Esta noticia era de esperarse, pues la medida estatal abre las puertas al oportunismo y al desesperado esfuerzo de los haitianos indocumentados por radicarse de manera definitiva en la República Dominicana.
Por Manuel Vólquez
Decenas de haitianos están penetrando irregularmente a la República Dominicana con la intención de ser incluidos en el Plan Nacional de Regularización que se apresta a implementar el Estado dominicano, denunció el vicecónsul en Puerto Príncipe, Haití, Antonio García Lorenzo.
Esta noticia era de esperarse, pues la medida estatal abre las puertas al oportunismo y al desesperado esfuerzo de los haitianos indocumentados por radicarse de manera definitiva en la República Dominicana, un proyecto apadrinado por organismos internacionales a través de las ONGs en el interés de encontrar una salida salomónica a la crisis que afecta a nuestros vecinos.
Es un secreto a voces que hay países ricos metidos de lleno en esta trama; de ahí los constantes ataques contra el país, luego de la sentencia del Tribunal Constitucional que ordena al gobierno regularizar el desorden migratorio que impera aquí, que a fin de cuenta los más favorecidos en estos momentos son los haitianos indocumentados.
Nuestra frágil frontera es el hueco por donde se filtran hombres, mujeres y hasta niños del vecino país en confabulación con militares radicados en los puestos de vigilancia en las carreteras del sur y norte, específicamente, y choferes de minibuses que se encargan de transportarlos y cobrar por ellos. Para esta gente, el dinero tiene más importancia que nuestra soberanía.
Me inclino por los buenos dominicanos que han hecho un llamado de alerta para que se tomen medidas drásticas y extraordinarias en los puntos fronterizos para evitar la entrada de inmigrantes a través de Haití o mediante trasiegos deshonestos de instituciones extranjeras que tratarán, tal vez, de gestionar documentaciones dominicanas a personas traídas a nuestros escenarios con esos propósitos.
Sabemos que la aplicación de la Ley de Naturalización tiene su importancia en términos políticos y sociales porque le quitará al gobierno una presión diabólica de carácter internacional, sobre todo la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y el Caricom, organismos que abogan para que se busque “una salida humanitaria” a la situación de los indocumentados haitianos, aunque se resisten a aceptarlos en calidad de inmigrantes en sus territorios.
La parte más clara del caso radica en que diversos sectores del país consultados al respecto, ya dieron su respaldo al Poder Ejecutivo, lo que representa un buen punto a favor de las autoridades.
La población haitiana crecerá de manera extraordinaria en el país a partir de la puesta en vigencia de esa ley. Esa será la forma más fácil de obtener una residencia dominicana, pese a que las autoridades se adelantaron para garantizar que eso no ocurrirá. La entrada de esas personas hacia el territorio nacional deja buenos beneficios económicos a las redes que trafican con ilegales. De ahí nuestra inquietud.
Por un lado, se ha obtenido una victoria al resolver parte del caso. Ahora, esperemos la parte más negativa del problema y preparémonos para el ingreso masivo de indocumentados de todas partes del mundo, sobre todo de mafiosos y criminales internacionales, prófugos de la justicia de sus respectivos países, que toman a la República Dominicana como refugio, disfrazados de inversionistas.
Sin querer entrar en el espacio del pesimismo aberrante (ojalá ocurra un piadoso milagro), apenas comienza a desarrollarse la película. Nuevos escarceos jurídicos podrían venir.
