Como resulta fácilmente constatable, la decisión del Tribunal Constitucional no significó ningún aporte tangible a los propios fines de la sentencia, ni desde el punto de vista de la afirmación de la nacionalidad dominicana.
Por Luis José Chávez
“Personalmente intuyo que el gobierno del presidente Medina, no se animará a ejecutar una política que convertiría en apátridas y en muertos civiles a miles de dominicanos de origen haitiano, a los que ni siquiera podría deportar sin el consentimiento de Haití o de otros países, generando un drama desde el punto de vista de los derechos humanos que desataría una lógica reacción de resistencia en el plano interno, y una inevitable campaña de denuncia en la comunidad internacional contra del Estado Dominicano por prácticas de neo racismo y apartheid”.
Este párrafo corresponde a mi artículo del 13 de octubre del 2013, titulado “Los riesgos predecibles de la sentencia del Tribunal Constitucional”, en el que intentaba llamar la atención sobre las consecuencias negativas que podrían derivarse de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional que despojaba de la nacionalidad a ciudadanos dominicanos de origen haitiano por supuestas faltas atribuidas a sus padres y abuelos al establecerse en el país.
Entendía en ese momento que el presidente Medina estaba obligado a reaccionar de manera inteligente para buscar un bajadero a una decisión equivocada que no solo creaba un guetto social inadmisible en una sociedad democrática en pleno siglo XXI, sino que también habría desatar una extensa ola de repudio de gobiernos, organizaciones y personalidades en todo el mundo, debilitando seriamente los avances del país en materia de relaciones internacionales y la propia imagen de la industria turística dominicana, definida como eje transversal de la actual estrategia nacional de desarrollo.
Como resulta fácilmente constatable, la decisión del Tribunal Constitucional no significó ningún aporte tangible a los propios fines de la sentencia, ni desde el punto de vista de la afirmación de la nacionalidad dominicana, ni desde el impostergable propósito de resolver el creciente desorden migratorio, causa primaria del actual conflicto.
No se conoce ningún experticio sobre el impacto real de la sentencia en aspectos relevantes de la vida nacional, pero un simple ejercicio de observación permite reconocer que el tema tuvo el efecto de dividir frontalmente la sociedad dominicana, distrajo un tiempo y una energía irrecuperables en la agenda del Gobierno, revirtió los esfuerzos iniciados por el presidente Medina para insertar al país en los esquemas de integración del Caribe, provocó la peor crisis en toda la historia dominicana en materia de sus relaciones internacionales, impactó negativamente nuestra imagen como destino turístico, y quizás lo peor de todo, paralizó prácticamente todas las acciones de las autoridades para hacer cumplir efectivamente las normas migratorias, al extremo de que en algún momento el Gobierno se sintió obligado a declarar la insólita decisión de suspender las deportaciones de ilegales.
Afortunadamente el Gobierno del presidente Medina demostró la suficiente sensibilidad para entender la gravedad de los hechos reales y el coraje suficiente para desafiar el avasallante cerco de opinión articulado por los promotores y defensores la sentencia.
