasan la responsabilidad a las asociaciones de padres y amigos de las escuelas para que enfrenten el problema en condiciones desiguales ante los propietarios de los colegios.
Lo cierto es que en los momentos actuales esa discusión tiene un matiz muy especial pues los colegios privados son opciones de primer orden sobretodo para la clase media debido a que en los últimos tiempos las escuelas públicas habían bajado de nivel y habían aumentado su desprestigio. Ante esa realidad, muchas familias preferían hacer un gran sacrificio económico y poner sus hijos en colegios privados. Pero la realidad hoy día tiene otro matiz. Con las grandes transformaciones que en plano educativo está haciendo el gobierno del presidente Danilo Medina con la asignación del 4% para el sector educativo, con la construcción de decena de miles de nuevas aulas, con la implementación de la tanda extendida en las escuelas públicas que implica mejores condiciones en términos de calidad de la educación y en proporcionarle desayuno, almuerzo y merienda a los estudiantes, con la dignificación del espacio físico de las plantas físicas de las escuelas y con la preparación y fiscalización en la calidad de los maestros, todo eso conlleva a que hoy día y más aún a mediano y largo plazo, las escuelas públicas se están convirtiendo nuevamente en una primera opción para las familias dominicanas llevar sus hijos a estudiar.
La educación pública gratuita es un derecho. Y debe ejercerse con la calidad y el nivel necesarios para que las familias dominicanas puedan tener como opción válida poner sus hijos en escuelas publicas. Y es que la manera más efectiva para enfrentar el negocio privado en educación es logrando que el servicio ofrecido por las instituciones educativas púbicas sea de nivel, de calidad, de excelencia y con eficiencia. Sólo así evitaremos cada año el mismo escenario de las discusiones bizantinas por el aumento desproporcional y abusivo de las tarifas de muchos colegios privados.
