¿Formalización o suicidio?

Siete de cada diez propietarios de unidades productivas en la República Dominicana saben dónde están los bancos comerciales y otras entidades financieras de la economía formal, porque cambian cheques, tienen cuentas personales y, en algunos casos tarjetas de crédito, pero se las guamean en sus emprendimientos sin haber recibido préstamos formales.

¡Que contradicción! Muchos de los que no califican para recibir financiamientos para sus negocios, pueden salir montado sin ningún problema de una feria de vehículos cero kilómetros, porque si es para eso, no hay problemas con el dinero que se necesita, lo fuñón en este país es el dinero para trabajar.
Los hallazgos del estudio “Impacto del Sector Informal en la Economía Dominicana”, elaborado por Fabricio Gómez Mazara, Oliver Cruz y Emmanuel Silvestre” revelan que “Solo el 30.4 señaló que tenía financiamiento de las actividades productivas”. El 23.1% con el Banco Popular; 21,2% Banreservas; 13,5% Banco Ademi; 9,6% Promipyme; 5,8% Scotiabank; 3,8% Banco BHD; 3,8% ADOPEN.
Pero la culpa no es de los bancos que viven deseosos de clientes para sus préstamos, sujetos a regulaciones que no pueden violar, sino de un sistema estructurado absolutamente de espaldas a sus emprendedores.
El país tiene un presidente con veintiún meses tratando de estimular a todo el que produce algo, sobre todo en el campo, poniéndoles en las manos orientación y financiamientos, y ha ampliado la participación de las Pymes en las compras gubernamentales, pese a lo cual en el estudio en cuestión, 406 encuestadas, apenas el 7% dijeron ser suplidoras del Estado, y un 51% de lo que no lo son les gustarían serlo, sin embargo a un 48.9 no les interesa esa oportunidad.
¿Por qué apenas un 7% ha podido lograr lo que es aspiración para un 51%? Porque las reglas se han trazado para que el que no tenga capital, no tenga negocio formal, porque si a duras penas consigue algo de capital para trabajar, eso no le es suficiente para pagar un anticipo de presuntos beneficios, ni para saldar Itebis de facturas no cobradas, más dobles pagos de seguridad social, y como muchos de los gastos de esas empresas también son informales, no pueden justificarlos, y entonces todo lo percibido se le computa como beneficios de los que a final de año tendrá que cantearse con un 29% para su socio, el Estado, esto sin contar con los costos de un tremendismo laboral.
48.9 por su tamaño sabe que no busca nada intentando ser suplidores del Estado y que los costos de la formalización le sacan del mercado, subsisten con servicios ofrecidos por debajo de los costos de los formalizados y eso es lo que los mantiene.
El 59.61% de las unidades productivas encuestadas se dedica a actividades comerciales, seguidos por talleres que son (9.85%); otros servicios (9.11%), servicios de telecomunicaciones (6.40%); hoteles bares y restaurantes (4.19%); servicios de salud (3.69%), Construcción (2.2%) y alquiler de vivienda (1.23%).
Hay una gran desproporción de género en la propiedad de las Pymes, el 71.49% son hombres; el 24.25% son mujeres; y el 4.26% son empresas familiares.
Los datos de ese estudio encomendado por el Consejo Nacional de la Empresa Privada deberían transformar el discurso político en la República Dominicana.
En vez de estimular a la gente sin opciones a añorar una colocación en un Estado que no resiste más cargas, hay aprovechar ese gran potencial de personas que se mantienen excluidas aunque han mostrado vocación productiva, pero que si formalizan se hunden en el mar de la quiebra, que es lo mismo que volver a la miseria.