Los pequeños productores no podrán sobrevivir al impacto del Tratado de Libre Comercio (DR-CAFTA) si no se asocian en cooperativas y otras entidades para que puedan competir con sus pares de las naciones que suscriben el mismo, advirtió este martes el director ejecutivo de la Junta Agroempresaria Dominicana (JAD).
Osmar Benítez, rechazó que el sector agropecuario vaya a quedar desprotegidos desde el 2016 cuando entrará en vigencia el DR-CAFTA, y aclaró que ese sector está protegido en el 2020 hasta el 2036, sosteniendo que algunos medios de prensa emiten informaciones distorsionadas en ese sentido.
El trabajo mancomunado del gobierno con los productores privados, es fundamental para reorientar la producción y el comercio de los bienes agropecuarios de consumo masivo de la población dominicana y del sector turístico nacional.
Abogó por una política fiscal y tributaria donde se incorporen mediante una ley del Congreso Nacional, que se concede administrativamente, además que se elimine el pago de los anticipos de Impuesto Sobre la Renta (ISR) para los productores agropecuarios, y que se pague cuando cierre el año fiscal, entre otros.
Piden que dentro de la nueva ley se amplíen la exención del impuesto arancelario, el ITBIS y otros derechos y cargas a la importación de maquinarias, equipos y sus repuestos y partes que, por inadvertencia legislativa involuntaria, no fueron incluidos en los Códigos Arancelario y Tributario vigentes.
Sostuvo que para aprovechar el DR-CAFTA en el país se debe reorientar la inversión en la agricultura, “porque el gran problema de la agricultura dominicana es el costo, ya que los costos en otras naciones se produce con menos inversión”.
En su comparecencia ante la Comisión General para establecer estrategias sobre los efectos que dejará el DR-CAFTA, explicó que los productos sensibles del agro dominicano son arroz, habichuela, ajo, cebolla, pollo, leche en polvo y azúcar, que tienen un período de protección que va desde los 15 años hasta los 20 años para entrar al libre comercio total.
Sintetizó que en todos los productos se establecieron cuotas anuales contempladas en contingentes arancelarios.
El DR-CAFTA es un acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos de América, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y República Dominicana, que se firmó en Agosto de 2004 y entró en vigencia en marzo del año 2006, donde se establece un calendario de desmonte arancelario, las recaudaciones tienden a reducirse, que representa sacrificio fiscal de los países signatarios.
Adujo que el país tuvo una balanza comercial negativa en año 2013 de 3 mil 776 millones de dólares, entre el 2004 y el 2013, balance que se ha deteriorado en más de 5 mil millones de dólares, con las implicaciones económicas y sociales.
Recomendó que el país debe aprovechar las oportunidades que le brinda el DR-CAFTA, aunque dice el sector agropecuario tiene una agricultura con deficiencias de productividad, baja rentabilidad y limitada sostenibilidad ecológica orientadas hacia el mercado interno, y que debe promoverse una agricultura empresarial, más dinámica, más orientada hacia el mercado, más avanzada tecnológicamente.
“Para aprovechar las oportunidades que nos ofrece el DR-CAFTA, debemos construir la agricultura especializada del futuro, que se sustenta en los mercados, porque la nueva agricultura tiene caminos nuevos y un espacio productivo fundamental que por razones sociales y políticas, no podemos soslayar”, manifestó.
Expuso que el país debe diversificar las agriculturas agrícolas en las áreas “Gourmet o Turística”, “Orgánica o Ecológica”, “Tropical”, “Etnica o Nostálgica” “Forestal” “Plasticultura o Producción Bajo Invernaderos”, “Cosmetológica y Medicinal” y la “Política”.
En este último renglón entiende que el Gobierno debe jugar un rol fundamental en la transformación productiva de cultivos como el arroz, leche, habichuelas, caña de azúcar, ajo, cebolla, pollos, cerdos, y ganado bovino, entre otros.
La JAC proponen crédito para desarrollar servicios financieros que faciliten la capitalización del campo y el manejo de riesgos de las unidades de producción, e identificar iniciativas que reduzcan la percepción de riesgo del sector ante las instituciones financieras formales.
Plantean que se constituya un Fondo de Cobertura de Riesgo Crediticio, un Fondo para el Desarrollo Agroempresarial con recursos locales, de organismos multilaterales de crédito y de Gobiernos de las naciones industrializadas, que se orientaría, fundamentalmente, a financiar la modernización tecnológica del campo dominicano.
También que se flexibilicen las Normas Bancarias para calificar las propiedades agropecuarias como Polivalentes en lugar de Monovalentes como se consideran ahora y permitir, además, que los proyectos del Agro puedan clasificarse de entrada como Categoría A ó Categoría B, y no Categoría C ó D como se valoran ahora, y un programa de titulación de tierras.
Otros puntos que sugieren es la innovación tecnológica y de capacitación para la competencia, a fin de impulsar la investigación, la innovación, el capital humano y la transferencia de tecnología al campo, fortalecer y aplicar programas de investigación agropecuaria incluyendo la adopción y adaptación, al medio dominicano.
Sugieren desarrollar un sistema moderno de sanidad, rastreabilidad e inocuidad agroalimentarias, para establecer un marco de acción pública, con la colaboración del sector productivo privado para el aseguramiento de la calidad, sanidad e inocuidad agroalimentaria, en toda la cadena de valor.
También exponen que deben definirse estrategia para actualización del marco legal que norma la política fitozoosanitaria, de calidad e inocuidad del país, así como adecuar e impulsar el desarrollo de la infraestructura física en las Zonas Agropecuarias
Ven necesario desarrollar un sistema de apoyo para las exportaciones y facilitar el acceso a los sistemas de información e inteligencia de mercados.
Expresó que la nueva cultura exportadora debe apoyarse con un programa combinado de inversiones públicas y privadas para mejorar la infraestructura física de apoyo a las exportaciones.
También dijo que se requiere retomar el programa de instalación de frigoríficos regionales para mantener la cadena de frío en los embarques de productos frescos al mercado local e internacional, y ampliar la disponibilidad de espacios refrigerados en los aeropuertos nacionales.
Benítez propuso ante los senadores que se debe evaluar la capacidad del país de 30 productos agropecuarios, y de ellos, seleccionar 10 que tengan el potencial de generar por lo menos 50 millones de dólares anuales, en un plazo de cuatro años.
Consideró que se debe transformar el aparato institucional público del agro para crear una nueva dinámica de servicio a los productores en función de las necesidades que se manifiesten en la transformación institucional de una reingeniería organizacional que evite la duplicación de esfuerzos y servicios y el gasto del presupuesto en una burocracia improductiva y súper numérica.
