Santo Domingo, D. N., 9 de junio del 2014.- La Alianza Dominicana Contra la Corrupción, ADOCCO, dijo hoy que el contrato firmado por el Estado dominicano con la empresa que instalo la planta de generación de energía Cogentrix, constituye una estafa al pueblo dominicano.
Considera que que el mismo contempla el pago por capacidad instalada, no por energía servida, constituyendo eso un pago de 4.8 Millones de Dólares, por el tiempo que dure el contrato y que han condicionado el cambio de uso de combustible a que el mismo sea extendido por más tiempo, lo que ha encontrado apoyo en algunos funcionarios del sector eléctrico.
La entidad de la sociedad civil, califico de aberrante que funcionarios y empresarios se prestaran a someter al país a esa barbarie de asumir un compromiso, donde los inversionistas condicionaron que cobrarían no obstante el gobierno dominicano no utilizara la energía producida, lo que no ocurre porque sería altamente más costoso que pagarle los US$4.8 millones al mes, por la producción con el combustible fuel oíl, prefiriendo las autoridades pagar aunque permanezca apagada, porque cuando entra es con un precio muy alto, y todas las demás plantas adquieren el mismo precio, y le resultaría altamente costoso al Estado su operación.
ADOCCO pidió al presidente Danilo Medina que rechace la propuesta de conversión para que Cogentrix, pase a generar con gas natural, por lo que exige a las autoridades que el contrato se extienda a 20 años, el que incluiría los ocho años faltan para terminar el actual contrato, o una garantía para el suplidor de gas natural de US$4,000 millones.
El contrato de la planta Cogentrix con una capacidad de generación de 300 MW, para suplir electricidad a la CDEEE, operada actualmente por la Compañía de Electricidad de San Pedro de Macorís, CESPEM, a base de fuel oíl, firmado en 1997, como resultado de una licitación pública internacional, aprobado por el Congreso Nacional, cuando el senado de la república era controlado por el Partido Revolucionario Dominicano y el Gobierno estaba en manos del Partido de la Liberación Dominicana.
Cuando se firmó el contrato, el precio del fue oíl número dos era de 28 dólares el barril, el cual se ha disparado exorbitantemente, resultando la operación insostenible con dicho carburante, por lo que el gobierno debe pagar por la capacidad instalada acordado en el leonino contrato, del cual participaron políticos y empresarios para su beneficio y ahora quieren la extensión del mismo para hacer la conversión a un combustible más barato, lo que no debe permitir el jefe del estado, por el contrario lo que debe hacer es promover la rescisión del mismo, así se tenga que indemnizar, pero siempre menos que lo que se tendrá que pagar, mientras dure el mismo.
“No es justo que el pueblo dominicano tenga que pagar casi 5 millones de dólares mensualmente hasta el año 2022, que es cuando se termina, sin recibir nada a cambio y menos una extensión hasta el 2037 como pretenden los operadores, con el apoyo de funcionarios del sector, que poco le importa el país; la reconversión a gas natural, conllevaría una inversión de unos 60 millones, lo que como entidad que lucha por la transparencia rechazamos de plano”.
