El principal derecho de un ciudadano, es la preservación de su vida. Cuando en un país la vida de una mujer o de un hombre no vale un centavo, se transita por el camino del salvajismo. Los dominicanos tenemos que revisarnos, ante la violencia que genera pérdidas de vida en forma permanente.
Por Manuel Hernández Villeta
Aplicar la violencia institucional para atajar los actos delincuenciales, no es la solución al problema. Tratar con la polvora de eliminar los focos de violencia, es ampliar la espiral, y convertir a sectores sociales en delincuentes potenciales. La caída de un delincuente, es una plaza abierta que lanza a otros a tratar de controlarla.
El delincuente puede ser civil o uniformado. Se delinque al violar la ley, y ante la justicia todos somos iguales. Todos dentro de esa igualdad, tenemos derecho a la vida. La pena de muerte que existe en estados de la unión norteamericana es un anacronismo que debe ser revisado.
Inclusive, se han cometido injusticias en condenas a pena de muerte, que son revisadas 20 años después al comprobarse errores de investigación y alteraciones de pruebas. Quiere decir, que como se archivan los expedientes al momento de ejecutarse la sentencia, habría inocentes que nunca podrían tener la absolución.
Sin dudas en la República Dominicana hay temores por la ola de violencia, y muchos piensan que la aplicación del “intercambio de disparos”· es la solución al problema. Es un error, lo importante es detener a los delincuentes y someterlos a la justicia. Buscar su regeneración y reinserción social.
Creo que si al momento de participar en un atraco un delincuente lo detectan los organismos de seguridad, debe ser enfrentado de acuerdo con las circunstancias, y de oponerse al arresto, también tiene que ser sometido a la obediencia de acuerdo al momento.
La juventud dominicana de hoy es más proclive a cometer un acto delincuencial, que participar en actividades sociales. En mi juventud, contados eran los jóvenes delincuentes, y la mayoría de los muchachos engrosaban los partidos de izquierda y sus grupos perifericos, como los clubes culturales.
La pena de muerte en la calle, avalada en el clamor público de justicia fuera de los tribunales, no es la solución. Tiene que darse un programa de mejoría social, de creación de más empleos, de préstamos a los chiriperos, de facilidades para el estudio, de seguridad médica, de viviendas populares y de reivindicaciones sociales.
Puño de hierro puede haber contra la delincuencia, pero poco se va a conseguir si continua ausente la equidad social.
