Pienso que a gran parte de los comunicadores miembros de pleno derecho del Colegio Dominicano de Periodistas debe haberles sorprendido "descubrir" que la última planta del edificio que el Estado Dominicano construyó para uso exclusivo de la institución gremial, estuviera rentada a una entidad privada o, peor aún, a un particular, para un manejo muy ajeno a los fines y objetivos del CDP.
Por Manuel Jiménez
El viernes, 2 de mayo pasado, al menos cuatro periodistas resultaron heridos en el marco de una trifulca a pedradas y trompadas con estudiantes de una escuela de turismo que opera en la tercera planta del edificio que aloja al Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), construido por el Gobierno para usufructo exclusivo del gremio profesional.
El enfrentamiento comenzó cuando un grupo de comunicadores encabezados por Olivo de León, Presidente del CDP, ocupó la primera planta del edificio y cerraron el portón de acceso para evitar que esos estudiantes ingresaran a la escuela, alegando que el propietario del centro estaba incumpliendo sus compromisos de pago de alquiler y advirtió que procedería a querellarse ante la Fiscalía del Distrito.
Pienso que a gran parte de los comunicadores miembros de pleno derecho del Colegio Dominicano de Periodistas debe haberles sorprendido "descubrir" que la última planta del edificio que el Estado Dominicano construyó para uso exclusivo de la institución gremial, estuviera rentada a una entidad privada o, peor aún, a un particular, para un manejo muy ajeno a los fines y objetivos del CDP.
La sorpresa es mayor cuando medios de comunicación informan, con apoyo fotográfico, del feo espectáculo protagonizado por periodistas y estudiantes en el que intercambian pedradas y golpes, con saldo de varios heridos y lesionados, en torno a un recinto reservado para discutir ideas y proyectos destinados a beneficiar a todos sus colegiados, transformando al CDP en una institución de mayor solidez y fortaleza gremial.
Al parecer, importa poco determinar quien o quienes se abrogaron el derecho de disponer de parte de las instalaciones de este edificio para una operación a todas luces cuestionables. Pero se imaginan ustedes qué pasaría si a la dirección de instituciones de profesionales de tanto prestigio y respeto como el Colegio Médico o el CODIA, tan solo para citar un par de ejemplos, se les ocurriese rentar áreas de sus respectivas edificaciones?
En el caso que nos ocupa, habría que determinar si a los directivos a quienes se les ocurrió la brillante idea de captar fondos adicionales por medio de la renta de un área de ese edificio (en una zona privilegiada como la del Malecón), pensaron en algún momento que enajenar un bien común (es decir, de todos los periodistas colegiados) no requería en principio una consulta en asamblea, convocada conforme establecen los estatutos del gremio.
Se trata de una operación que está afectando la imagen del gremio y que indudablemente traerá consecuencias jurídicas y económicas que no afrontarán los responsables directos de ese contrato de alquiler, sino la institución.
Hoy, el amigo Olivo de León pide a la membrecía del CDP respaldo a la jornada que encabezan en pro de restituir la posesión completa del edificio en el marco de un conflicto judicial en el que habrá que esperar la decisión de un juez, y aquí todos sabemos lo tedioso, prolongado y costoso que son las litis entre propietarios e inquilinos. Ah, ahora se pide apoyo “a las bases”, precisamente a las que no se consultó previo a la decisión de gestionar fondos adicionales por una vía cuestionable.
Como puede apreciarse, ha sido un mal negocio. La pregunta es quien o quienes pagan los platos rotos. La institución? Al menos, deberían conocerse los nombres de los gestores de tan innovadora iniciativa para que en futuros procesos electorales los votantes, miembros de pleno derecho del CDP, se lo tomen en cuenta.
